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La Auditoría estima que las entidades tendrán que pagar 110 mil 398 mdp durante 20 años, por los bonos del programa Escuelas al CIEN, de la SEP. Al menos 60 mil mdp son por intereses a bancos e instituciones financieras privadas

En tres años, el programa Escuelas al CIEN de la Secretaría de Educación Pública (SEP) generó compromisos bursátiles por 110 mil 398 millones de pesos, que heredarán los gobiernos estatales de los próximos 20 años sobre los recursos futuros para infraestructura y participaciones en materia educativa.

De este dinero, 60 mil millones de pesos corresponden a intereses que los estados tendrán que pagar a bancos e instituciones financieras privadas, según el informe especial de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), infraestructura financiada con ingresos futuros.

“El costo financiero de la emisión de (Certicados de Infraestructura Educativa Nacional) CIEN para la obtención de recursos futuros se estimó en 110 mil 398.10 millones de pesos, de los cuales 60 mil 398.11 millones corresponden a intereses y 50 mil millones, al principal”, señala el documento.

Roberto Rodríguez, investigador de la UNAM, y Marco Fernández, catedrático del Tecnológico de Monterrey, consideraron que se trata de comprometer los recursos que se deberán reponer en el futuro, una deuda que pagarán las siguientes administraciones.

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Para tener dinero a fin de operar este programa de la reforma a la enseñanza, la dependencia federal y los gobiernos de los estados comprometieron 25% del presupuesto que recibieron desde 2015 y se destinarán hasta 2039 para construir y reparar planteles.

“Con el objeto de potencializar los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) mediante un mecanismo financiero con el cual las entidades federativas accedan de manera voluntaria a éste, a fin de obtener de forma anticipada mayores recursos a cambio de comprometer por los próximos 25 años [2015 a 2039] una parte de los recursos actuales y futuros que les correspondan al FAM [hasta 25%]”.

La primera emisión de bonos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se lanzó el 5 de diciembre de 2015, siendo Aurelio Nuño secretario de la SEP y Héctor Gutiérrez de la Garza director del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed). En la ceremonia, el entonces subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela, informó que la primera emisión de bonos por 8 mil 581 millones de pesos se hizo a una tasa fija de 8%, con vigencia de 23 años.

En el marco del programa Escuelas al CIEN, el 19 de octubre de 2015 la SEP, la SHCP y el Inifed suscribieron con los gobiernos de las 32 entidades diversos convenios de coordinación y colaboración para potencializar los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).

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La acción se hizo a través de un mecanismo financiero, al cual las entidades accedieron voluntariamente, para obtener de manera anticipada mayores recursos a cambio de comprometer de 2015 a 2039 una parte del presupuesto actuales y futuros que les correspondan del presupuesto federal.

Este mecanismo “tiene como objeto que las entidades federativas reciban anticipadamente los recursos del FAM, para lo cual se obligaron por los próximos 25 años a pagar intereses y la amortización, esto implica que las administraciones estatales dispusieron de los recursos futuros para financiar el gasto corriente, ya que los recursos están pagando un costo financiero, pero no una inversión en infraestructura”, señala el documento elaborado por el auditor. El costo financiero del esquema de potenciación resultó atractivo para los inversionistas debido a que, aun cuando los bonos CIEN son un instrumento, la fuente de pago es el FAM, que representa una parte de la recaudación federal participable.

El esquema no reconoce una deuda a corto ni a largo plazo, se registra como un gasto financiero en cada ejercicio, lo cual no permite reportar los montos pendientes de amortizar, ni sus intereses en la cuenta pública federal ni estatal, explica. Esto quiere decir que al cabo de 20 años, cada una de las escuelas que, durante este sexenio recibieron acciones como aplicación de pintura, reparación de baños y colocación de techumbres, habrá tenido un costo promedio de 4 millones 948 mil 363 pesos.

Datos del Inifed hasta julio de 2018 calculan que 22 mil 310 escuelas estaban inscritas en el programa. A la fecha se han invertido 34.4 mil millones de pesos obtenidos de la emisión de bonos por la CNBV. El objetivo del programa es llegar a 50 mil millones y 33 mil escuelas atendidas. El Inifed publicó los datos sobre el programa Escuelas al CIEN actualizadas a julio de 2018. La información destaca que entre 2015 y 2018 se incluyeron a 22 mil 310 planteles y centros de trabajo de todos los niveles educativos.

A estos planteles se les asignaron montos de entre 753 y 105 millones de pesos, provenientes de un fondo de 34 mil 454 millones 3 mil 500.51 pesos; todos los recursos asignados provienen del esquema de potenciación del FAM, a través de los CIEN. A la fecha se han ejercido 18 mil 261 millones 164 mil 718.03 pesos; es decir, 53% de los recursos asignados.

De estas escuelas, 7 mil 95 tienen un nivel de avance entre 0% y 10%, a pesar de que en muchos casos se les asignaron recursos desde 2016; 655 tienen un progreso entre 11% y 30%, y 868 tienen entre 31% y 50% de avance físico. Esto quiere decir que del total de los planteles a los que se les asignaron recursos, cuatro de cada 10 están a menos de la mitad de terminar la obra.

EL UNIVERSAL consultó a la SEP; la dependencia no respondió, puesto que, aseguró, el Inifed sólo ejecuta el programa, pero no diseñó el mecanismo de los bonos CIEN.

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Deja sin mantenimiento

En su informe La educación obligatoria en México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) encontró “algunos problemas” de operación e incluso contradicciones con sus propias normas de priorización de obras.

El INEE reconoce que la inyección de recursos “en algunos casos” ha permitido empezar a revertir parte del rezago histórico; sin embargo, alerta que la estrategia financiera de potenciación de recursos del FAM resulta insuciente para atender de manera integral el rezago existente y el mantenimiento regular de todos los inmuebles de educación obligatoria. Además, su diseño presenta “retos importantes” para las autoridades educativas federal y estatales para los próximos años, puesto que deben prever medidas que permitan asegurar los recursos necesarios para atender las necesidades materiales de los planteles educativos obligatorios.

“Especialmente preocupante resulta el hecho de que este programa, al igual que los otros que atienden infraestructura, no prevé mecanismos para asegurar el mantenimiento de las intervenciones, por lo cual se delega en las comunidades y en los padres de familia esta responsabilidad que corresponde al Estado. Por lo demás, esto pone en riesgo la calidad de la infraestructura en el mediano plazo”, indica.

Para Roberto Rodríguez, investigador de la UNAM, si bien, “sí hay recursos comprometidos y gastados de las escuelas que recibieron de Escuelas al CIEN y que se deberá reponer en el futuro y habrá que irlos pagando en sucesivas administraciones”, una de las ventajas del programa es que las obras de ampliación, reparación y construcción de infraestructura tuvieron un costo menor en el año que se ejercieron que el que podrían tener a futuro.

Consideró que más adelante podría haber un impacto porque se reducirá la bolsa de recursos FAM, que estará disponible para la construcción en siguientes administraciones.

Marco Fernández, catedrático del Tec de Monterrey e investigador de México Evalúa, consideró que Escuelas al CIEN sí representa deuda para la administración pública, puesto que, independientemente del mecanismo, se están comprometiendo recursos a futuro que no podrán ser utilizados en otra cosa.

El desafío de este programa es que los estados no han transparentado el criterio de selección de las escuelas para la asignación de recursos.