Interrumpir un embarazo ¿es un derecho o un delito? La respuesta a esta pregunta no es sencilla y por ello el debate en torno a la misma es tan largo como inacabado.

No se trata, es importante señalarlo, de un debate exclusivo de la sociedad mexicana, sino de un dilema en torno al cual se ha recreado una intensa discusión alrededor del mundo desde hace mucho tiempo.

Y desde que el mítico caso Wade vs. Roe concluyó, en los años 70, con la decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos de permitir a las mujeres terminar voluntariamente con un embarazo, siempre que lo hagan en las primeras 12 semanas de gestación, la discusión se ha centrado, al menos en occidente, en ese universo temporal.

El elemento fundamental del debate es si durante las 12 primeras semanas de gestación aún no existe una nueva persona y por ello, al formar el feto parte del cuerpo de la madre, ésta tiene derecho a decidir porque se trata de su propio cuerpo.

Como se ha dicho muchas veces, no es sencillo argumentar que una cosa o la contraria son ciertas o que deberían serlo para todas las personas. Además del argumento de carácter biológico deben considerarse múltiples aristas en torno al tema y las más complejas son, desde luego, las que se fundan en concepciones religiosas.

Al final, sin embargo, el fondo práctico del asunto no es teológico ni moral, sino de normas jurídicas que son decididas por un cuerpo legislativo electo por los ciudadanos. Y aunque aún en este espacio sigue teniendo un peso relevante el argumento moral, de cuando en cuando se reúne la masa crítica necesaria para superarlo e inclinar la balanza hacia el platillo pro choice.

Eso pasó ayer en Oaxaca, cuya Legislatura estatal votó mayoritariamente por despenalizar el aborto, es decir, por permitir que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo durante las primeras 12 semanas de gestación. Con ello, la entidad sureña se ha convertido en la segunda del País que hace posible la interrupción del embarazo, luego de que la Ciudad de México lo hiciera 12 años atrás.

Que en Oaxaca se haya retirado del Código Penal el castigo a las mujeres que deciden voluntariamente interrumpir un embarazo no zanja, desde luego, la discusión en todo el País. No lo hizo el que hace más de una década se legislara en tal sentido en la ciudad más importante de la República y no habría que esperar entonces que ocurra ahora.

Pero el que una segunda legislatura estatal haya discutido y votado una norma como ésta debería abrir la puerta a un debate amplio, serio e informado sobre el aborto, pues se trata sin duda de un problema real que se vive en todo el País y que alcanza las dimensiones de problema de salud pública.

En Coahuila existe una iniciativa que actualmente espera dictamen en el Congreso del Estado. Valdría la pena que lo ocurrido ayer en Oaxaca conduzca al menos a que se impulse una discusión seria sobre el particular a nivel local.