El exgobernador interino de Coahuila se declaró "not Guilty" el 1 de noviembre pasado, durante su primera comparecencia ante una juez federal de los Estados Unidos, luego de ser extraditado. Pero en la semana decidió retractarse y, en lugar de enfrentar el juicio que seguiría necesariamente a su declaración de inocencia, asumir la responsabilidad de sus actos.

La noticia llegó desde los Estados Unidos en la semana: el exgobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López, decidió “rectificar” su declaración inicial, realizada ante la juez B. Janice Ellington, en la corte de Corpus Christi, Texas, el pasado 1 de noviembre, para “aceptar responsabilidad… (en) algunas acusaciones en su contra”.

Como lo publica hoy VANGUARDIA, el abogado de Torres López, Carlos A. Solís, socio fundador de la firma Hilley & Solís, cuya sede se encuentra en San Antonio, Texas, ha explicado cómo esta decisión fue tomada por el saltillense “después de pensarlo cuidadosamente y tomarse el tiempo necesario para discutirlo con su familia y su equipo legal”.

La rectificación de quien tomó la estafeta gubernamental de manos de Humberto Moreira Valdés no es, debe insistirse ahora, una sorpresa. En noviembre pasado publicamos en este matutino un par de análisis respecto del funcionamiento del sistema penal del vecino país. Conviene recuperar algunas cosas de estos textos.

La primera de ellas es la estadística: de acuerdo con los datos de la Judicatura Federal de los Estados Unidos, apenas el 2.3 por ciento de los casos armados por los fiscales norteamericanos terminan en un juicio. La inmensa mayoría –90 por ciento– concluye con un “acuerdo” entre la fiscalía y el acusado.

Y llegar a un “acuerdo” con los persecutores del delito significa sólo un par de cosas: admitir la responsabilidad de uno o varios de los delitos imputados, o proporcionar información útil para armar casos en contra de individuos de mayor peso, quienes generalmente no pueden ser alcanzados por la justicia si no es mediante la delación de sus cómplices.

La segunda es el altísimo riesgo de ser condenado si se decide ir a juicio. En el caso de uno de los delitos imputados a Torres López, el lavado de dinero, durante el año fiscal 2018, un total de 768 personas enfrentaron dicho cargo en las cortes federales estadounidenses. De estas, 41 decidieron ir a juicio y de ese grupo apenas cuatro obtuvieron una sentencia absolutoria.

Como lo adelantamos en los textos publicados en noviembre pasado, aunque en su primera comparecencia ante la juez Ellington el señor Torres López se declaró “inocente” cuando le leyeron los cargos de los cuales se le acusa, lo más probable era verlo, más tarde o más temprano, girar en redondo y llegar a un acuerdo con la fiscalía.

Lo importante ahora es conocer el tipo de acuerdo negociado. ¿Simplemente decidió ahorrarle dinero a los contribuyentes estadounidenses aceptando su responsabilidad en las conductas imputadas o le entregó información a los fiscales para armar casos contra peces “más gordos”?

No podemos sino especular al respecto, pero un dato proporcionado por su abogado defensor permite establecer una teoría concreta. En el correo electrónico enviado al reportero Alejandro Montenegro, el abogado Carlos Solís afirma:

“…el Sr. Torres López ha decidido que aceptará responsabilidad por parte de algunas acusaciones en su contra. Espera poder dejar en el pasado esta etapa tan dolorosa tanto para él como para su familia lo más pronto posible”.

¿Cuál es el significado detrás de la expresión “espera poder dejar en el pasado esta etapa… lo más pronto posible”?

Insisto: sólo es posible especular al respecto, pero se antoja pensar en dos explicaciones para dicha expresión:

La primera implicaría haber negociado un período de reclusión muy corto y, como ya ha pasado poco más de siete meses en una celda, el final de la pena corporal podría estar muy cerca, especialmente si ha observado una buena conducta, aspecto muy valorado en el sistema penal estadounidense.

La segunda es haber proporcionado información para consolidar otros casos, lo cual podría implicar la posibilidad de no regresar a su celda, sino ser sometido al arresto domiciliario, o incluso ser liberado con la prohibición de abandonar el país.

Porque si la segunda hipótesis es la correcta, entonces las autoridades estadounidenses lo retendrán en su territorio hasta la realización de los juicios contra quienes Jorge Torres hubiera delatado, pues no basta con haber declarado ante el Fiscal: además de ello debería testificar en juicio.

¿Cuál es la hipótesis correcta? Lo sabremos pronto y eso, casi con toda seguridad, hará que caigan algunas piezas más del dominó armado para concretar el saqueo conocido como “la Megadeuda”.

ARISTAS

Esta novela no trata sobre la biografía de Jorge Torres, por supuesto. La historia es sobre la conspiración orquestada desde el Poder Ejecutivo de Coahuila, y apoyada desde el Legislativo y el Judicial, para perpetrar el atraco más grosero a las arcas estatales de Coahuila, al menos en su historia moderna.

Solamente una persona no lo ve así: el fiscal General de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, quien, todo hace indicar, seguirá sin mover un dedo para actuar en defensa de los intereses de los coahuilenses.

¡Feliz fin de semana!

@sibaja3

carredondo@vanguardia.com.mx

Carlos Arredondo Sibaja

Columna: Portal 

Periodista con más de 30 años de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Ingeniero Industrial y de Sistemas por la Universidad Autónoma de Coahuila y Licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México. Además, es máster en Administración y Alta Dirección por la Universidad Iberoamericana y tiene estudios concluidos de maestría en Derechos Humanos en la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC. Se ha desarrollado profesionalmente en el servicio público, la academia y el periodismo. Integrante de la Comisión de Selección del CPC, del Sistema Anticorrupción de Coahuila.