El derecho a la alimentación, las empresas y el Estado

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la tasa de prevalencia de sobrepeso y obesidad en América Latina es de 25 por ciento en niños y adolescentes. La cifra se explica con diversas variables, pero los expertos insisten en que se debe a la alta ingesta de alimentos y bebidas no saludables, las cuales ocasionan el incremento de la posibilidad de padecer diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares.

Ante esta situación hemos sido testigos de la llegada de nuevas y agresivas políticas de información nutricional, que suponen un nivel de intervención de los Estados sobre la nutrición de sus ciudadanos. América Latina y el Caribe, con un alarmante aumento de sobrepeso, se suma a la tendencia. México no ha sido la excepción.

Así, hace una semana, se dio a conocer que la Cámara de Diputados había aprobado una reforma a la Ley General de Salud que obliga a las empresas a incluir el etiquetado frontal en los alimentos y bebidas no alcohólicas. Esta tiene el objetivo de advertir e informar al consumidor el contenido de sodio, azúcares, grasas saturadas e ingredientes que sean factor de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles.

Desde luego, la industria de los alimentos y bebidas en el País realizó fuertes presiones a los legisladores para detener la iniciativa. La reforma obligaría a las empresas a incluir un rótulo octagonal de fondo negro con borde blanco con un texto que “alerte” al consumidor con la frase: “alto en grasas saturadas, sodio, azúcares”, según corresponda. Con esto busca dar información –además de la ya conocida como los ingredientes– que permita al consumidor decidir de manera consciente si consumen o no dichos productos.

De esta manera, de acuerdo con la iniciativa de reforma, estas regulaciones obligatorias sobre el etiquetado de los alimentos permitirán que los consumidores sean más formados e informados, lo que contribuirá al cambio de hábitos y toma de decisiones responsables a la hora de escoger un producto. Y, desde luego, busca incidir en los temas de salud pública que más preocupan para los próximos años en México: obesidad y sobrepeso en menores de edad, diabetes, malnutrición y padecimientos cardiacos.

La iniciativa, aunque bien intencionada, no es nueva y tampoco mágica. Los expertos confirman que otorgar información nutricional es un proceso complejo de asimilar y comprender para los consumidores. En América Latina y en Europa se alzaron propuestas con diferentes estrategias para hacer frente a esta dificultad.

Por ejemplo, en Reino Unido se presentó un reglamento innovador que obligó a las empresas a colocar un semáforo que asignaba colores según niveles saludables del producto: el rojo atribuía un alto contenido de ingredientes menos saludables, el amarillo un contenido medio y el verde indicaba un producto altamente saludable. Aunque simple, respecto a las tradicionales tablas nutricionales, el impacto de la medida fue notable ya que la información era fácil de comprender y de procesar por los consumidores, tanto la población adulta como los menores de edad. En resumen: se hizo llegar el mensaje.

Por su parte, la estrategia legislativa se trajo a la región latinoamericana vía Ecuador y Perú. En Ecuador se reportó una baja del 35 por ciento en la venta de productos altos en grasas saturadas, azúcar y/o sal. En Chile se exige a las empresas advertir con etiquetas negras octagonales si el producto tiene contenidos altos de azúcar, grasas, sodios o calorías; muy parecido a lo implementado en Perú y muy similar a la propuesta mexicana comentada. El caso chileno fue un paso más allá: la reglamentación prohibió la entrega de juguetes junto a productos considerados no saludables como comida rápida, papas fritas, chocolates en forma de juguetes, premios y otros productos que seguramente el lector reconoce en su imaginario familiar.

En efecto, la medida que impulsa México, como los ejemplos de otros países en particular el chileno, nos permiten reflexionar en primer lugar sobre el papel que juega el Estado para garantizar los estándares que permitan gozar de una alimentación adecuada y la protección de salud. Por otra parte, nos permite analizar su papel como regulador de la actividad económica en el sector alimentario. Además, posibilita reflexionar sobre la protección los derechos humanos de las personas, en este caso, los consumidores.

Así, este es un trinomio difícil de compaginar porque supone retos para la creatividad, tanto legislativa y reguladora del Estado, pero también para la industria alimentaria: en Chile las empresas tuvieron que generar una nueva mercadotecnia y publicidad que conciliara sus obligaciones reglamentarias. De igual forma, a las personas nos permite asumir la tarea de informarnos, comprender y tomar decisiones propias sobre el consumo de los alimentos.

México reguló en 2015 por primera vez el etiquetado frontal, el contenido de los alimentos en la publicidad, así como sus horarios de emisión. El objetivo de largo alcance es sin duda de salud pública y nutricional, sin embargo, el objetivo concreto es que llegue el mensaje. A todos.

La autora es Directora del Centro de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Academia IDH

Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH