Propone Morena Coahuila endurecer sanciones contra funcionarios que obstruyan la justicia en casos de feminicidio

Del 2013 al 2022, en Coahuila se cometieron 162 feminicidios con solo 67 sentencias dictadas y 182 imputados, por lo que la diputada Teresa Meraz García (Morena) propone endurecer las sanciones contra los servidores públicos que obstaculicen la aplicación de justicia.

“Se sigue violentando a las familias que han sufrido feminicidio y buscan justicia; se encuentran a una autoridad que es omisa o que aplica prácticas dilatorias en el procedimiento, creando con ello una sensación de impunidad, y hace que en la mayor parte de los casos no se llegue a una sentencia del presunto culpable”, dijo.

Torreón ocupa el primer lugar con 39 casos; Saltillo el segundo, con 27; Piedras Negras, tercero con 21; Acuña, cuarto con 15; Ramos Arizpe, quinto con 11; Matamoros, sexto con 10, y Monclova, séptimo con 9, de acuerdo con estadísticas de la Dirección General de Investigaciones Especializadas de la Fiscalía General del Estado.

El 2019 y 2020 fueron los más letales con 24 feminicidios cada uno; 23 el año pasado; en 2021 fueron 22; 17 en el 2015; 15 en el 2016; 14 en el 2018, y 10 en 2014, lo mismo que en 2017 y 6 en el 2013.

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Meraz García refirió que 5 de las víctimas tenían menos de 10 años; 26 entre los 11 y 20 años; 42 entre los 21 y 30; 47 entre 31 y 40; 23 entre 41 y 50, y el resto tenía 51 años en adelante.

“Es necesario que los servidores públicos que hagan este tipo de argucias sean inhabilitados y tengan consecuencias más severas. El feminicidio es considerado la forma más extrema de violencia contra la mujer y una de las manifestaciones más graves de discriminación hacia ellas, toda vez que, además de generar su muerte, busca humillarla y ridiculizarla”, expresó.

Este tipo de delitos requiere mayor penalidad, dijo, y propone reformar el Artículo 188 del Código Penal para señalar que los servidores públicos que incurran en prácticas dilatorias en la procuración y administración de justicia reciban hasta 12 años de cárcel, en lugar de 10, y hasta mil 500 días multa, en lugar de mil.

Además, que la inhabilitación del cargo o comisión, de 5 a 10 años, corra a partir de cumplirse la pena de prisión.