A la luz de la legislación analizará Torreón servicio de Uber

Torreón
/ 20 julio 2020

El director de comunicación de la empresa, Luis de Uriarte, anunció que sus servicios arrancarán el 2 de agosto en Torreón y descartó que requieran de algún permiso especial o concesión para poder operar

Torreón.- Las autoridades municipales no están cerradas al diálogo con la empresa Uber, pero en una primera instancia el servicio que plantea prestar en esta ciudad pudiera caer en la necesidad de requerir de un permiso especial o de una concesión, manifestó el secretario del Ayuntamiento, Jorge Luis Morán Delgado.

En la entrevista que sostuvo el funcionario con representantes de la empresa internacional que proporciona a sus clientes una red de transporte privado a través de su software, indicó que se analizará el caso a la luz de la legislación y se buscará una solución, porque es otro tipo de servicio para otro mercado que no compite con los taxistas.

Muchas veces la modernidad va adelantada a la normatividad y en ese sentido, el Ayuntamiento está recopilando información, analizando y estudiando para ver lo que procede en ese sentido.

Si bien desde el momento en que una persona pone a su disposición su vehículo y cobra una tarifa por transportar a un tercero de un punto a otro, cae en el supuesto del servicio público de pasajeros, los representantes de Uber dicen que no es un servicio público, sino un acuerdo entre particulares.

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El funcionario informó que se ha pedido a la empresa que antes de entrar en funciones, clarifique todo, porque quienes pudieran sentirse afectados son los taxistas que tienen una concesión que les costó, que pagan un impuesto, pagan un plaqueo, que pagan un gafete, que se les obliga a traer un GPS, además de que se les exige una serie de requisitos para garantizar la seguridad de los usuarios.

Descartó que los taxistas no los vayan a dejar entrar, pero aquí se puede venir un conflicto y es donde el municipio está pidiendo información para analizarla y buscar una solución.

Por su parte, el director de comunicación de la empresa, Luis de Uriarte, anunció que sus servicios arrancarán el 2 de agosto en Torreón y descartó que requieran de algún permiso especial o concesión para poder operar, pues reiteró que no son un servicio de transporte público.

Dijo que hay mucha gente que ya se está dando de alta como socios conductores, que no serán empleados de Uber, no conducirán vehículos de Uber y tienen la posibilidad de tener un ingreso extra.

Insistió en que no se trata de un taxi, es una empresa de tecnología que desarrolló una aplicación. Se trata de un contrato entre privados, no hay ninguna restricción de libre tránsito, son pequeños empresarios que utilizan sus vehículos propios, le están dando un servicio a un tercero. “Lo que estamos haciendo es dándole una oportunidad a Torreón de que tenga otra opción de movilidad”.

Advirtió que antes de ser socios de Uber, los choferes deben pasar estándares de calidad y seguridad que se piden, como la presentación de una carta de no antecedentes penales, un examen psicométrico, en el que se mide su nivel de confianza y vocación de servicio y estar dados de alta en hacienda para que pueda emitir facturas a sus clientes.

En cuanto a las unidades, dijo que deben ser vehículos de modelo 2007 en adelante, de cuatro puertas, con aire acondicionado, radio, bolsas de aire, póliza de seguro de cobertura amplia y daños contra terceros, pero la supervisión, destacó, estará a cargo de los mismos usuarios que deberán de calificar cada uno de los servicios que reciba.

Respecto a la ganancia de los choferes comentó que se quedarán con el 75 por ciento de cada viaje que cobren.

De Uriarte negó que el servicio sea una competencia desleal para taxis, pues detalló que el 83 por ciento de los usuarios son dueños de un coche particular y la gran mayoría tienen más de cuatro años que no se suben a un taxi.

Tras haberse reunido con autoridades municipales, comentó que la empresa sabe que falta una regulación que hable de este tipo de servicios, por lo que están dispuestos a acompañar al gobierno a hacer una normativa.

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