Ni México es Uruguay, ni una Ley despenaliza la mariguana
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Por vez primera el debate se pone serio. En 2016, durante la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se pretende llegar a un acuerdo continental que permita legalizar la marihuana en México. Existe un objetivo trazado.
El principal órgano de deliberación y formulación de políticas públicas de la ONU sesionará como respuesta a la petición para albergar una “conferencia internacional sobre la reforma de políticas de drogas”, realizada en septiembre de 2012 por los presidentes de Colombia (Juan Manuel Santos, en el cargo), Guatemala (Otto Pérez Molina, depuesto en 2015) y México (Felipe Calderón, de mandato concluido).
Debido a lo anterior se decidió adelantar tres años la cumbre mundial de 2019, fecha en que originalmente había sido programada.
En 1998, sin embargo, los países arriba mencionados (junto a los estados miembros de la Asamblea General) acordaron una “Declaración Política sobre el control mundial de las drogas”. Y en ella las premisas son muy claras: “las drogas destruyen vidas y comunidades; socavan el desarrollo sostenible, y generan delincuencia”.
¿Caminarán en sentido contrario a los dogmas de fe que durante 17 años han venerado?, ¿por qué ahora sí les interesa?
Parece inevitable: legalizarán la marihuana en el 2016; ¿nos conviene ese camino?
Las señales son muy evidentes: los estados de Colorado y Washington, en Estados Unidos, fueron las primeras jurisdicciones del hemisferio en legalizar y regular el uso y venta de Cannabis con fines no médicos para personas adultas en 2012. El 20 de diciembre de 2013 Uruguay se convirtió en el primer País en legalizar y regular el mercado del Cannabis para uso recreativo y, por consecuencia, se insertó de forma natural el tema de la marihuana despenalizada en la agenda pública de Latinoamérica.
Desde entonces se discute (lo que se puede), se debate (bien o mal) y hace ruido. En México hace unos días cobró notoriedad el caso de la niña de 11 años que padece ataques de epilepsia y, a través de una petición pública a la Secretaría de Salud, su familiares solicitan se autorice el uso de cannabis medicinal para tratarla.
Actualmente hay avances legislativos para que Canadá, Jamaica, Italia y España voten las iniciativas de legalización en 2016.
Drogarse: una decisión personal, íntima, ¿pero que perjudica a los demás?
De acuerdo con el “principio del daño” del filósofo inglés John Stuart Mill, “la única razón por la que el poder puede ejercerse legítimamente sobre cualquier miembro de una comunidad civilizada, contra su voluntad, es para prevenir el daño a otros”.
Ahora bien, esa interferencia del Estado en la autonomía individual, ¿se justifica cuando en la naturaleza humana está dañarse a uno mismo, no sólo a los demás?
Sarah Conly, autora de “Contra la autonomía. Una justificación del paternalismo coercitivo”, propone que, en algunos casos y bajo determinadas condiciones, el Estado debería ejercer el poder para evitar que los individuos se dañen a sí mismos. No pretende imponer fines, sino medios para ayudar a las personas a conseguir sus propios fines.
Esto es lo que ha hecho Uruguay con su legislación de 2013
Contrario a lo que pudiera pensarse, la política pública de drogas en el País sudamericano tiene por objetivo desalentar el consumo. No motivarlo. Y es paternalista, porque lleva de la mano al consumidor por el camino menos riesgoso para que no se haga daño a sí mismo y si se lo causa, procura que sea menor.
Crearon resoluciones. Leyes. Decretos. Protocolos de actuación policial. Una estructura modélica, sustentada en bases estables. Lo tienen muy claro. Tanta civilidad asusta. Y la meta es diáfana: evitar su fácil acceso a menores, incapaces y personas no autorizadas.
¿Tendría México la capacidad para hacer lo mismo?
Hacer copy-paste de la legislación uruguaya; un camino peligroso
Los fenómenos, no obstante, nada tienen que ver en su génesis ni en sus consecuencias.
Además en el País no existe una política clara. El único avance en la materia, por llamarlo así, ocurrió en 2009 con la Reforma a la Ley General de Salud que despenalizó la posesión de hasta 5 gramos de Cannabis.
Luego, en el momento más álgido de aquél episodio que oficialmente se llamó “guerra contra el narcotráfico”, una justificación se difundió como publicidad gubernamental: “para que la droga no llegue a tus hijos”.
