Exigen comparecencia de Padrés y de su esposa por caso de 'tortura'

HERMOSILLO.- El abogado de Gisela Peraza Villa, el ama de llaves que fue privada de su libertad y torturada por órdenes de Guillermo Padrés Elías, en la propia Casa de Gobierno en Sonora, solicitará que el exmandatario panista y su esposa Iveth Dagnino de Padrés, sean citados a declarar ante el agente del Ministerio Público del fuero común.

Juan Antonio Ortega, representante legal de la víctima, detalló que antes de exigir la comparecencia del exgobernador y exprimera dama, primero solicitará a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que mediante el uso de la fuera pública se obligue a 19 exfuncionarios estatales para que se presenten a declarar, debido a que éstos han faltado a los comparecencias retrasando el proceso penal.

"Estuve hablando con el procurador de Sonora para que le pongan un punto final al retardos en el proceso, están analizando las fechas para llamar a declarar a exfuncionarios y él que no llegue que manden a la Policía Estatal Investigadora por ellos porque no podemos seguir esperando a que ellos nos quieran atender; necesitamos desahogar las diligencias porque no sólo vamos a citar a declarar a Guillermo Padrés sino también a Iveth Dagnino, ellos fueron el cerebro de todos los hechos y todos los elementos que recabamos al declarar a ex funcionarios servirán para que el ex gobernador y su esposa nos respondan", explicó el abogado.

Juan Antonio Ortega, recordó que entre los exfuncionarios que faltan por declarar, destaca el diputado federal panista, Agustín Rodríguez Torres; al exdirector de Ceresos en Sonora, Ricardo Órnelas Saavedra; Ernesto Fernández Portillo, exjefe de seguridad de la Casa de gobierno y actual director de Seguridad Pública Municipal en Nogales; y Víctor Bonilla Murrieta, exsubsecretario de Seguridad Pública en el estado.

Gisela Peraza Villa junto a su abogado, denunciaron a Guillermo Padrés y 20 de sus colaboradores más cercanos por los delitos de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad, lesiones, asociación delictuosa y los delitos que resulten durante la investigación.

Fue el 13 de marzo del 2011, cuando Gisela Peraza fue retenida ilegalmente durante varias horas en la residencia oficial que entonces habitaba Guillermo Padres junto a su familia, quienes la acusaban de haberse robado siete millones de pesos y joyas preciosas que el ex mandatario guardaba en su alcoba.

Según estableció la investigación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el ama de llaves fue torturada en la propia Casa de Gobierno y privada de su libertad ilegalmente.

En caso de ser encontrados culpables, el ex mandatario panista y sus cómplices podrían pasar más de 20 años en prisión debido a que los delitos por los que son acusados se consideran graves y no alcanzarían fianza, además que fueron cometidos cuando ostentaban un cargo público, lo que se considera un agravante.