‘Guerra de narcos’: ¿está preparado el Estado?

Los expertos en materia de grupos delincuenciales y crimen organizado han lanzado una advertencia luego de confirmarse el secuestro de un hijo de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”: es factible esperar un recrudecimiento de la violencia en la región de Jalisco, como secuela del secuestro y del desenlace del mismo.

Lo que vaya a ocurrir es, por supuesto, más o menos impredecible, pero quienes han estudiado la dinámica de las organizaciones criminales tienen elementos para pronosticar, con un alto porcentaje de acierto, aquella realidad cuya actualización es más probable.

El propio sector público tendrá –o debería tener– su diagnóstico particular, pues es de esperarse que las áreas de inteligencia cuenten con información que permita prever, con mayor detalle, la reacción del grupo delictivo encabezado por el especialista en fugas.

Más allá de diagnósticos expertos, el sentido común sirve bien para advertir que el secuestro de una prominente figura de un grupo criminal suele ser el preludio de una confrontación, sobre todo si el desenlace de la historia no es feliz para la víctima del secuestro.

Y aquí habría que preguntarse si, además de capacidad para diagnosticar, el Estado Mexicano se encuentra suficientemente preparado para enfrentar las manifestaciones visibles de la previsible confrontación entre el grupo de “El Chapo” y quienes raptaron a su hijo.

Porque lo relevante aquí, además de tener claridad respecto de la dinámica delincuencial, es garantizar la tranquilidad de las comunidades en donde los episodios de violencia pudieran registrarse.

Lo relevante es que no sean los ciudadanos quienes terminen pagando los platos rotos debido a la confrontación entre facciones rivales del crimen organizado, al ver amenazada su tranquilidad y su integridad física derivado de una repentina escalada de violencia.

La lucha por los territorios, las rutas de transporte y los mercados ya la hemos padecido largamente en México en los últimos años y no podemos darnos el lujo de volver a caer por ese tobogán.

Por ello, las autoridades responsables de la seguridad pública, así como las áreas de inteligencia y los cuerpos de investigación deben aprestarse al despliegue de una estrategia tendiente a prevenir y, en última instancia, neutralizar las amenazas a la tranquilidad pública que pudieran derivar de este episodio.

La “guerra entre narcos” no puede convertir nuevamente al territorio nacional en su campo de batallas y a los ciudadanos en rehenes de la confrontación, obligándonos a vivir “confinados” en nuestras casas y en permanente zozobra debido a la incapacidad de las instituciones para garantizar nuestra seguridad.

Esperemos que, en todo caso, el planteamiento de “guerra” se quede solamente en amenaza.