México, entre los países de Latinoamérica con peor capacidad para combatir la corrupción
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Nuestro país se encuentra entre los países latinoamericanos peor calificados para el combate a la corrupción, de acuerdo con el más nuevo ranking de Americas Society and Council of the Americas (AS/COA), que calificó de manera global con 4.65 puntos al país
Americas Society and Council of The Americas presentó un estudio en el que califica a países latinoamericanos en la materia, el cual contempla categorías como la capacidad legal de las naciones, sus instituciones y la participación de diversos sectores
México se encuentra entre los países latinoamericanos peor calificados para el combate a la corrupción, de acuerdo con el más nuevo ranking de Americas Society and Council of the Americas (AS/COA), que calificó de manera global con 4.65 puntos al país.
La AS/COA y la firma Control Risk lanzaron el índice Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) y los resultados fueron presentados este lunes. El índice mide la efectividad de esta lucha en países latinoamericanos.
En esta primera edición, los países tomados en cuenta fueron Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, Perú y Venezuela, bajo el argumento de que, en su conjunto, las naciones representan cerca del 90 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina y el Caribe.
El puntaje general más alto lo obtuvo Chile, con 6.66 de 10 puntos. En tanto, México se ubicó como el antepenúltimo más bajo. El último peldaño le pertenece a Venezuela, con 1.71 puntos.
El índice contempló 14 variables que componen tres subcategorías: capacidad legal; democracia e instituciones políticas; y sociedad civil, medios de comunicación y sector privado.
El primer eje hace referencia a los instrumentos judiciales y fiscales para el combate. El segundo analiza las campañas electorales, la formulación de políticas y la calidad general de la democracia. En tanto, el último punto sirvió para medir los factores que contribuyen a esfuerzos en la lucha anticorrupción en las tres áreas señaladas.
México obtuvo una calificación de 4.28 en el eje de capacidad legal; en cuanto a democracia e instituciones políticas, tuvo 4.52 y, para el último, sobre sociedad civil, medios de comunicación y sector privado, la calificación fue de 6.47 puntos.
El estudio reveló una falta de progreso en el combate que el país lleva a cabo en la materia.
“Un área clave de preocupación es la eficiencia e independencia judicial: los tribunales, en general, siguen siendo propensos a la interferencia política y se enfrentan a una gran cantidad de casos pendientes”, indica el reporte.
También pone en la mira el nuevo sistema penal acusatorio, el cual no ha logrado regularizarse; el trabajo del fiscal general contra la corrupción y el caso de La Estafa Maestra, donde la mayoría de los funcionarios públicos involucrados no han sido investigados, así como la reforma en materia de fuero, la cual se encuentra estancada en el Congreso.
El pasado 23 de abril, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados rechazó, modificó y devolvió a los senadores la minuta de reforma que pretendía eliminar el fuero a los legisladores, y solo mantuvo al presidente de la República, quien podrá ser juzgado por nuevos delitos.
En tanto, en el estudio se reconoce que la sociedad civil ha tenido un papel activo en la promoción de la legislación anticorrupción, además de que la prensa mexicana ha mejorado su capacidad de investigación y en los últimos cinco años ha revelado esquemas de corrupción. Sin embargo, también señala que el país enfrenta altos niveles de violencia e intimidación.
Asimismo, AS/COA pone 'bajo la lupa' tres hechos importantes: la discusión en el Congreso sobre inmunidad de funcionarios, incluido el presidente de la República; al fiscal general Alejandro Gertz Manero, en tanto que en mayo dijo que en un plazo de 60 días presentaría el caso Odebrecht y la situación del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya; y un caso de conflicto de interés en el que se encuentra implicado el delegado federal de Jalisco, quien pertenece al mismo partido que el mandatario federal.
