Denuncian violencia más de mil mujeres
Para atender a las mujeres en situación de violencia aplican un protocolo de atención en el que tienen contempladas varias medidas de protección para brindar atención a mujeres y niñas.
Los cinco centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres distribuidos por regiones en Coahuila han atendido a más de mil mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia; de ellas, el 90 por ciento recibió una medida de protección que busca resguardarla de su agresor, mientras que en el resto de los casos no aplica porque no se sabe quién es el agresor.
Leticia Charles, directora de los Centros de Justicia, explicó que para atender a las mujeres en situación de violencia aplican un protocolo de atención en el que tienen contempladas varias medidas de protección para brindar atención a mujeres y niñas.
“Cuando una mujer presenta una denuncia ante los ministerios públicos que están adscritos a los centros que dependen de la Fiscalía, ellos tienen que valorar el riesgo, y se dicta una medida de protección o varias de las que están establecidas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que van desde realizar rondines de vigilancia, hasta trasladarlas a un refugio”, dijo.
Las medidas de protección pueden ir desde uno hasta 90 días, aunque generalmente se aplican durante 30 días.
“Las medidas las dictan por 30 ó 60 días, aunque pueden ampliarse por 30 días más hasta llegar a los 90”, explica.
Cuando la víctima recibe la medida de protección, los ministerios públicos giran un oficio a las direcciones de seguridad pública donde están los centros, para que den ese cumplimiento a las medidas de protección, que por regla pueden ser los rondines de vigilancia.
Posteriormente, las corporaciones policiacas que tengan esas medidas de protección están obligadas a acudir al domicilio de la usuaria (dos o tres veces al día) y verificar que se encuentra segura.
Sin embargo, si en alguno de los rondines de vigilancia la Policía encuentra al agresor, puede proceder a la detención por desacato a una orden judicial.