Mil empresas, entre ellas Pepsico, roban a CFE hasta 30 mil millones, acusan ex trabajadores del SME

 El grupo “Para todos todo”, compuesto por ex trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, propone al actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador vías de reinserción laboral, como ubicar y parar el robo de electricidad del que principalmente responsabilizan a mil grandes empresas, que consumen el 22 por ciento de las ventas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), entre ellas, Embotelladora Mexicana Pepsico. 

“Son más de 30 mil millones de pesos las pérdidas por el robo de energía a CFE [datos oficiales de 2018]. ¿Cuánta energía y cuánto dinero se podría recuperar si se revisan las mil empresas grandes consumidoras de casi la cuarta parte de la electricidad? Y, ¿si después se revisan las 300 mil empresas medianas que consumen el 37 por ciento de la electricidad?”, planteó el ex trabajador disidente Mario Benitez Chávez.

El titular de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, sentenció en una conferencia de prensa de febrero que “toda una colonia no se roba lo que se puede robar una empresa”.

El electricista Benitez agregó que “la cruzada nacional contra la corrupción, como eje sexenal, debe ser respaldada por los trabajadores. Petroleros y electricistas deben de participar, pero los de base, los de abajo, y no las cúpulas sindicales quienes han sido parte y se han beneficiado del robo y del saqueo”.

Planteó la diferencia entre ellos y Martín Esparza Flores, Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) desde 2005. “Buscar recuperar la soberanía energética, la autosuficiencia eléctrica, y no dar más permisos a los privados, es una gran diferencia que tenemos con Martín, quien está haciendo marchas para que el gobierno le dé un contrato de compra-venta con Generadora Fénix (de la portuguesa Mota-Engil, SME y Cooperativa LF) por 25 años”, dijo.

Mota-Engil, enfatizó, fue la encargada de construir la autopista “Siervo de la Nación”, obra del gobierno mexiquense de Eruviel Ávila Villegas, para conectar la zona norte del Valle de México con el nororiente de la Ciudad de México que reportó un sobrecosto de 4 millones de pesos. “Esto es Mota-Engil, esto es Martín, y quieren que les compremos la electricidad por 25 años a esta clase de ratas”, criticó.

EL “HUACHICOLEO ELÉCTRICO”

En 2017, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) registró pérdidas técnicas, por disminución de voltaje, y no técnicas, derivadas del robo de energía, por 46 mil 592 millones de pesos, el 13.5 por ciento de lo generado, muestran cifras del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN), frente a los 60 mil millones de pesos anuales a las que ascienden las pérdidas de Petróleos Mexicanos (Pemex) por tomas clandestinas de combustibles, de acuerdo con las cifras del Gobierno.

Por pérdidas técnicas, la CFE dejó de recibir 16 mil 267 millones de pesos, mientras que por robo, alteración de medidores o falta de pago perdió 30 mil 325 millones de pesos.

En febrero, el titular Manuel Bartlett Díaz informó  durante una conferencia que en 2018 fueron más de 30 mil millones de pesos principalmente de los grandes corporativos. “Siempre ha habido robo de energía en grandes empresas, en hoteles, en grandes industrias que manejan los medidores y se ha generado desde hace años el no pago de los grandes. No son los chiquitos. Toda una colonia no se roba lo que se puede robar una empresa”, advirtió.

Respecto a las grandes consumidoras, el sistema eléctrico de la CFE se integra de ventas anuales con un 22 por ciento de la energía para mil empresas grandes; 37 por ciento para 300 mil empresas medianas; 25 por ciento para 33 millones de usuarios domésticos; y 16 por ciento para 4 millones de usuarios comerciales, agrícolas y de servicios, documenta el Observatorio Ciudadano de la Energía con datos oficiales.

“La disyuntiva es que son mil empresas que consumen el 22 por ciento y 33 millones de hogares otro 25 por ciento. Vamos a impedir que nos sigan robando. Esas mil empresas tenemos que revisarlas, conectarlas, que no alteren los medidores. Es posible, estamos convencidos, y contamos con personal –a todos los que nos corrieron les sabemos a eso– y esas empresas están sobre todo en la Ciudad de México y el Estado de México”, afirmó el ex trabajador disidente Mario Benitez.

Entre esas mil empresas, documentó el electricista, figura Embotelladora Mexicana Pepsico, que en 2012 fue acusada por la CFE ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por robarle electricidad durante cuatro años. Ante ello, la firma se comprometió a pagar 105 millones de pesos.