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, proyecto rector de la política en el País, menciona en la “Estrategia 2.3.2. Para el mejoramiento de la salud” que uno de los objetivos será “reducir la prevalencia en el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilícitas”.
Es decir, engloba los tres elementos en el mismo renglón. Como similares. Y en 184 páginas del documento no aparece la palabra “marihuana”.
Entonces ¿por qué México voltea hacia Uruguay como su principal referente?, ¿acaso porque hablan castellano, como nosotros, y vivimos en la misma plataforma continental?
Uruguay, sobra decirlo, es una nación con tres millones de habitantes y salida al Atlántico. México, en cambio, tiene 115 millones de habitantes, es frontera con Estados Unidos y está geográficamente ubicado en el corazón del trasiego de la droga. Somos un País de cultivo, producción y tránsito. No de consumo.
¿Qué pasaría si México copia los textos de la legislación uruguaya (Derecho Comparado, que le llaman), tropicalizando los capítulos que no encajan completamente a la realidad nacional?
No hay evidencia; la ciencia contradice a Peña Nieto
Las posiciones casi siempre son encontradas. Existen aquellas basadas en la ciencia (aparentemente más cercanas a la verdad) y aquellas basadas en sistemas de valores, creencias y representaciones sociales (aparentemente más cercanas a la realidad).
¿Estar en contra de la legalización es estar a favor de la ilegalidad? No.
¿Estar a favor de la legalización significa ser moderno y de avanzada? No.
La tendencia, no obstante, es juzgar el tema con dos parámetros: ser progresista es votar a favor de la libertad; ser conservador es restringirla, como hasta ahora.
Un punto intermedio entre ambas posturas ofrece el ISCDP, con sede Toronto, Canadá, quien elaboró un reporte que refleja el “Estado de la evidencia científica sobre Cannabis hasta agosto de 2015”.
De paso, desmitificó una afirmación reciente del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto: “yo me opongo a la legalización de la marihuana, porque es una droga de entrada” (Washington Post, 06/03/15).
“La evidencia hasta ahora no sustenta la afirmación de que el Cannabis cause el uso subsecuente de drogas más ‘duras’”, contraponen, y muestran tres estudios científicos para justificar su argumento.
Instituto de Regulación y Control del Cannabis, el precedente uruguayo
Los uruguayos crearon una institución sin precedentes: el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), el cual controla todas las etapas del proceso: importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización, distribución y uso de Cannabis y sus derivados. Además tiene facultades de investigación y fiscalización, y aplica sanciones por denuncia o de oficio.
Y su objetivo, como se dijo líneas arriba, es paternalista: “tiene por objeto promover y proponer acciones tendientes a reducir los riesgos y daños asociados al uso problemático de Cannabis”.
Y no se trata de negocio, al contrario, ni la publicidad se permite. El artículo 4º de la Ley 19.172 prohíbe “toda forma de publicidad, directa o indirecta, promoción, auspicio o patrocinio de los productos de Cannabis y por cualesquiera de los diversos medios de comunicación: prensa escrita, radio, televisión, cine, revistas, filmaciones en general, carteles, vallas en vía pública, folletos, estandartes, correo electrónico, tecnologías de internet, así como cualquier otro medio idóneo”.
El PRD propone un nuevo enfoque, pero no dice cuál
El pasado 8 de septiembre el Grupo Parlamentario del PRD en el Senado fijó su postura en el tema, ante la cercanía del periodo legislativo: “es momento de dar un nuevo enfoque a la política de drogas y abandonar una política prohibicionista que lo único que ha logrado es empoderar a los grupos delictivos”.
Y apostó por que el Gobierno Federal “asuma las experiencias como las que se establecieron en el gobierno del general Lázaro Cárdenas para regular el uso de drogas”.
¿Así de sencillo funciona?, ¿se puede transpolar un momento histórico a la realidad actual?
Hace 75 años el Presidente de la República, Lázaro Cárdenas, permitió el uso de drogas en México mediante Decreto con fecha 17 de febrero de 1940.
Pero los legisladores perredistas se acogen al clavo ardiendo, cimentados en conceptos que no se adecúan a la realidad ni a sus pretensiones. Su referencia es el “Reglamento Federal de Toxicomanías”, creado en 1931, el cual “establece como sistema la persecución y denuncia de los toxicómanos (así los define) y traficantes de drogas” (en ese orden de importancia unos y otros).
