Alerta diputado de Coahuila por crisis de seguridad en la carretera 57; advierten riesgos para viajeros y economía

La carretera federal 57, considerada uno de los ejes logísticos más relevantes del País, enfrenta un deterioro crítico en materia de seguridad, al registrar un incremento sostenido de delitos que la han convertido en una ruta de alto riesgo para transportistas y automovilistas.

El diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira Valdez, advirtió que esta vía —clave para el flujo comercial entre el norte, el centro y la frontera con Estados Unidos— opera actualmente bajo condiciones que ponen en riesgo tanto la integridad de los usuarios como la estabilidad económica de la región.

En el contexto del periodo vacacional de Semana Santa, el legislador emitió una serie de recomendaciones preventivas dirigidas a la ciudadanía, entre ellas evitar traslados nocturnos, abastecerse de combustible únicamente en estaciones seguras, mantenerse alerta ante posibles objetos sospechosos en la vía —como los denominados “ponchallantas”—, así como extremar precauciones en casetas, paradas y zonas de descanso.

VIOLENCIA EN CARRETERA IMPACTA EN COMPETITIVIDAD

La problemática no solo representa un desafío en términos de seguridad pública, sino que comienza a reflejarse en la competitividad del sector productivo. De acuerdo con Arturo Reveles Márquez, presidente de Canacintra Coahuila Sureste, la situación ha rebasado la capacidad operativa de la Guardia Nacional, generando incertidumbre en torno a inversiones estratégicas.

Si bien dentro de Coahuila los incidentes de alto impacto no son predominantes, el riesgo se incrementa considerablemente en tramos ubicados en San Luis Potosí y Estado de México, donde se concentra la mayor incidencia delictiva.

Durante el programa “Con peras, manzanas y naranjas”, Moreira Valdez, acompañado de los abogados Miguel Sulub y Julián Proa, señaló que este fenómeno no es aislado, sino parte de una dinámica delictiva estructurada que se replica en diversas carreteras del país.

“Todo el mundo sabe dónde están asaltando. Es increíble la indolencia de muchos gobernadores que no están haciendo absolutamente nada para garantizar la seguridad de los ciudadanos”, expresó el legislador.

COSTOS MILLONARIOS Y URGENCIA DE ACCIÓN

Datos expuestos por Julián Proa revelan que cada año se abren más de 10 mil carpetas de investigación por delitos en carreteras, aunque la cifra real podría alcanzar hasta 16 mil robos anuales, lo que equivale a un ilícito cada 51 minutos. Además, alrededor del 70 por ciento de estos casos se cometen con violencia.

El impacto económico supera los 7 mil millones de pesos anuales, afectando directamente a empresas, transportistas y consumidores, al elevar los costos logísticos y repercutir en el precio final de bienes y servicios.

Entre los puntos más críticos destacan San Luis de la Paz, el corredor del Bajío entre Querétaro y San Luis Potosí, así como los tramos de Matehuala y Monterrey.

Ante este panorama, se planteó la necesidad de reforzar los operativos de vigilancia mediante una coordinación efectiva entre la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia, además de exigir mayor responsabilidad a los gobiernos estatales en el combate a estos delitos.

Moreira Valdez subrayó que la carretera 57 representa la columna vertebral del autotransporte nacional y advirtió que, en las condiciones actuales, transitar por ella implica un riesgo elevado.

“El País no puede seguir normalizando esta situación. Se requiere acción inmediata para devolver la seguridad a nuestras carreteras”, concluyó.