El caso penal contra Ernesto Ruffo Appel, acusado de huachicol fiscal y delincuencia organizada, ha provocado una intensa confrontación entre sectores oficialistas, que aseguran existen pruebas, y de la oposición y opinión pública, que acusan una “justicia selectiva”.
La demanda es que se mida con la misma vara a figuras del partido oficialista, como en el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien enfrenta señalamientos y solicitudes de investigación por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, pero a él se le ha protegido.
