El planteamiento optimista inicial en el reciente informe trimestral de la Presidencia de la República (05-04-2020) es que la crisis del coronavirus es transitoria, con punto de inflexión en el corto plazo (bandera blanca) y, por tanto, se espera que su impacto negativo en la economía se contrarreste en este mismo año. 

Aparte de no incrementar impuestos ni elevar precios de gasolinas y diésel para no elevar el nivel de precios, el Plan de Emergencia Económica se sustenta en la demanda agregada, es decir impulsar el mercado interno a través del gasto público en infraestructura productiva –con generación de empleo y efecto multiplicador en proveedores- y con apoyos directos a sectores populares. Veamos.

Ampliación en 200 mil empleos el programa Sembrando Vida; apoyos directos a 190 mil pescadores afectados por la reducción del turismo; 25 mil millones de pesos para infraestructura de agua potable; 2 millones 100 mil créditos para vivienda y microempresas formales e informales; 35 mil millones de créditos a través del ISSSTE; ampliación de apoyos a padres de familia en 31 mil escuelas; 31 mil millones para generar el mismo número de empleos en la construcción del Tren Maya; no se detiene la construcción de la refinería Dos Bocas en Tabasco; 65 mil millones extra a Pemex; devolución inmediata de IVA; entre otras.  Con lo anterior, se prevé la generación de 2 millones de empleos, con 22 millones de beneficiarios.

Sin despidos laborales ni aumento de deuda pública, se intensificará más la austeridad en gasto corriente federal (con reducción de sueldos y eliminación de aguinaldos a altos funcionarios públicos), además la cancelación de 281 fideicomisos con monto previsible de 250 mil millones de pesos, lo que permitirá, aparte del presupuesto ya previsto, tener los recursos necesarios para el plan. 

Gobierno de centro-izquierda en el sentido de la redistribución de la riqueza, no se presentó estrategia alguna de apoyo al sector empresarial: “no más rescates”.

La respuesta negativa de las cámaras empresariales fue inmediata –asimismo de la comentocracia “erudita”-, ya que se esperaba un plan de ajuste vía estímulos fiscales y apoyos directos a las empresas; esto es, la perspectiva desde la oferta agregada para mantener inversión y empleo.

Es la permanente discusión respecto a la incursión del Estado en la economía en tiempos de crisis: oferta agregada para impulsar la inversión y el empleo; demanda agregada a través de transferencias sociales directas y gasto público en infraestructura productiva. En México, en crisis recientes (1982, 1995, 2008), la primera estrategia (oferta agregada) no ha garantizado el sostenimiento del empleo y la generación de más puestos de trabajo; para la segunda (demanda agregada) se recuerdan los resultados positivos en Estados Unidos que, en plena crisis económica, las decisiones del presidente Franklin D. Roosevelt dinamizaron la economía y se evitó el incremento de la pobreza. 

El problema es que la crisis en puerta es atípica, porque, aparte de la distorsión de las variables económicas, la pandemia no permitirá la reactivación al menos en el corto plazo, lo que conlleva al despido laboral en millones de empresas. Aunque el estancamiento económico se experimentaba desde hace años en México y el mundo, según especialistas, en este año el rango de caída en el producto interno bruto se ubica desde -3% hasta -7%.

El costo político de las decisiones se ubicará en la clase media que verá mermada su actividad económica y sus ingresos. 

Inclusive, hay voces catastrofistas que pronostican más delincuencia y protestas sociales, pero, según la Presidencia, las transferencias sociales directas están dirigidas a evitar tal calamidad. 

Las clases bajas padecerán menos los efectos negativos provocados por la contingencia. Sin embargo, por las restricciones sanitarias para detener el Covid-19, la pregunta es si el impulso a la demanda agregada será lo suficientemente efectiva para contener la crisis económica. Esperemos que sí.

JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ LARA
DE CANASTA BÁSICA