Estudiantes de Derecho de la UAdeC realizan ‘Simulador Legislativo’ en Saltillo

Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón, asumieron el papel de diputadas y diputados para presentar iniciativas en materia de seguridad y educación; la primera fue rechazada y la segunda aprobada, para su presentación al Congreso del Estado.

En el Simulador Legislativo participaron 25 hombres y mujeres representando a los partidos Rosa, Naranja, Azul, Verde, Rojo y Amarillo, quienes durante casi 2 horas analizaron y discutieron las propuestas.

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En la sesión, desde la tribuna legislativa, Alejandro Herrera, del Partido Naranja, presentó la iniciativa de adiciones a los artículos 203 y 209 Ley del Sistema de Seguridad Pública de Coahuila, para que los sistemas de seguridad privada y de particulares se enlacen a los sistemas de video-vigilancia del Gobierno del Estado y de los municipios, con el argumento de reforzarían los mecanismos de seguridad.

Sin embargo, 16 legisladoras y legisladoras votaron en contra porque no había certidumbre de que las cámaras fijas y móviles incorporadas garantizaran la privacidad y la reserva de datos personales de las familias y podrían dar lugar a violaciones de derechos humanos.

Itzel Domínguez, del Partido Naranja, presentó la iniciativa para adicionar los artículos 43 Bis y 45 Bis y la fracción V al Artículo 46 de la Ley Estatal de Educación para establecer el Protocolo de Detección y Atención Temprana en la Educación Especial, para ubicar a alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes, súper dotados o con talento extraordinario para su adecuada enseñanza.

Esto deberá acompañarse de orientación a los padres o tutores del alumnado en nivel Básico, Medio Superior, Regular y Especial brindada por personal de las secretarías de Educación y de Salud, en tanto que el personal docente recibiría capacitación para potenciar los conocimientos y habilidades de alumnas y alumnos.

Los docentes de Preescolar y Primaria, deberán ser capaces de detectar a niñas y niños con necesidades educativas especiales, discapacidad transitoria o definitiva o aptitudes sobresalientes.

Pedro Tadeo, quien votó en contra, argumentó que no hubo consulta previa directamente con el grupo o sector vulnerable para quienes está dirigida la iniciativa, de manera que sería impugnable.