La Exposición de Motivos del Decreto señala que “la denuncia sólo se contrae a un pequeño número de viciosos (así los califica) y a los traficantes a corta escala, quienes por carecer de suficientes recursos no logran asegurar su impunidad”.
Y tanta candidez asusta. Interpretado a contrario sensu, sugiere que a partir de una determinada cantidad de dinero es posible evadir la ley. Infiere que sucede, y que es inevitable.
“El único resultado obtenido ha sido el encarecimiento excesivo de las drogas (pregunta: ¿cómo lo determinan, si no había un mercado formal?) y hacer que por esa circunstancia obtengan grandes provechos los traficantes” (¿y la salud pública, apá?).
Los Olvidados; ¿quién se ocupa de ellos?
Supongamos que México hace un copy-paste de la legislación uruguaya. Quién se ocupará, entonces, de satisfacer a los consumidores cautivos que la ley excluye; a Los Olvidados. Me refiero particularmente a los menores de 18 años, turistas, y quienes desean un consumo mayor a los 40 gramos mensuales controlados, por citar algunos.
Surtir a ese target group será un área de oportunidad para los grupos delincuenciales; el cuento de nunca acabar. Por lo demás, allá se fomenta la convivencia social. En México relega al marihuano como un ser apestado. Allá se apuesta a las relaciones de proximidad y apoyo entre las personas.
E imitar a Uruguay, después de todo, sería desastroso. Daría como resultado final marihuanizar la legalihuana.
¿Y en Coahuila?…
“Qué sucedería si legalizamos el uso de la mariguana; no solucionaría nada, y por el contrario incrementaría las adicciones de una manera terrible, en los que ni el Estado, ni ningún País tiene un sistema de salud que pueda atender las adicciones que fueran producto de la mariguana”
Rubén Moreira Valdez, Gobernador de Coahuila (VANGUARDIA, 09/09/15).
¿Cómo acceder a la mariGuana en Uruguay?
El uso es autorizado cuando provenga de cultivo doméstico, clubes de membresía y farmacias. El usuario deberá optar por un único origen de los tres posibles.
Los clubes de membresía deben constituirse como Asociación Civil, teniendo por objeto exclusivo la “plantación, el cultivo y la cosecha de plantas de Cannabis psicoactivo destinado al uso de sus miembros” en una sede única. Fuera de ahí está prohibido el desarrollo de dichas actividades.
Su licencia de funcionamiento tiene una vigencia de tres años, renovable a su vencimiento, y se permite un mínimo de 15 y máximo de 45 socios con constancia, inscritos en el Registro del Cannabis. Todos uruguayos, mayores de edad. Su identidad será reservada. La producción y el acopio anual del Club no podrán superar los 480 gramos anuales por socio.
Mediante cultivo doméstico se toleran seis plantas por cada casa-habitación (sin importar la cantidad de personas que habitan en la misma), mientras el producto de la recolección no supere los 480 gramos anuales. Sólo podrán ser titulares las personas físicas, capaces, mayores de edad, uruguayos por nacimiento o naturalización, siempre que se encuentren inscritas en el Registro del Cannabis. La vigencia es por tres años, renovable a su vencimiento. Podrán solicitar ser dados de baja en cualquier momento.
Y en las farmacias (vigentes a partir de 2016) se podrán adquirir hasta 10 gramos semanales con un máximo de 40 gramos mensuales para el uso personal. Los interesados deberán concurrir personalmente al local. Fuera de ahí está impedida la venta, también está prohibida a través de internet, vía telefónica, a domicilio y cualquier otra. Los lugares donde se guarde o conserve Cannabis no podrán encontrarse expuestos al público, como regla general.
¿Qué no se puede hacer en Uruguay?
No todo es permisibilidad. En Uruguay está prohibido fumar marihuana en espacios cerrados de uso público. En lugares de trabajo. En el transporte público. En centros de enseñanza, instituciones de salud y deportivas. Tampoco se puede conducir cuando se encuentren afectadas las capacidades debido al consumo de Cannabis, ni laborar cuando el trabajador tenga afectada su capacidad para la realización de sus tareas, debido al consumo previo.
@luiscarlosplata
