Fondos de offshore dejaron de existir en 2013: Guadiana
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Armando Guadiana, desde el Senado de la República, aseguró que sí invirtió en fondos offshore en 2008, pero ese esquema financiero está extinto desde 2013 cuando la autoridad de los Estados Unidos declaró quebranto de la entidad financiera, y por lo tanto no tenía por qué estar dentro de su declaración patrimonial actual, además que no tiene por qué solicitar licencia como Senador de Coahuila.
De acuerdo con los documentos de Pandora Papers, Guadiana abrió un fideicomiso en Islas Vírgenes Británicas llamado The Hawaii Trust con 50 mil acciones de la empresa Atlantic Industries International Limited, y se hizo con un agente de Alcogal con un depósito inicial de 250 mil dólares.
“Surgió a raíz de un proyecto minero en Colombia, se creó esta entidad de la que hablan. Se creó para que pudieran invertir gente de Colombia, Estados Unidos y nosotros de México, un servidor y otras personas”, dijo Guadiana.
De acuerdo con el Senador, los impuestos respectivos de ese dinero invertido en offshore habían sido pagados previamente en México porque representaban sus ganancias, además, en el 2013, cuando en Estados Unidos se declaró la quiebra de Stanford sólo recuperó una parte, y el resto -no especificó montos-, lo perdió.
“Se crea en el 2008 y se extingue en el 2009. ¿Por qué? Porque se creó en una casa de valores de un sistema bancario de offshore norteamericano y que al final de cuentas quebró el banco y se extinguió la institución. En febrero de 2013 se oficializó la quiebra”, explicó.
Dijo que la Ley de Lavado de Dinero entró en vigor en el año 2011, por lo tanto, no aplicaba aún para ese modelo de inversión, y si bien el fideicomiso no se encuentra en sus declaraciones patrimoniales públicas, es porque éstas datan desde que asumió como Senador de la República a partir del 1 de septiembre de 2018, y el fideicomiso es de 2008, pero además está extinto y no tenía por qué declararse.
Explicó que aún cuenta con el proyecto de explotación de carbón en Colombia y tiene concesiones -a nombre de empresas mexicanas- de una reserva de 15 millones de toneladas de carbón en el municipio de Tibú, del departamento de Santander, que es frontera con Venezuela.