A despecho de quienes promueven, desde hace años, la idea de “darle la vuelta a la página” en relación con la denominada “megadeuda” y los principales personajes involucrados en dicha trama, en Coahuila –y en México– seguirá hablándose del tema porque perdura la percepción sobre la existencia de una red de complicidad alrededor del episodio.

Y no solamente perdura. La percepción se refuerza a partir de hechos concretos como los ocurridos en la semana, luego de conocerse la existencia de una decisión judicial favorable a Javier Villarreal y Sergio Fuentes, coacusados por diversos delitos.

La decisión, emitida en diciembre pasado por la titular del Juzgado Primero Penal de Saltillo, habría implicado dejar sin efecto una orden de aprehensión girada contra los dos exfuncionarios dentro de la causa penal 45/2016 de la cual sabemos muy poco o nada.

Tal decisión es importante porque implica una derrota para la Fiscalía General de Coahuila cuyo titular, Gerardo Márquez, ha reconocido ya la existencia de una sentencia de amparo según la cual se ordenó dejar sin efecto la orden de aprehensión contra Sergio Fuentes en el citado juicio.

Todavía más: de acuerdo con un comunicado emitido por el Poder Judicial de Coahuila, la referida sentencia no solamente dejó sin efecto la orden de aprehensión. También implicó la prescripción de la acción penal en contra de Sergio Fuentes, es decir, se declaró la inexistencia de un delito a perseguir.

En buen castellano, Sergio Fuentes derrotó a las instituciones de Coahuila en un Juzgado Federal, lo cual se tradujo en el cese de la persecución judicial en su contra al menos por las conductas señaladas en el expediente 45/2016 cuyos detalles, resulta indispensable insistir, desconocemos.

No conformes con la derrota sufrida, tanto la Fiscalía General como el Poder Judicial de Coahuila decidieron jugar en la semana el papel de publirrelacionistas de Villarreal y Fuentes, emitiendo declaraciones y adoptando decisiones para “proteger” la imagen de ambos.

Por razones imposibles de explicar, más allá del ánimo de complicidad, alguien, ubicado en una posición suficientemente alta en el organigrama de la estructura encabezada por Miriam Cárdenas Cantú, ordenó retirar de la página web de dicha institución la lista de acuerdos correspondiente al día 10 de diciembre pasado en la cual aparecía la información relativa al acuerdo mediante el cual se dejó sin efecto la orden de aprehensión referida.

Como lo documentó VANGUARDIA en su edición del jueves anterior, el documento fue originalmente colocado en el sitio electrónico del Poder Judicial –como se hace ordinariamente con las listas de acuerdos de todos los órganos jurisdiccionales–, pero luego fue retirado y posteriormente “colgado” nuevamente en la página web. Todo en menos de 24 horas.

Pero no sólo se hizo “reaparecer” la lista de acuerdos. Además de eso, el documento fue convenientemente modificado para otorgar ahora el estatus de “secreto” a los datos relativos al expediente 45/2016, lo cual invita a sospechar la existencia de un ánimo de ocultamiento de la información, en beneficio de Villarreal y Fuentes.

La manipulación del documento no es una especulación sino un hecho probado, pues en el comunicado “aclaratorio” emitido por el Poder Judicial en relación con los hechos textualmente se lee:

“Este acuerdo (el del 10 de diciembre) fue publicado en la lista de acuerdos del Juzgado Primero Penal y el o la encargada administrativa de elaborar las listas, la hizo considerando los nombres contenidos en la carátula del expediente, en el que se refiere tanto a Javier Villarreal como a Sergio Fuentes, circunstancia imprecisa, pues el acuerdo sólo se refiere a Fuentes Flores, continuando vigente la orden de reaprehensión respecto a Javier Villarreal” (sic).

“A confesión de parte, relevo de pruebas”, reza un principio jurídico perfectamente aplicable al caso: como se dijo en su momento, el Juzgado de la causa efectivamente publicó primero una lista de acuerdos en la cual podían leerse los nombres de Villarreal y Fuentes, el delito por el cual se les acusa y la naturaleza del acuerdo emitido a su favor.

Sin embargo, después de hacerse pública la información, el Poder Judicial decidió no conformarse con “rectificar” el presunto yerro originalmente cometido al publicar la existencia de una decisión favorable a Javier Villarreal, sino de una vez hacerle el favor completo retirando de la vista del público toda información relativa al caso.

¿Cuál fue el motivo para declarar “secreto” el expediente, si existe evidencia de al menos cuatro acuerdos previos en los cuales sí podía leerse la información relativa al caso? 
¿También en estos casos “el o la encargada administrativa de elaborar las listas” se equivocó?

Demasiadas coincidencias para ser casualidad. Demasiado interés y diligencia para no despedir un tufo a complicidad. El Poder Judicial y la Fiscalía General, convertidos en oficiosos publirrelacionistas de Javier Villarreal.

Volveremos al tema.

¡Feliz fin de semana!
@sibaja3
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