El equipo del Presidente electo no ha esperado a la toma de protesta para comenzar a trabajar, y es innegable el gran interés que tienen por resolver los graves problemas de inseguridad y violencia que prevalecen en nuestro País. En dicho tenor comenzaron los Foros Escucha para Trazar la Ruta de Pacificación del País y Reconciliación Nacional, con el objetivo de ser un espacio de diálogo entre los distintos actores para realizar diagnósticos y plantear propuestas que sirvan para llevar a cabo la política de pacificación del País y la reconciliación nacional. 

Dentro de la lista de temas que se abordarán en los foros está el desplazamiento forzado, como una de las manifestaciones más severas de la violencia que vivimos en el País. Es de celebrarse que por primera vez en una agenda de seguridad se coloque el desplazamiento forzado como un tema de prioridad nacional, y es que este problema y los derivados de él no son menores. Sin embargo, durante los dos gobiernos anteriores los desplazados fueron olvidados. 

Las principales causas por las que las personas dejan sus hogares son la alta violencia devenida de la presencia y actividad de la delincuencia organizada, que se ha manifestado en amenazas, secuestros, asesinatos de familiares y extorsiones, por mencionar algunas. A lo anterior hay que sumar la mala o nula actuación de las autoridades. En 2013 tuve la oportunidad de realizar trabajo de campo en Durango y de ser de las primeras investigadoras que nos interesamos por este grave fenómeno. El principal objetivo de ese momento era visibilizar el problema dándoles voz a las víctimas, quienes temerosas concedían una entrevista y compartían sus dolorosos testimonios. 

Actualmente, como entonces, no se tiene una cifra certera de cuántos son. En 2016, la CNDH mencionó varias fuentes y concluyó que no se podía tener una estimación certera. A diciembre de 2017 el IDMC (Internal Displacement Monitoring Centre) estimó 345 mil desplazados, otra cifra para este mismo año calculó que había 329 mil 917 personas en esta situación. Tampoco tenemos todavía un perfil específico de los y las desplazadas. Sabemos, grosso modo, que en ocasiones migran pequeños grupos, en otras familias o comunidades completas, también que son mayoritariamente mujeres que han quedado como jefas de familias llevando con ellas a su círculo familiar más inmediato, es decir, niños y adultos mayores.

En ese sentido es necesario abonar a la construcción de mecanismo y metodologías que nos permitan registrar de la manera más precisa posible cuántos son, de dónde vienen, a dónde llegan y, sobre todo, generar la confianza para que se identifiquen como desplazados por la violencia, pues durante más de 10 año se les ha ignorado ya que reconocer su existencia significaba aceptar, por un lado, otra falla de la política de seguridad implementada desde 2006 y, por otro lado, implicaba asumir responsabilidades y generar los mecanismo necesarios para atender a esta población. 

Es el momento para colocar el tema en la agenda de pacificación, ya que el desplazamiento interno trae consigo una serie de consecuencias negativas, tanto a nivel individual como a nivel estructural. Por ejemplo, la falta de oportunidades para las víctimas, ya que los lugares de recepción no tienen las condiciones para generar una acogida favorable y se convierten más bien en una carga que conlleva a que sean estigmatizados de diversas maneras.

Lograr un retorno positivo de los desplazados a sus lugares de origen donde se les garanticen oportunidades, pero sobre todo condiciones para vivir una vida libre de violencia, o bien generar mecanismos de atención adecuadas para que los desplazados puedan tener una vida digna en los lugares de recepción serán, sin duda, buenos cimientos para una exitosa reconciliación nacional al menos en esta materia. 

Ariana Ángeles García 
Investigadora y consultora en seguridad pública y violencia.
@ARIANA_ANGAR
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