Elba Esther, “La Maestra”, la líder eterna del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), fue finalmente absuelta de todos los cargos de los cuales le acusó la actual administración federal. El hecho implica no sólo haber recuperado la libertad, sino muy probablemente su retorno a la vida pública del País, algo a lo cual tendría derecho, desde luego.

El próximo día 20 de agosto, en todo caso, se despejará la incógnita. Será entonces cuando “La Maestra” hable con los medios, pues “debido a la muy larga situación de aislamiento a la que me he visto sometida, me es necesario un plazo para asimilar privadamente las evidentes emociones que se derivan de un hecho tan importante en lo personal”, explicó por intermedio de su abogado tras conocerse su victoria judicial.

A nadie debe resultarle especialmente sorpresivo el desenlace de esta historia. Se veía venir desde hace muchos meses cuando, uno a uno, los abogados de la profesora Gordillo comenzaron a ganar los amparos mediante los cuales las acusaciones en contra de la ¿ex? dirigente del SNTE fueron diluyéndose y volviéndose, gradualmente, agua, humo, nada.

De hecho, el epílogo del culebrón podía intuirse desde el principio, debido a la persistencia de la más nociva de las características del ministerio público –el federal y los estatales– en México: su crónica incompetencia.

Por esto último, resulta innecesario recurrir a explicaciones truculentas o teorías conspiratorias para entender las razones por las cuales la trama de la maestra Gordillo Morales desembocó en la bahía de la impunidad (o de la inocencia, según sea usted detractor o apoyador de la señora).

El asunto es, en realidad, más simple: históricamente en nuestro País el ministerio público ha sido una institución cuya actividad se suscribió a las fórmulas del autoritarismo y el atropello de los derechos ciudadanos. Nunca tuvo –hasta el advenimiento del sistema penal acusatorio– la necesidad de profesionalizarse, porque sus actuaciones no se justificaban jurídicamente, sino sólo por el designio del gobernante en turno.

Así las cosas, los “agentes investigadores” no tenían necesidad de investigar ni, mucho menos, de obtener pruebas, ya no digamos irrefutables sino al menos suficientes, de sus acusaciones. Bastaba la consigna para obtener órdenes de aprehensión, autos de formal prisión y sentencias condenatorias.

Esta cultura del atropello implicaba –implica aún en algunos casos– una evidente ventaja para los detentadores del poder político: permite el uso discrecional del derecho penal como instrumento de control social, es decir, como herramienta para “sacar de circulación” a los “enemigos”.

Porque la intención, cuando se actúa desde esta perspectiva, no es hacer justicia ni castigar las conductas ilícitas con la intención de erradicarlas. La intención es sólo “neutralizar” a los adversarios poniéndolos tras las rejas, con independencia de si tal acto desembocará luego en una sentencia condenatoria o, como en este caso, en una orden de libertad.

El arresto y juicio de Elba Esther Gordillo se inscribe en esta cultura. Como se recordará, antes del 26 de febrero de 2013 –cuando fue arrestada en el aeropuerto de Toluca– la lideresa sindical se había colocado en una posición de abierto desafío al gobierno de Enrique Peña Nieto, tras la aprobación de la “reforma educativa” en el Congreso de la Unión.

“Aquí estoy si hay algún delito que cuestionarme; si soy yo la que estorba hagan de mí lo que quieran, pero contra los maestros no”, dijo en una conferencia de prensa ofrecida la noche del 19 de diciembre de 2012, luego de rechazar acremente los términos de la reforma, específicamente la parte relacionada con la evaluación docente: “No podemos permitir la amenaza, la coerción. A los maestros no se les amenaza, a los maestros no se les dice si no cumples, se te hace daño…”.

Setenta y nueve días después sería detenida y colocada tras las rejas acusada de haber incurrido en los ilícitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Durante casi cinco años y medio permaneció privada de la libertad, si bien no todo ese tiempo en una prisión.

¿La razón de su liberación? El último de los juicios enderezados en su contra fue declarado carente de pruebas –un requisito indispensable para acusar a alguien– y por ello un tribunal federal ordenó su libertad inmediata.

La relevancia del caso de Elba Esther, para el futuro inmediato, no es necesariamente evidente pero sí muy simple de explicar. El “secreto” de su arresto y prolongada reclusión fue acusarla de un “delito grave” –en este caso delincuencia organizada– razón por la cual debía permanecer en prisión mientras se le procesaba.

El delito, en estricto sentido, puede ser calificado hoy como una “fabricación”, cuya única finalidad real era “sacarla de circulación” porque era una enemiga del régimen…

¿Ya comienzan a prenderse las luces de alerta y a sonar las alarmas cuando se compara este caso con los ofrecimientos del futuro Gobierno de “fabricar” delitos graves para “combatir la corrupción”?

¡Feliz fin de semana!

@sibaja3

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