Autoridades frenan trámites urbanos con argumentos contrarios a la ley y a la lógica del desarrollo

La negativa de autoridades municipales para autorizar trámites urbanos cuando los predios involucrados tienen algún gravamen ha comenzado a generar una ola de cuestionamientos por parte de empresarios, abogados y ciudadanos. Esta práctica —ya repetida en distintos municipios del Estado— contraviene lo que establece la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y podría estar afectando proyectos con sustento legal y financiero legítimo.

El artículo 158 de dicha ley establece como requisito la presentación del certificado de libertad de gravamen expedido por el Registro Público de la Propiedad, sin que en ninguna parte se condicione a que el inmueble esté libre de afectaciones. En otras palabras, el certificado es una herramienta informativa, no un filtro restrictivo.

TE PUEDE INTERESAR: Concede PJF ‘juez a modo’ a contraparte en caso VANGUARDIA

“El propósito del certificado es que la autoridad sepa quién es el propietario y qué situación registral tiene el bien. Pero el hecho de que un predio esté hipotecado no lo hace inoperante. El dueño sigue teniendo la facultad legal de construir, subdividir o urbanizar”, explicó un abogado del sector inmobiliario. “La hipoteca no elimina el derecho de dominio, lo condiciona únicamente si hay incumplimiento”.

Incluso, especialistas consultados afirman que construir sobre un predio hipotecado puede representar una ventaja para el acreedor, ya que las mejoras aumentan el valor de la garantía. “Es una práctica común y sana en cualquier economía formal: el desarrollador financia su proyecto poniendo el terreno en garantía. Negarle los permisos por estar hipotecado es, en la práctica, bloquear el modelo mismo de inversión inmobiliaria”, añadió el jurista.

En Saltillo, esta interpretación restrictiva ha comenzado a ser aplicada de forma sistemática, afectando tanto a particulares como a empresas con historial comprobado de cumplimiento. Lo preocupante es que, según diversos actores del sector, las decisiones no siguen una lógica jurídica uniforme ni responden a criterios técnicos publicados. En cambio, se percibe un patrón: ciertos grupos enfrentan trabas constantes mientras otros, con perfiles cercanos al poder político o económico local, obtienen autorizaciones sin mayores contratiempos.

En el caso de Grupo Vanguardia, por ejemplo, se ha documentado informalmente que existen restricciones no escritas para autorizar trámites relacionados con sus inmuebles, lo cual alimenta la sospecha de que algunas decisiones responden a consignas dictadas por actores externos al aparato municipal.

“Cuando no hay base legal para negar un trámite, y aun así se niega, es porque alguien está decidiendo desde fuera de la ley. Esa es una forma de persecución institucionalizada”, comentó un exfuncionario estatal que pidió el anonimato.

Mientras tanto, el sector privado comienza a preparar recursos legales y llamados públicos para exigir que se respete la legalidad y se eviten prácticas discrecionales que afectan la certeza jurídica. En un contexto donde se busca reactivar la economía, cerrar las puertas al desarrollo legítimo y financiado bajo esquemas formales no solo frena proyectos: erosiona la confianza en las instituciones.

Y en Saltillo, esa confianza solo podrá recuperarse cuando el Estado de derecho deje de estar supeditado a los intereses de unos cuantos.