Ignorar petición ciudadana en Coahuila; motivo de castigo
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El derecho de petición establecido en la Constitución Política del Coahuila es un ejercicio de la función pública que suele omitirse, aun y cuando los ciudadanos lo planteen de manera formal, aseguró el diputado Francisco Javier Cortez; por lo que presentó una iniciativa para sancionar con más de 8 mil pesos a quien omita la respuesta a peticiones ciudadanas, sin ninguna distinción.
“Los servidores públicos incurren en tácticas dilatorias, incluso en la vieja costumbre de ofrecer al ciudadano soluciones o respuestas informales, cuando no ambiguas, evasivas o incompletas, con lo que casi siempre rayan en actos de negligencia”, expuso el morenista.
Lo anterior pese a que entidades públicas tienen la obligación de recibir y dar respuesta o solución, según sea el caso, a las solicitudes o reclamos que por razones de interés público, individual o colectivo, agregó, les sean presentados por personas, grupos u organizaciones.
ESTABLECER TARIFAS
Por lo que el legislador propuso una reforma el artículo 17 fracción III de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, a fin de sancionar la violación al derecho de petición con una multa equivalente a 100 Unidades de Medida y Actualización vigente, en caso de que el funcionario no respondiera dentro de los plazos estipulados.
EXIGEN RESPUESTA
Las reformas incluyen que toda petición deberá recaer en un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, el cual deberá de notificar personalmente al peticionario(s) el acuerdo, la respuesta deberá ser congruente y directa con lo solicitado.
Dijo que se debe obligar a que la respuesta que se emita debe ser de manera clara y con un lenguaje sencillo, mientras que el órgano facultado para conocer de la violación al derecho de petición será el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila.
