Libertad de expresión y violencia política de género
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Mi solidaridad con el politólogo Sergio Aguayo ante el embate que sufrió por parte de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ya que la resolución emitida atenta contra sus derechos fundamentales, entre ellos, el de libertad de expresión y el de acceso a la información, consagrados en los artículos 6 y 7 constitucionales, dejando así un mal precedente en la materia.
Desafortunadamente, no es la única sentencia dictada en ese sentido, las mordazas impuestas a los periodistas, ciudadanos y organizaciones desde algunos oscuros ámbitos del poder existen, no cabe la menor duda.
Al igual que le sucedió a Aguayo, ahora la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México me ha sentenciado a indemnizar al político priista y hoy alcalde de Cuajimalpa Adrián Rubalcava por un supuesto daño moral. De manera infundada, se resuelve erróneamente una controversia más a favor de un actor cuyas acciones y entorno se encuentran en el centro de la polémica pública de nuestro querido México, herido y fragmentado por la corrupción e impunidad.
Antes fueron otros, ayer Moreira y ahora Rubalcava, pero en realidad sigue siendo la misma estirpe. Precisa señalar que en este caso los hechos acontecieron en el contexto de un debate político en el cual manifesté públicamente las campañas de acoso y amenazas de las que fui objeto, las cuales habían impedido el ejercicio de mis derechos políticos como mujer y ciudadana, así como realizar diversas actividades fuera del Palacio Legislativo como diputada Federal.
En este debate trascendió el audio de una llamada telefónica en la que Adrián Rubalcava me manifestó: "…si yo hubiera nombrado a un perro de candidato en este distrito hubiera ganado…", refiriéndose al proceso en el cual obtuve el voto mayoritario para el cargo de Diputada Federal por el distrito 17 que abarca parte de las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa, una expresión que configura una clara tipología de violencia política en razón de género; además, en el audio se aprecia la prohibición expresa que se me hace para realizar actividades políticas en Cuajimalpa.
No obstante, la Sala me condena, entre otras cosas, a pagar a Adrián Rubalcava un millón de pesos por indemnización. Resolución que atenta contra el derecho a la libertad de expresión, que pasa por alto una acción violenta y discriminatoria hacia una mujer y que, por lo tanto, perpetúa la violencia política y social por razones de género.
No menos trascendente es que la Sala estudie el caso con absoluta lejanía de la perspectiva de género, volviendo nugatoria en los hechos la antigua y continúa lucha de las mujeres. En este momento, tengo el privilegio de poder denunciarlo públicamente e, incluso, los medios para acceder a un defensor jurídico. Sin embargo, no todas las ciudadanas y ciudadanos pueden hacerlo.
Estoy convencida de que expresar las injusticias, sean propias o ajenas, evitará en un futuro no muy lejano la revictimización por parte de las autoridades. Confío en las palabras del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia cuando precisa que "…en el Poder Judicial no podemos bajar la guardia, no podemos cejar hasta en tanto saldemos la deuda que tenemos pendiente con la ciudadanía. Por el contrario: debemos redoblar energías contra la corrupción y la impunidad, con renovado compromiso, voluntad política y visión de Estado. Debemos seguir en la ruta trazada y generar las condiciones para que la justicia llegue a todos y a todas...".
