Dejan en prisión preventiva al ex alcalde de Parras, Ramiro Pérez, por arrendamientos irregulares durante su administración

Luego de una audiencia de más de cinco horas, una juez de control procedió a vincular a proceso al ex alcalde de Parras de la Fuente, Coahuila, Ramiro Pérez Arciniega, por ejercicio abusivo de funciones en modalidad de arrendamiento ilegal de bienes, y lo dejó en Prisión preventiva por lo menos dos meses más.

En los datos de prueba de la investigación de la Fiscalía informó a la juez de control que el exalcalde habría realizado contrataciones por invitación directa con proveedores que se encontraban fuera del padrón de proveedores del Ayuntamiento.

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La investigación indica que las contrataciones se realizaron durante el 2019 a dos proveedores por el arrendamiento de automóviles primero por un contrato de 855 mil y después por otro de 250 mil pesos a dos personas de una misma familia.

En este supuesto, la Fiscalía acreditó además que las personas que habrían brindado los servicios forman parte de una sola familia, y que el procedimiento a través del cual se volvieron proveedores por invitación directa no cumplió con los parámetros de la Ley de Adquisiciones.

Sin embargo, después la misma fiscalía identificó que hubo otra serie de cotizaciones que se con otras tres empresas por montos de 15 mil y de 250 mil pesos, con empresas que no se dedican al arrendamiento de automóviles como es el caso de AutoZone, y con las cuales querían acreditar la moción de la “invitación directa” en la que se debe considerar a más de tres personas.

En la presentación de la información, los agentes del Ministerio además alegaron que durante la investigación se percataron de que en el Ayuntamiento al frente de Ramiro Pérez, no hizo entrega del padrón de proveedores del 2019 al proceso de entrega y recepción con la nueva administración, como sí hicieron entrega del padrón del 2020 y 2021, por lo cual se podría identificar un dolo.

Por su parte, la defensa hizo una serie de manifestaciones, donde alegó que aunque el exalcalde sí realizó las firmas en los contratos que derivaron en la investigación de la Fiscalía, Pérez Arciniega no tenía dentro de su facultad la revisión total de la legalidad del contrato con los proveedores que al final sí existían, pero no estaban actualizados en el padrón.

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“Para eso existen unidades encargadas de que todo lo que obre en los contratos esté bajo los parámetros. Es como si dentro de las facultades que tiene en su calidad de alcalde, le dieramos tareas de seguridad pública en calidad de policía”, manifestaron los defensores de Ramiro Pérez.

Ante esta manifestación, la juez dijo que en la eficacia de las funciones, es determinante que cualquier persona deba revisar el contenido de cualquier tipo de documento que firma, más aún cuando se tengan estos efectos.

Por otro lado, los defensores criticaron que la Fiscalía no buscó en ningún momento si los proveedores se encontraban dados de alta en el Registro Público del Comercio, aún cuando la indagatoria fue iniciada desde el 2022.

Además recalcaron que los señalamientos de la Fiscalía que se presentaron en la audiencia de vinculación tuvieron una serie de aumentos de información que no fueron notificados en la imputación, y deberían de ser parte de una investigación para aplicación de responsabilidades administrativas y no necesariamente calificadas como comisión de delito.

También en un inicio habían manifestado, que en caso de que este caso pudiera investigarse, debería ser la Fiscalía General de la República quien investigara y a quien se debió turnar para aplicar el fuero federal e identificar si había un tipo penal que perseguir en el caso, pues los recursos de los que se habla en la indagatoria, provenían de un fondo federal; el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, que nunca recaen en las arcas públicas.

Tras escuchar todas las manifestaciones, la juez María Antonieta Leal manifestó que los datos de prueba fueron suficientes para iniciar un proceso de investigación complementaria al hacer suponer que el delito si pudo haberse cometido.

Por ello procedió a la vinculación a proceso y aprobó un plazo de dos meses de investigación desechando los cuatro que la Fiscalía había solicitado.

Durante ese tiempo la Fiscalía realizará entrevistas con ex empleados del ayuntamiento, revisará si existen los vehículos que llevaron a la indagatoria y realizarán otra serie de Periciales.

En esta audiencia, la juez aprobó que debido a que el delito ya es considerado como grave en las últimas reformas, el exalcalde debe permanecer en prisión preventiva oficiosa hasta en tanto se resuelva su situación jurídica.