Gobierno Federal va por responsable de ‘ficreazo’

Saltillo
/ 17 julio 2019

Contrario a Coahuila, donde el caso se atoró, la máxima instancia no quita el dedo del renglón

Mientras a nivel local, el “ficreazo” permanece estancado y ya con intentos de exonerar a los involucrados, a nivel federal incluso ya han sido llamados a declarar funcionarios del Poder Judicial del Estado.

Actualmente, la instancia local ha logrado recuperar 26.1 millones de pesos de los 125.6 millones de pesos que oficialmente se perdieron en la fallida inversión del Ficrea. 

Miriam Cárdenas Cantú, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, precisó que el Poder Judicial local interpuso una denuncia penal contra la institución financiera el 5 de mayo de 2015, la cual sigue actualmente en proceso.

La querella fue presentada ante la Fiscalía de Delitos Financieros de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República.

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Cárdenas Cantú dijo que la acción legal va contra el Ficrea y contra Sergio Ortiz Valencia, Carlos Guillermo Pérez Grovas-Enríquez y Columba Paniagua Martínez, funcionarios de la referida institución financiera.

“Hay denuncia presentada por el Poder Judicial estatal ante lo que era la PGR contra la institución bancaria Ficrea por el agravio que el Poder Judicial recibió, ésta es una denuncia penal que se interpuso en 2015, el 5 de mayo”, indicó.

Cárdenas Cantú informó que un juez federal negó la orden de aprehensión contra los tres funcionarios de Ficrea involucrados, por lo que el Poder Judicial coahuilense interpuso una apelación.

Dijo que en octubre de 2018 se reactivó el juicio luego del recurso interpuesto por el Poder Judicial, fase de proceso en el que se encuentra actualmente.

En ese sentido, Cárdenas Cantú admitió que algunos funcionarios no jurisdiccionales del Poder Judicial coahuilense han declarado en este caso contra Ficrea.

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SOBRE LA DENUNCIA DE LA ASE

En el caso de la denuncia hecha por la Auditoría Superior del Estado, la magistrada aclaró que no es por la falta de comprobación del recurso.

“La denuncia es porque no se tuvo cuidado de ver que la institución financiera en la que se estaba depositando tuviese las autorizaciones de la Comisión Nacional Bancaria para el funcionamiento”, recalcó.

En este caso Cárdenas Cantú dijo desconocer si la Fiscalía Especializada por Delitos por Hechos de Corrupción ya ha citado a los involucrados.

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