Tráfico de medicamentos, ¿alguien investiga?

Una de las preguntas que cualquier ciudadano se hace, frente a reportes periodísticos como el que publicamos en esta edición, es ¿cómo es posible que los medios de comunicación puedan documentar, con enorme facilidad, un delito cometido a la luz del día, pero las autoridades responsables de investigar dichas conductas no hagan nada al respecto?

En efecto, como lo documentamos en esta edición, existen personas que a través de redes sociales ofertan “botiquines” confeccionados con medicamentos para cuya adquisición es necesario –de acuerdo con las normas oficiales mexicanas– la presentación de una receta médica.

Pero no sólo eso, sino que la mitad de los medicamentos que integran el “botiquín” corresponderían a lotes adquiridos por el Sector Salud y que no pueden ser comercializados, sino distribuidos de forma gratuita en los hospitales y clínicas del IMSS, el ISSSTE o la Secretaría de Salud.

Para decirlo con toda claridad, quien está comercializado a través de Facebook tales medicamentos los ha obtenido merced a un robo perpetrado en contra del sector salud, sea directa o indirectamente.

¿Cómo es posible que una persona se atreva a “comercializar”, como si de cualquier objeto lícito se tratara, un producto robado, que además requiere receta médica para su venta, que lo haga sin el menor empacho y a través de redes sociales?

Peor aún: ¿cómo es posible que las autoridades responsables de investigar y perseguir delitos no se hayan percatado de esta irregular actividad e iniciado –de oficio, por supuesto– una indagatoria tendiente a desmantelar esta operación que nos agravia por vía múltiple?

Existe, desde luego, una pregunta adicional y es la relativa a si las instituciones del Sector Salud han presentado ya una denuncia penal por el robo perpetrado en sus almacenes, pues no se explica de otra forma el hecho de que estén circulando clandestinamente medicamentos que fueron adquiridos con cargo al presupuesto público.
En todo caso, una vez puesto al descubierto el hecho cabría esperar una rápida, eficaz y contundente acción, tanto de la Procuraduría General de la República, como de la Procuraduría General de Justicia de Coahuila, a fin de indagar los hechos y, en su caso, enderezar las denuncias penales en contra de quien o quienes resulten responsables.

Lo que no puede ocurrir, lo que sería absolutamente inaceptable, es que no pase absolutamente nada, es decir, que los ciudadanos terminemos constatando cómo, en este caso, se formaliza una más de las muchas islas de impunidad que existen en nuestro País.

No estamos hablando de un asunto trivial, sino de uno sumamente delicado. Son múltiples las conductas delictivas que pueden asociarse a este caso, que puede constituir la punta de una intrincada madeja de corrupción que implique a empleados del propio Sector Salud, o de los laboratorios que elaboran los medicamentos que se distribuyen a través del mismo.

Habrá que esperar pues, a que las autoridades responsables de procurar justicia tomen la palabra y lo hagan para defender el interés colectivo.