Los adeudos de Pepsico correspondían a dos plantas embotelladoras, una en Acoxpa y otra en Calzada de La Viga, en la Ciudad de México, conectadas en servicio de media tensión, cuyos medidores fueron revisados en mayo de 2012 por la CFE, y encontró dispositivos electrónicos que marcaban un consumo menor al real.

“Aquí vamos a revisar quiénes son esas mil. No hay más que irse al directorio, sus oficinas, sus divisiones, sus subsididarias y así podemos evitar este huachicoleo eléctrico. No puede funcionar como en el caso Pemex, porque ahí cortan ductos a partir del monitoreo central. Aquí no podemos cortar la luz. Se tiene que hacer con servicio y eso lo hacen nuestros compañeros, ellos trabajan con línea viva, saben de la facturación. ¿Cómo van a poner orden y recuperar 30 mil millones de pesos al año?”, reiteró Benitez Chávez.

Además de empresas, el gobierno de Pueba colocó “diablitos” en la Vía Atlixcáyotl para robarse la luz. Un comunicado de prensa oficial reportó en días pasados que la CFE está cobrando adeudos de la gestión anterior por más de 2 millones 800 mil pesos tanto de Rafael Moreno Valle (2011-2017) como de Antonio Galí Fayad (2017-2018). Se deben 2 millones 457 mil pesos correspondientes al periodo del 22 de diciembre de 2012 al 22 de octubre de 2018; 259 mil 34 pesos del 25 de agosto de 2017 al 16 de octubre de 2018; y 110 mil 364 pesos del 5 de abril al 7 de diciembre de 2018.

Otra de las propuestas para la reinserción laboral de más de 16 mil trabajadores electricistas es cooperar en la clasificación de los archivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) que se están dando a conocer en el Archivo General de la Nación.

“Vamos a capturar, digitalizar, transcribir 36 años de archivos, desclasificar 36 años de guerra sucia. En Luz y Fuerza teníamos compañeras secretarias talentosísimas. Queremos que se sepa, queremos trabajar y esa fuerza de trabajo la queremos”, visualizó Mario Benítez. “Martín no está diciendo que quiere acabar con el huachicoleo, solo quiere para su empresa (Generadora Fénix)”.

AUDIENCIAS CON EL GOBIERNO DE AMLO

A lo largo de estos tres meses de inicio de la administración, los electricistas disidentes han solicitado a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Energía, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Comisión Federal de Electricidad y al Instituto Mexicano del Seguro Social una audiencia para tratar la petición de desclasificar los documentos en torno a la extinción de Luz y Fuerza en octubre de 2009, y con ello conocer “los acuerdos” del Sindicato Mexicano de Electricistas dirigido por Martín Esparza Flores, con los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

“Creímos y confiamos en la dirección sindical del SME, pero Martín Esparza Flores se corrompió y coludió con los gobiernos del PRIAN”, dice la solicitud de audiencia con los titulares de las dependencias federales referidas. “Desde aquel 11 de octubre de 2009, hemos vivido en condiciones precarias, tratando de sobrevivir, siendo perseguidos del gobierno, boletinados para no encontrar una fuente de empleo formal, reprimidos y agredidos por una dirigencia sindical sin escrúpulos”.

Por su parte, Martín Esparza Flores declaró en un foro sobre “Nuevo sindicalismo en México” celebrado hace dos semanas que “el Sindicato está vivo, compañeros. Está firme y con la cara muy en alto para continuar esta lucha […] Aquí estamos defendiendo nuestra organización sindical y los derechos de los trabajadores. Hoy tenemos que seguir luchando porque se restituyan los derechos de los trabajadores en el país. En todos estos años de política neoliberal el diagnóstico es devastador contra los trabajadores”.

“Hagamos una Convención Nacional Democrática, pero sin las centrales corporativas, sin los charros, y saquemos de ahí acuerdos en materia de trabajo, de salario y de seguridad social”, agregó. Para los disidentes fue un discurso “hipócrita” y “vacío”.

“Para que hubiera una modificación en los estatutos, se debió haber convocado a una legislativa, un procedimiento con tiempos. Se lo brincaron y lo hicieron a su modo para que pasaran de poder estar en el cargo de 2 a 5 años”, reiteró.

Claudio Herrera, quien también participó en ese proceso, consideró que “la última elección fue amañada, no hubo participación. De los 17 mil jubilados (ya ha habido decesos de los 22 mil que eran en 2009), no votaron ni dos mil”.