Y la oposición en Coahuila, ¿cuándo se comportará como tal?

Si usted es de los que sigue pensando que la oposición al partido en el poder tiene mayoría en el Congreso de Coahuila por primera vez en la historia, le tengo noticias: no es así. Ya no. Y si acaso la hubo, duró lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks, parafraseando a Sabina.

El pasado miércoles 14 de febrero los diputados presuntamente antagonistas al PRI: Édgar Gerardo Sánchez Garza (UDC), Elisa Catalina Villalobos Hernández (Morena) y Claudia Isela Ramírez Pineda (PRD), plurinominales los tres, votaron en contra de que se presentase a comparecer en el recinto legislativo la titular de la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (Dipetre) en un plazo no mayor a 15 días, y explicase las irregularidades por mil 494 millones de pesos observadas en la cuenta pública de 2016.

Con su decisión, secundada por las priístas Boreque Martínez, Esperanza Chapa y Josefina Garza, se impusieron seis votos contra cinco y bloquearon el ejercicio de rendición de cuentas propuesto a la Diputación Permanente (que nació, originalmente, de una petición hecha por profesores afiliados a la Sección 38 del SNTE, la UAdeC y la UAAAN).

El PRI-Gobierno es el corruptor en la entidad, ni duda cabe. Sus diputados desempeñan un papel y no se salen del guion: ser tapadera de todo lo irregular que señalen a sus administraciones. Al costo que sea. Lo sabemos y hasta cierto punto lo asumimos como un mal necesario de nuestra democracia.

Pero, y la oposición, ¿cuándo se comportará como tal?
Los que deben ser diferentes por simple asimetría, ya no digamos por un tema deontológico, dejaron ver el fierro de la hacienda en sus cuerpos: “no me voy a prestar a revanchismos políticos”, manifestó la perredista. La representante de Morena, en cambio, apeló al formalismo para rechazar el punto de acuerdo, argumentando que “se trazó una ruta de trabajo” para atender el caso y ésta debía seguirse a pie juntillas. Dándole largas, pues. El udecista, por su parte, votó y ni pío dijo como consta en el Diario de los Debates.

En este mismo espacio se publicó el 17 de diciembre: el Congreso contrapeso del Poder Ejecutivo es una utopía difícil de materializar.

Nada aporta que los partidos nodriza, Morena y UDC, expulsen de su seno a los involucrados. Cortar la relación es útil a ellos como organización política para lavarse las manos por el descrédito que les ocasiona pero no sirve a nosotros, los ciudadanos, ya que, sin fracción parlamentaria que representar, los diputados locales tendrán vía libre para sumarse de facto con el PRI, quien inició con 10 curules el 1 de enero y 45 días después ya tiene 13. Se granjeó una por quincena.

Morena, PRD y UDC dirán que cada legislador es libre, que no se les impone una línea a seguir porque, a diferencia de otros partidos, no son “Juanitos” ni “Juanitas”. En los tres casos, no obstante, se trata de posiciones obtenidas mediante la representación proporcional. Diputados de partido, como también se les conoce. Y la votación alcanzada para lograr esas curules, en gran medida, se obtuvo con un discurso anti-PRI-Gobierno. Resulta incongruente, por llamarlo de alguna manera, que sus representantes –y de todos nosotros, por consecuencia– se sumen al PRI una vez instalados en el recinto parlamentario. Como si fuesen independientes. Como si la obligación electoral se borrase.

Cortita y al pie
Nos encontramos, por lo demás, ante un problema de legitimidad: 587 mil 534 ciudadanos (sumando las boletas de PAN, Morena, UDC y PRD) votaron el 4 de junio para que los representasen legisladores de oposición, contra 432 mil 642 sufragios que obtuvo el PRI. Convertidos en representantes, sin embargo, hay 13 oficialistas contra 12 opositores. 

Se ha tergiversado, por tanto, la voluntad depositada en las urnas.
Mientras la tendencia nacional es la debacle del PRI (como lo proyecta la encuesta de Grupo Reforma publicada el jueves 15 de febrero), en Coahuila éste se empodera con marrullerías como abducir diputados de “oposición”. Y lo peor de todo: se veía venir.

La última y nos vamos
Por otro lado, el martes 13 de febrero la fracción parlamentaria del PAN interpuso una acción de inconstitucionalidad en el Tribunal Superior de Justicia del Estado para que resuelva éste la validez o no de la reforma a la Ley Orgánica del Congreso realizada el 27 de diciembre del año anterior, con la cual impuso el PRI candados a la labor legislativa, anticipándose a perder la mayoría en la siguiente Legislatura.

Ahora bien, por qué los panistas no presentaron su demanda en la Suprema Corte de Justicia de la Nación si cumplían con el requisito fundamental: ser 33 por ciento de integrantes de la Legislatura. ¿Por qué acudir a la justicia local, administrada por militantes priistas con toga de magistrado como Juan José Yáñez Arreola o Iván Garza García?

El plazo para recurrir a la justicia federal era de 30 días posteriores a la fecha de publicación de la Ley impugnada (29 de diciembre); es decir, venció el 28 de enero. Los diputados, en cambio, presentaron el documento 46 días después, considerando que la justicia local da un plazo mayor, de 60 días. ¿Acaso se les pasó el término?

Con su estrategia jurídica –si se le puede llamar así– convirtieron a los priistas en autoridad máxima, pese a que no lo eran. Será cosa juzgada lo que resuelvan estos y no habrá una instancia superior a la cual recurrir. ¿Calcularon eso?

Repito la pregunta: y la oposición, ¿cuándo se comportará como tal?

@luiscarlosplata