El fondo de la discusión no es si la decisión se reviste de 'voluntad popular', sino si la militarización de la seguridad y buena parte de la procuración de justicia es compatible con las libertades democráticas


Tras la generalizada reacción de rechazo que provocó la presentación, en el Congreso de la Unión, de la iniciativa de reformas constitucionales que derivaría en la creación de la Guardia Nacional, el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador ofreció que el tema será sometido a consulta.

Adicionalmente el futuro mandatario afirmó, en entrevista con el diario Milenio, que la consulta sobre este tema se realizaría una vez que se concreten las reformas constitucionales y legales que doten de nuevas facultades al Instituto Nacional Electoral en esta materia, de tal forma que sea dicha institución la que se encargue de organizar el ejercicio.

Tales anuncios implicarían que, de someterse la propuesta al escrutinio público, sería probablemente hasta el mes de marzo de 2019 cuando los ciudadanos fuéramos convocados para emitir nuestra opinión al respecto.

Es, de entrada, una buena noticia que el próximo titular del Ejecutivo Federal haya puesto en suspenso la discusión y eventual votación de la propuesta de reformas que pretende –al menos hasta ahora– dejar en manos militares la seguridad pública, así como la investigación y persecución de los delitos en el territorio nacional.

Pero el sólo hecho de que se plantee definir el tema mediante una consulta popular no garantiza que al final se tomará la mejor decisión posible, pues ello equivaldría a decir que nuestros derechos se encuentran sujetos a la construcción de mayorías coyunturales.

En otras palabras, el fondo de la discusión en torno a este tema no es si la decisión se reviste de “voluntad popular” o no, sino un aspecto de mucha mayor trascendencia: si la militarización de la seguridad y buena parte de la procuración de justicia es compatible con un régimen civil de libertades democráticas.

El meollo del asunto no es si “el pueblo” avala o no una propuesta y si ello convierte automáticamente en democrático –y por ende válido– el planteamiento de transformar la política de seguridad, un asunto eminentemente civil, en un tema de naturaleza castrense.

La generalizada oposición que la propuesta ha levantado, por otra parte, no tiene nada que ver con cuestionar la legitimidad que el futuro gobierno tiene de plantear ideas o presentar iniciativas en el Congreso de la Unión. El rechazo deriva de un hecho puntual de la mayor gravedad: militarizar la seguridad pública no es compatible con el modelo democrático.

En este sentido, lo que debería discutirse de aquí a marzo del próximo año no es si el diferendo respecto de la propuesta se resuelve construyendo una mayoría de votantes que “respalden” la propuesta del Presidente, sino si el tema mismo es susceptible de tratarse por esta vía.

Y discutir tal hecho en primera instancia es de vital importancia porque de ello depende dejar claro que, en el modelo democrático, los dilemas relacionados con los derechos de los ciudadanos no pueden estar sujetos a votación, porque el Estado no tiene –no puede tener– facultades para restringirlos o menoscabarlos. Su obligación, por el contrario, es protegerlos y garantizarlos.