Avala Cámara de Diputados propuesta de diputado de Coahuila para castigar a montadeudas

La Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados avaló esta semana la propuesta del diputado federal por Coahuila, Jericó Abramo Masso, para sancionar de uno a cuatro años de prisión y multa de 50 mil a 300 mil pesos, a quien lleve a cabo la actividad de cobranza extrajudicial ilegal.

“Esta iniciativa evitará que millones de familias caigan en las garras de estos agiotistas disfrazados de empresas y que son entes ilícitos que se dedican, bajo el idioma financiero, a prestar dinero con altas condiciones de crédito de casi el 250 por ciento de interés anual”, señaló el integrante del Grupo Parlamentario del PRI.

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Explicó que el atractivo de los fraudes es la rapidez para obtener los recursos vía trasferencia electrónica, motivo por el cual esta modalidad de préstamo y extorsión, conocida como “montadeudas”, han tenido un crecimiento exponencial.

“Te prestan 5 mil pesos y al cabo de un año ya debes 50 mil y te empiezan amenazar con tu propia información entre contactos de gente conocida. Es un delito grave, no es posible que estén funcionando esta entidades debido a que no tienen ninguna regulación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no existen en la ley”, lamentó.

A nivel nacional, más de 85 mil personas han sido víctimas de empresas prestadoras de crédito “montadeudas“, de ellas más de 10 mil personas de Coahuila han sufrido este tipo de fraude, informó el legislador.

Asimismo, señaló que el problema es que el monto de la deuda del préstamo solicitado, se vuelve impagable. Esto, anotó, dando paso a la extorsión y cobranza ilegal, al amenazar al deudor con exhibir sus fotografías o llamar a sus contactos para cobrarles y difamarlas.

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Agregó que su planteamiento para modificar el cuarto párrafo del artículo 284 Bis del Código Penal Federal, es producto de una demanda colectiva social a raíz de más de 500 mil fraudes detectados por diferentes instituciones.

Este agiotismo debe investigarse y sancionarse con reformas a los artículos 106 y 111 de la Ley de Instituciones de Crédito que impida la existencia de ese tipo de entes de préstamo que cometen extorsiones con el cobro de altos intereses fuera de toda proporción.