Crisis de confianza en México a la alza: CPC del Sistema Nacional Anticorrupción

Coahuila
/ 5 diciembre 2022

El combate contra la corrupción debe centrarse en la calidad de vida de las personas más que en el uso programático de planes y proyectos

Saltillo, Coah.- La presidencia del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción aseguró este lunes que la desconfianza de los mexicanos en los servidores públicos va en incremento e impide que la sociedad se involucre en la toma de decisiones relacionadas con el rumbo del país.

“Para nadie es un secreto que nuestro país vive, ya desde hace mucho, una crisis de confianza, además creciente por parte de los ciudadanos hacia sus autoridades, que difícilmente la sociedad civil puede involucrarse en la toma de decisiones de sus autoridades”, detalló Francisco Raúl Álvarez Córdoba.

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción dijo que las instituciones públicas en México son percibidas muy alejadas a las necesidades más importantes y apremiantes de las personas, “y obviamente que esta situación y la corrupción como problema público afecta el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de las y los mexicanos”.

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En el año 2018, fue creada la Política Nacional Anticorrupción como un instrumento orientado a coordinar esfuerzos nacionales para controlar, detectar y erradicar el fenómeno de la corrupción.

Álvarez Córdoba consideró que el control y la lucha contra este fenómeno es que su erradicación debe enfocarse en el combate a la impunidad, desde la arbitrariedad y el abuso de poder, promover una mejora en la gestión e involucrar a sociedad civil y sector privado.

“En un estado abierto se propugna porque cada vez haya mas instituciones sensibles y receptivas para poder permear un esquema de calidad y efectividad de las instituciones que pongan en el centro de la atención a las personas. Ser capaces de crear relación honesta y colaborativa entre ciudadanos y autoridades”, expresó.

Álvarez Córdoba propuso centrar la lucha anticorrupción en observar como se afecta la calidad de vida de las personas y como pueden estas ejercer con libertad sus derechos fundamentales y no desde el uso programático de cumplimiento de planes y políticas.

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