Somos un País donde lo inverosímil tiene amplias posibilidades de materializarse. Hace unos días nos enterábamos con incredulidad, que ante la saturación que había en los servicios forenses de la Zona Metropolitana de Guadalajara, el titular el Instituto de Ciencias Forenses de Jalisco tomó la inusitada decisión de rentar un tráiler para colocar en su interior los cuerpos de 157 personas, que ya no cabían en las cámaras de refrigeración de la dependencia y durante semanas el tráiler estuvo instalado en varios predios baldíos de Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga y Tlaquepaque, hasta que derivado del hedor que despedían los cuerpos en descomposición se dio con el descubrimiento de los cuerpos.

Pronto nos enteramos que no había sido un tráiler, sino al menos dos, en cuyo interior se hallaba un número indeterminado de cuerpos que oscila entre los 375 y los 450 cadáveres, la mayoría de ellos de personas víctimas de la violencia en Jalisco. Además, que había cadáveres que habían permanecido en los tráileres por más de dos años y no por semanas, como originalmente se había pensado.

Como bien lo han apuntado otros editorialistas, el hallazgo de los cadáveres es el síntoma, no la enfermedad, es decir, el que un funcionario público haya tomado la decisión de violentar la dignidad humana de los cadáveres, faltar a toda regla de probidad a la hora de salvaguardar la evidencia que podría ayudar a esclarecer decenas de crímenes y poner en riesgo la salud de los vecinos de distintas colonias de tres municipios, nos demuestra que algo está podrido en los cuerpos de seguridad y procuración de justicia en Jalisco. 

No basta con que el Fiscal General del Estado de Jalisco y el Director del Instituto de Ciencias Forenses hayan sido despedidos o que el Gobernador de Jalisco se haya comprometido a que en un par de semanas los cuerpos serán resguardados de manera correcta. El gran problema es que seguramente no se trató de una decisión unilateral del Director del Instituto de Ciencias Forenses y decenas de funcionarios estuvieron enterados del hecho y ninguno de ellos hizo nada por objetar la medida.

Es ahí donde reside el problema, que pasaron dos años desde que se tomó una decisión absurda y contraria a cualquier protocolo posible y nadie hizo nada por remediarlo. Es más, se conoció la noticia y el Gobierno del Estado de Jalisco tardó varios días en tomar cartas en el asunto, ya que el primer impulso de las autoridades fue justificar el hecho, que a todas luces era indefendible. 

Pero tampoco se trata sólo de Jalisco, basta ver los estudios en campo que ha realizado la organización ciudadana Causa en Común, para poder constatar las debilidades institucionales de casi todas las corporaciones de seguridad y procuración de justicia del País, que hacen imposible pensar que se puede dar un servicio de calidad, cuando no existe un esfuerzo real por capacitar y dotar a los agentes de mejores herramientas de trabajo. 

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