Recurrir al amparo, interpondrán queja ante la CNDH
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Se oponen terminantemente a que los servicios subrogados sean trasladados a hospitales del Estado
Maestros integrantes de la Coalición de Trabajadores de la Educación Pública del Estado, señalaron que luego de que el 25 de mayo la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la resolución mediante la cual inválido varios artículos de la Ley del Servicio Médico de Trabajadores de la Educación, entre ellos eliminar los copagos, la decisión que plantea la Sección 38 del SNTE para trasladar los servicios subrogados a hospitales del Estado, contraviene una vez más a los principios constitucionales sobre el derecho humano de la salud y a la seguridad social.
Al argumentar que se trata de hospitales de asistencia social y no de seguridad social, los integrantes de la Coalición de Trabajadores de la Educación de Coahuila, rechazan que se traslade parte de sus servicios a los Hospitales Generales del Estado, pues consideran que no se trata de un servicio de la misma calidad.
Por lo que señalaron que podrían recurrir a un recurso de amparo o apelación ante la Suprema Corte de Justicia a la decisión que han puesto sobre la mesa la dirigencia de la Sección 38 del SNTE.
“El secretario general de la Sección 38 no representa los intereses de los trabajadores de la educación. Los jubilados y activos de la UAdeC y de la Narro, tenemos nuestros propios órganos de representación y queremos dejar muy claro que la decisión que tome el señor Xicoténcatl de la Cruz, no representa los intereses de quienes estamos aquí, incluso esto puede llevar a acciones legales porque no puede desconocer un organismo de seguridad social”, apuntó Roxana Cuevas, integrante de la Coalición.
Otra de las acciones que refirió el representante legal de la coalición, Salvador Ponce Ortiz, se trataría de una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, además de presentar impugnaciones ante la Comisión de Conciliación y Arbitraje del Servicio Médico.
Sostuvieron que estarían dispuestos al diálogo con las autoridades estatales, siempre y cuando se incluya a los grupos y asociaciones de trabajadores activos y jubilados del sistema educativo estatal.
