Denuncia diputada desalojos arbitrarios en Acuña; pide intervención de las autoridades

Al menos 100 familias de la colonia Santa Teresa en Ciudad Acuña han sido víctimas de desalojos arbitrarios debido a un juicio hipotecario interpuesto ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia en Materia Civil con Especialización Hipotecaria de Saltillo.

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Este proceso ha sido promovido por despachos jurídicos que adquirieron carteras vencidas de viviendas que los afectados compraron de manera legítima hace más de 25 años.

Lo anterior fue denunciado por la diputada Zulma Guerrero en el Congreso de Coahuila, logrando el respaldo de la diputación permanente para solicitar la intervención del Consejo de la Judicatura y del Instituto Estatal de Defensoría Pública del Poder Judicial de Coahuila.

El objetivo es esclarecer los procedimientos irregulares que están provocando estos desalojos injustificados.

Guerrero explicó que las familias afectadas, en su mayoría de la clase trabajadora, adquirieron casas de interés social, pero no recibieron las notificaciones del proceso de lanzamiento en tiempo y forma. Además, los responsables de cobrar la deuda no fueron claros, lo que generó confusión sobre a quién se debía realizar el pago y provocó irregularidades en la escrituración.

“Todo ello dio pie a una serie de procedimientos injustos e inconstitucionales que escalaron hasta el desalojo, una situación que afecta profundamente a las familias trabajadoras que han cumplido durante años con sus obligaciones”, señaló la diputada.

El líder de la UDC y exalcalde de Acuña, Lenin Pérez Rivera, acudió al recinto legislativo para respaldar la denuncia de Guerrero y señaló que los juicios se están llevando a cabo en Saltillo sin que los afectados hayan sido debidamente notificados. También indicó que esta problemática no solo afecta a las familias de Acuña, sino que se ha presentado en otros municipios de la región sureste de Coahuila y La Laguna.

“Cuando fui diputado federal, denunciamos esto en la Cámara de Diputados e incluso se encarceló a magistrados, uno en Torreón y otros en Nayarit, porque realizaban juicios ‘fast track’ para despojar de sus viviendas a los trabajadores. Esta misma práctica es la que se está llevando a cabo en Coahuila”, declaró Pérez Rivera.

Los afectados son en su mayoría adultos mayores, algunos de entre 65 y 70 años, quienes ya no tienen la capacidad de acceder a otro crédito. Según Pérez Rivera, los créditos hipotecarios, inicialmente adquiridos por distintas instituciones, fueron transferidos entre diversas entidades financieras, lo que generó confusión en los pagos y contribuyó a la actual situación.

“La gente quiere pagar, no estamos llamando a la morosidad ni a que se queden con las casas sin pagar, pero no es válido que, de la noche a la mañana, aparezca una sentencia definitiva que otorgue la propiedad a un nuevo dueño”, explicó.

Por su parte, la diputada Zulma Guerrero enfatizó que este tipo de esquemas, a menudo mal fundamentados o fraudulentos, dejan a los habitantes sin protección ante abusos legales.

“Por ello, es urgente que el Consejo de la Judicatura y el Instituto Estatal de Defensoría Pública, como órganos encargados de garantizar el acceso a la justicia y el respeto a los derechos humanos, intervengan para revisar las particularidades del caso. Se debe garantizar el derecho de audiencia, la defensa legal adecuada y el pleno respeto a los derechos de las personas afectadas por estos procedimientos irregulares”, concluyó.