Rubén Moreira, diputado por Coahuila, plantea reforma para poner freno a comisiones bancarias en México

Con el objetivo de corregir prácticas que afectan directamente a millones de usuarios del sistema financiero, el diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira Valdez presentó una iniciativa para modificar la Ley del Banco de México y la Ley de Instituciones de Crédito.

La propuesta busca impedir que quienes mantienen recursos en cuentas de ahorro o reciben su salario mediante depósitos bancarios enfrenten cargos injustificados, además de establecer controles más estrictos sobre las tarifas aplicadas por diversas operaciones.

El legislador priista advirtió que, pese a las reformas aplicadas en años recientes, persiste un entorno con normas fragmentadas y poco favorables para los clientes, particularmente por la marcada diferencia entre los rendimientos que reciben los ahorradores y los intereses que pagan quienes acceden a financiamiento.

Uno de los argumentos centrales de la iniciativa se sustenta en el peso que tienen estos cobros dentro de los ingresos del sector: de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), las tarifas representaron el 94 por ciento de las utilidades bancarias en 2025, equivalentes a más de 304 mil millones de pesos.

PROPONEN REGLAS CLARAS Y ELIMINACIÓN DE COBROS EN SERVICIOS

Ante este panorama, la iniciativa plantea otorgar al Banco de México mayores atribuciones para regular de manera integral las tarifas y tasas, con el fin de evitar prácticas arbitrarias y establecer criterios transparentes basados en el costo real de los servicios.

Entre los cambios más relevantes destaca la prohibición de cargos en cuentas de ahorro y nómina por conceptos como apertura, manejo, depósitos, retiros, consultas de saldo y emisión de estados de cuenta. También se contempla eliminar penalizaciones por no mantener saldos mínimos, así como costos por reposición de tarjetas en productos básicos o por la domiciliación de pagos.

El planteamiento incluye, además, la eliminación de tarifas en cuentas asociadas a programas sociales, con el propósito de proteger a sectores vulnerables como personas adultas mayores y jóvenes beneficiarios, evitando que sus apoyos se vean reducidos por cargos financieros.

De igual forma, se propone que todas las instituciones de crédito estén obligadas a ofrecer productos básicos sin costo para el público en general, garantizando el acceso a servicios financieros en condiciones equitativas.

Moreira Valdez subrayó que, según comparativos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), varias instituciones extranjeras obtienen en México mayores ingresos por estos conceptos que en sus países de origen, con diferencias que van del 5 al 19 por ciento.

Incluso, señaló casos en los que entidades de origen español registran porcentajes de hasta 39 por ciento en territorio nacional, frente al 20 por ciento en sus mercados locales. En conjunto, 7 grandes bancos internacionales concentraron más de 232 mil millones de pesos por este concepto, cifra que representa el 80 por ciento de sus ingresos y que mostró un crecimiento anual.

El legislador concluyó que es indispensable fortalecer el marco regulatorio para equilibrar la relación entre instituciones financieras y usuarios, además de dotar al banco central de herramientas efectivas para supervisar tarifas, cuotas de intercambio y condiciones del crédito.