Tomás Yarrington, ¿enfrentará la justicia?
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La nota del fin de semana fue la detención, en la muy famosa ciudad italiana de Florencia, del exgobernador tamaulipeco Tomás Yarrington, a quien se acusa en nuestro País de haber cometido, entre otros, los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La captura de Yarrington, según informó este domingo la Procuraduría General de la República, se efectuó a partir de la existencia de una “ficha roja” solicitada a la Interpol luego de que un juez mexicano librara orden de aprehensión en su contra.
El arresto del exmandatario constituye el primer paso para que pueda ser sometido a juicio en México, pero antes de eso debe ser extraditado a nuestro País y ése es un procedimiento técnico cuya correcta ejecución implica la diferencia entre la impunidad y la posibilidad de castigar los delitos presuntamente cometidos.
Y esto es necesario recalcarlo porque la experiencia en este tipo de casos no da para documentar el optimismo, pues las autoridades mexicanas suelen mostrar incompetencia a la hora de armar los casos y, sobre todo, al momento de exhibir las pruebas con las cuales pretende demostrar sus acusaciones.
En más de una ocasión en el pasado, aún cuando logra realizar de manera eficaz el proceso de extradición, el caso “se le cae” a la PGR cuando sus fiscales llegan ante los jueces y deben probar que, efectivamente, se cometió un delito y que existe evidencia para condenar al inculpado más allá de cualquier duda razonable.
Habría que preguntarle a la Procuraduría si en el caso de Yarrington realmente ha reunido evidencia suficiente para demostrar que éste ha incurrido en los delitos que se le imputan y no, como ha ocurrido en el pasado, se trata simplemente de expedientes armados por consigna.
El más reciente ejemplo de esta conducta lo hemos visto los coahuilenses en el vecino Estado de Nuevo León, en donde el exmandatario Rodrigo Medina fue acusado de múltiples delitos, e incluso fue arrestado el pasado mes de enero, pero sólo durante algunas horas, pues un juez federal ordenó ponerlo en libertad.
Adicionalmente, el exmandatario ha logrado que prácticamente todos los delitos de los cuales se le acusó originalmente sean desestimados por las autoridades judiciales debido, esencialmente, a que los expedientes fueron armados con deficiencia por el Ministerio Público.
Por ello, antes de echar las campanas al vuelo por la detención de Tomás Yarrington, habríamos de esperar a conocer la posición de la PGR y a que se realicen las audiencias del caso a fin de estar seguros que no estamos ante otra pifia en potencia.
La Procuraduría General de la República nos ha decepcionado en múltiples ocasiones en el pasado con casos con el de Yarrington. La verdad, no existen razones para creer que ésta podría ser una historia con final distinto.
