Delegados de Bienestar, formados para ser candidatos en 2021

CDMX.- Siete de los delegados de Bienestar han presentado sus renuncias al presidente Andrés Manuel López Obrador con la intención de competir en las gubernaturas para las elecciones del 2021.

Todo parece indicar que los titulares en las estructuras de programas tomaron este puesto para promoverse a sí mismos en el camino por la contienda electoral.

Se trata de Víctor Manuel Castro Cosío, quien va por Baja California Sur, Indira Vizcaíno Silva en búsqueda de Colima, Juan Carlos Loera de la Rosa el cual va por la gubernatura de Chihuahua, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros peleará por Guerrero, Lorena Cuéllar se lanzaría por Tlaxcala y Manuel Peraza Segovia busca el poder en Nayarit.

Además de buscar ser titulares estatales, también hay movimientos dentro de las organizaciones. Hugo Éric Flores Cervantes, fundador del PES, renunció como “superdelegado” en Morelos para presidir dicho ente política, mientras que Roberto Pantoja Arzola expresó su deseo de dirigir los hilos en Michoacán.

El precedente los tiene convencidos de que serán los estandartes de las elecciones. Jaime Bonilla Valdez, quien era delegado en California, se llevó la gubernatura del estado, demostrando que la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, creada por AMLO y dirigida por Gabriel García Hernández, es una fábrica de candidatos.

Estar en estos puestos también los hacen contar con perfiles orientados al juego electoral: 21 tuvieron algún cargo de primer nivel en Morena, otros ya fueron candidatos a la gubernatura, como Delfina Gómez en el Edomex, muchos son o fueron legisladores federales y otros simplemente están relacionados con Obrador desde hace mucho tiempo.

Asimismo, también los han puesto en un estatus envidiable. Todos tienen salarios brutos mensuales de 126 mil 617 pesos, una imponente infraestructura física y humana, además de una fuerte exposición mediática.

Obrador no ve con malos ojos que sus representantes tengan perfiles electoralistas. Cuando fue cuestionado, el 3 de diciembre de 2019, de porque no poner ciudadanos no metidos en la política para encabezar estas instituciones, afirmó “la política es un oficio noble, la política es tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla”.

SEÑALADOS

Los llamados “superdelegados” que renunciaron por sus aspiraciones a futuro, según una revisión a sus últimas actividades, se han visto entregando tarjetas o hacer reuniones al público, refrendando su respaldo a Obrador y la 4T, así como su apoyo a Mario Delgado para que alcanzara la presidencia de Morena.

Pero esto también se ha reflejado en señalamientos graves. Claudia Yáñez Centeno, diputada de Morena, denunció ante la FEDE y la SFP a Indira Vizcaíno Silva de hacer proselitismo con recursos públicos.

El diputado federal de Guerrero, Rubén Cayetano García, puso una queja contra Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros ante la SFP por entregar programas para promocionarse como gobernador.

El mismo diario El Universal señaló que la SFP de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, hermana de Pablo Amílcar, recibió 97 querellas contra delegados y exdelegados, donde la dependencia archivó 11 y dio trámite a 86, sin embargo ninguna presenta una sanción contra ningún delegado de Bienestar.

Ninguna fue señalada tanto como la de Jalisco, quien en manos de dos titulares distintos, primero Carlos Lomelí Bolaños, y desde agosto de 2019 por Armando Zazueta Hernández, fueron acusados por nepotismo y con posibles irregularidades.

Y no sólo esto: el pasado 8 de noviembre Animal Político reveló que por lo menos 18 delegados como Loera, Vizcaíno y Sandoval fueron denunciados por actos de nepotismo, abuso de autoridad, mal ejercicio de recursos públicos y hasta abuso sexual; según el reportaje, el propio TEPJF ordenó a la SFP investigar el presunto delito de promoción política a través del uso indebido de recursos públicos.

En una resolución del 27 de diciembre de 2019, apenas dos días después de Navidad, el TEPJF determinó que estos funcionarios no guardaron su “deber de cuidado” y violaron el artículo 134 constitucional.

MOVIMIENTO ESTRÁTEGICO

Si bien las áreas centrales de la Secretaría de Bienestar no tienen control real sobre la estructura de los delegados, López Obrador dejó a la dependencia y a su titular, Javier May Rodríguez, la gestión del programa Sembrando Vida, particularmente enfocado al sureste mexicano y dotado de un presupuesto de casi 30 mil millones de pesos este año.

May, amigo de López Obrador, es senador con licencia y fue presidente de Morena en Tabasco, también tiene los ojos puestos en la gubernatura de Tabasco para 2024.

Incluso, a principios de octubre López Obrador mandó a May a Tabasco con el pretexto de atender a las personas afectadas por las inundaciones y entregarles apoyos federales de 10 mil 500 pesos, lo que partidos como el PRI señalaron como una maniobra en vistas al 2024.

AMBIGÜEDAD

Formalmente, estas figuras políticas tienen que administrar el padrón de beneficiarios, “coordinar e implementar” los programas, pero también “recibir las demandas y peticiones de la población que se relacionen con los programas”, “brindar asesoría” y “vigilar y asegurar que los beneficios económicos y en especie (...) se entreguen de manera directa”.

Los delegados y las estructuras que encabezan responden a García Hernández, pero formalmente están adscritos a la Secretaría de Bienestar, y más particularmente a la Unidad de Delegaciones, dirigida por Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, también experta en la operación electoral, pues fue diputada federal y en los comicios de 2018 fue comisionada de Elecciones en Morena. Con información de Proceso