Investigan a funcionarios de Múzquiz por contratar dos pipas de agua a un costo de 3 mdp; Tania Flores asegura es persecución política
COMPARTIR
El funcionario titular de JAPAM ha sido señalado en redes sociales de sospechosamente hacerse de un inmueble de alto valor a partir de su trabajo dentro del Ayuntamiento.
Este jueves, fueron vinculados a proceso en el distrito judicial de Sabinas dos funcionarios del municipio de Múzquiz que fueron denunciados por la exsecretaria del Ayuntamiento, Mónica Escalera, por presunto desvío de recursos.
Se trata de Víctor y Fernando “N”, quienes durante la administración del 2022 fungían como Tesorero y titular de la Dirección de Agua Potable “JAPAM” de dicho ayuntamiento.
TE PUEDE INTERESAR: ‘Le ponen llave’ a sospechoso del homicidio de chiapaneco, en la Bellavista de Saltillo
De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, que desarrolló la investigación, los funcionarios habrían realizado contratos irregulares por arrendamiento de dos pipas de agua por un monto de tres millones de pesos.
El delito es el de ejercicio abusivo de funciones en su modalidad de arrendamientos realizados ilegalmente.
Este delito está previsto en el artículo 448 fracción VI del Código Penal, que estipula una penalidad, para el caso de que se encuentren culpables a los funcionarios, de 3 a 5 años de prisión.
El caso cobró relevancia luego de que el funcionario titular de JAPAM ha sido señalado en redes sociales de sospechosamente hacerse de un inmueble de alto valor a partir de su trabajo dentro del Ayuntamiento.
Este mismo día, la alcaldesa Tania Flores Guerra respondió a una de las publicaciones de Facebook donde se informó sobre el procedimiento penal contra sus funcionarios, aseverando que existe hostigamiento político relacionado con las elecciones que están por culminar.
“FALSO. ¡El PRI ya sabe que va a perder! ¿Hostigamiento político? Ya estamos acostumbrados... ¡nada nuevo! Al contrario, ¡es buena señal! ¡Vamos a GANAR! ¡A votar masivamente por Morena!”, indica la alcaldesa.
La vinculación se dio por el juez de control a partir de que consideró que había elementos suficientes para continuar investigando, tiempo en el cual ambos funcionarios también podrían reunir pruebas para mostrar su inocencia.
Como medida cautelar, les fueron impuestas a los funcionarios la presentación periódica cada 15 días, además de que para el procedimiento se impuso un total de tres meses de investigación complementaria.
