Ramón Oceguera: ¿termina una historia de impunidad?

Elementos de la Fiscalía General de Coahuila detuvieron ayer al exalcalde de Ramos Arizpe, Ramón Oceguera, a quien se acusa de haber cometido delitos en contra de la hacienda pública en la época en la cual se desempeñó como Presidente Municipal.

La detención, a primera vista, puede leerse como un producto de la lucha en contra de la corrupción, conducta que fue ampliamente documentada cuando Oceguera estaba al frente de la administración de Ramos Arizpe.

En su momento, VANGUARDIA publicó múltiples episodios relativos a excesos en el ejercicio del poder por parte del exalcalde, quien además es empresario y habría aprovechado su posición para incrementar el valor de sus propios negocios.

Nada nuevo, por lo demás, en el devenir de la política mexicana. Lo común, en realidad, es que nos encontremos con historias de individuos que, dedicados originalmente a los negocios, incursionan en la política para afianzar sus trayectorias empresariales.

De acuerdo con las crónicas de la época, esta parece ser la historia de Ramón Oceguera, quien encontró tierra fértil en la administración estatal de Humberto Moreira para convertirse, primero, en candidato a la Presidencia Municipal de Ramos Arizpe y, después, en alcalde entre 2010 y 2013.

Han pasado casi siete años desde que Oceguera concluyó su mandato y las autoridades investigadoras requirieron todo ese tiempo para integrar en su contra un expediente que concluyera con su arresto. Es de esperarse que la prolongada preparación implique el armado de un expediente robusto.

La acusación es relevante: se trata de una que implica haber utilizado los recursos del erario en beneficio propio y, al menos en teoría, eso quiere decir que el señalamiento deriva de dictámenes contables en los cuales se demuestra el desvío de recursos de la hacienda pública.

El arresto de Oceguera, por otra parte, implicaría impedir que los presuntos delitos por él cometidos quedaran en la impunidad, tal como suele ser la regla -y no excepción, por desgracia- en nuestra experiencia como sociedad.

Aún falta, desde luego, que el Ministerio Público presente ante el juez de la causa las pruebas que acrediten los delitos de los cuales se acusa al exmunícipe y que ello sirva para obtener en su contra una sentencia condenatoria. Mientras ello no ocurra, es obligado considerarle inocente.

Valdría la pena que este episodio implicara un parteaguas en la historia de impunidad que ha caracterizado largamente al ejercicio del poder público en la entidad y que pudiera ser interpretado por la ciudadanía como un momento de quiebre en el récord de la impunidad largamente documentada.

Habrá que seguir con atención los episodios siguientes en esta historia y la forma en la cual, eventualmente, puede convertirse en un punto de inflexión en el comportamiento en la cadena de excesos que, todavía hoy, siguen caracterizando el ejercicio de los cargos gubernamentales en nuestra entidad y nuestro país.