Denuncian fraude en venta de propiedad en Monclova; ligan a esposa de ex presidente de Canacintra
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MONCLOVA, COAH.- Mario Antonio Limón Regalado, representante legal de la empresa Diseñadores de Ingeniería y Construcción del Noreste S.A. (Diconsa), denunció públicamente un presunto fraude en un contrato de compraventa de un inmueble que, según afirmó, legalmente no podía ser vendido. En el caso está involucrada María Esperanza Ramos Dávila, esposa del empresario y político Antonio Ballesteros.
En una rueda de prensa, Limón Regalado, acompañado por el abogado Ramón Escobedo Bernal, reveló que el 10 de septiembre de 2021, la empresa que representa firmó un contrato privado con Ramos Dávila para la compraventa de un inmueble ubicado en la calle Washington de la colonia Guadalupe, con un valor superior a los 8 millones de pesos.
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Según el acuerdo, el monto sería cubierto mediante un anticipo y 18 mensualidades de 350 mil pesos, y el documento fue firmado ante el notario público Julián Márquez Abundis. Sin embargo, el contrato presenta diversas irregularidades, ya que el inmueble estaba protegido como patrimonio familiar, lo que legalmente impide su venta.
El abogado señaló que tanto Ramos Dávila como el notario conocían esta restricción, ya que fue el propio Julián Márquez Abundis quien había constituido el patrimonio familiar del inmueble en febrero de 2021, apenas unos meses antes de la firma del contrato.
“Un bien protegido como patrimonio familiar está fuera del comercio, lo que imposibilita su venta o transferencia. Esto no fue informado al representante legal que firmó el contrato, Oscar Eduardo Leobardo Fuentes Rivas”, subrayó Limón Regalado.
Según el abogado, la omisión de esta información por parte del notario y la vendedora constituye una falta grave. A pesar de haber pagado más de 8.6 millones de pesos, la empresa nunca recibió la propiedad. Por el contrario, Ramos Dávila demandó incumplimiento de pago, sin devolver el monto recibido ni entregar el inmueble.
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“De haberse notificado oportunamente la condición jurídica del inmueble, hubiéramos prevenido a nuestro representante legal de formalizar un acuerdo que, desde un principio, era inválido por su naturaleza jurídica”, puntualizó el abogado.
Ante esta situación, Diconsa decidió llevar el caso ante la Fiscalía General del Estado y el Centro de Justicia Penal de Monclova. Sin embargo, denuncian que las autoridades no han realizado las diligencias correspondientes pese a contar con pruebas como contratos, recibos de transferencias y otros documentos.
“Entregamos todas las pruebas, pero hemos enfrentado una atención deficiente por parte de las autoridades”, declaró Limón Regalado, quien hizo un llamado al Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, para que revise el actuar del personal de la dependencia y su capacitación en casos de derecho civil y mercantil.
Finalmente, Limón Regalado aseguró que Diconsa está comprometida con la defensa de sus intereses y con el esclarecimiento de este caso, que afecta no solo a la empresa, sino que también pone en evidencia posibles fallas en los procesos legales. Añadió que continuarán informando sobre los avances de las investigaciones.