Padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural "Raúl Isidro Burgos " de Ayotzinapa, protestan al cumplirse 29 meses de la desaparición de sus hijos, en Ciudad de México, México. Foto: EFE
Esta fue la segunda reunión entre las autoridades mexicanas y los integrantes del mecanismo especial, a quienes se informó sobre las diligencias en materia de búsqueda de personas y los cronogramas de trabajo planificados para indagar en el caso.

El Gobierno de México entregó los avances en las investigaciones del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 en el sur del país al mecanismo de seguimiento establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Esta fue la segunda reunión entre las autoridades mexicanas y los integrantes del mecanismo especial, a quienes se informó sobre las diligencias en materia de búsqueda de personas y los cronogramas de trabajo planificados para indagar en el caso.

"En esta segunda reunión de seguimiento se brindó información actualizada a la CIDH sobre las acciones de la Procuraduría General de la República (fiscalía general)", señaló un comunicado.

El mecanismo especial de seguimiento al caso Ayotzinapa contempla visitas mensuales a nivel ejecutivo o técnico hasta noviembre de 2017 para monitorear los avances de la investigación, asesorar en la búsqueda de los jóvenes desaparecidos y asegurar la atención a los familiares de las víctimas.

Padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural "Raúl Isidro Burgos " de Ayotzinapa, protestan al cumplirse 29 meses de la desaparición de sus hijos, en Ciudad de México, México. Fotos: EFE

Los 43 jóvenes eran estudiantes de la escuela normal para maestros "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, en el estado sureño de Guerrero.

Entre la noche del 26 y la mañana del 27 de septiembre de 2014, los estudiantes fueron perseguidos por policías municipales de la ciudad de Iguala, en Guerrero. Tras detenerlos, los entregaron a un grupo criminal que, de acuerdo con los testimonios recogidos por la fiscalía, los asesinó e incineró.

Sin embargo, la versión de la incineración en un basurero del municipio de Cocula, vecino de Iguala, fue refutada por el grupo de expertos comandado por la CIDH para indagar el caso. El grupo, además, fue el que recomendó la creación del mecanismo, entre otras observaciones que entregó al Gobierno.

"El Estado mexicano reitera su compromiso para la resolución del caso y su colaboración transparente con la CIDH y la comunidad internacional", finalizó el comunicado.