Proponen 8 años de cárcel y 204 mil pesos de multa por difundir ‘packs’ en Coahuila
COMPARTIR
TEMAS
Además, se propone que las penas aumenten hasta en una mitad del máximo de la pena cuando el delito sea cometido por el cónyuge de la víctima
El Congreso del Estado evaluará imponer una pena de hasta 8 años de prisión y 204 mil pesos de multa a quien divulgue, comparta o comercialice imágenes, audios o videos de una persona desnuda parcial o totalmente, de contenido erótico, íntimo o sexual sin consentimiento de la víctima.
Debido a que Coahuila ocupa el quinto lugar a nivel nacional y cuenta con hasta 93 mercados de explotación sexual digital, el diputado local del PAN, Marcelo Torres Cofiño, presentó ayer en conjunto con colectivos feministas, una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado, misma que forma parte del paquete de propuestas de la denominada Ley Olimpia.
“Consideramos urgente legislar para redoblar esfuerzos y otorgar más herramientas que fortalezcan el marco normativo en materia de combate a las conductas que deriven en delitos informáticos y que constituyan una violación a la intimidad sexual, la cual en los últimos años ha crecido exponencialmente en nuestro Estado, permeando en todos los niveles socioeconómicos”, dijo Torres Cofiño.
La propuesta contempla que se impongan de 4 a 8 años de prisión y de mil a 2 mil días de multa a quien divulgue, comparta, distribuya, compile, comercialice, solicite y/o publique o amenace con publicar imágenes, audios o videos de una persona desnuda parcial o totalmente, de contenido íntimo, erótico o sexual, ya sea impreso, grabado o digital, sin el consentimiento de la víctima.
Además, se propone que las penas aumenten hasta en una mitad del máximo de la pena cuando el delito sea cometido por el cónyuge de la víctima, cuando el sujeto activo mantenga una relación laboral, social o política con la víctima o cuando se cometa contra una persona que, por su discapacidad, no comprenda el significado del hecho.
También se agravará cuando se dé contra una persona en situación de vulnerabilidad social, contra menores de edad, cuando se obligue a la víctima a fabricar contenido sexual sin su consentimiento, cuando se amenace con la publicación o bloqueo de la difusión del contenido a cambio de un nuevo intercambio sexual o económico.
