Un profundo Informe revela una radiografía de la violencia que sufren niños y niñas en el Estado: violencia sexual, revictimizaciones, albergues sin garantías de seguridad, dependencias carentes de capacitación y un largo etcétera que indica simplemente que las infancias no importan.
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Son violentadas por su pareja, luego las alejan de sus hijos. Cuando buscan justicia, encuentran que con dilación, obstáculos y discriminación el monstruo burocrático les impide recuperarlos. Estas son tres historias, tres madres, tres víctimas de violencia del Estado que han autorizado publicar su nombre, apellido, fotografía y testimonio
- 23 mayo 2022
Laura Flores no podía respirar. Una tarde de 2016, Gustavo, su esposo, comenzó a ahorcarla. Las manos del hombre estaban prensadas al cuello de la madre de sus tres hijos. Quizá el timbre del teléfono salvó a Laura. Su mamá la había estado buscando, pero como no le contestaba la señora marcó al teléfono de Gustavo.
“Tuvimos una discusión”, dijo Gustavo a su suegra. No era una discusión. El ahorcamiento fue tal, que Laura no podía hablar.
Era la última violencia física que aguantaba Laura después de años de vivirla.
“Tienes que denunciar”, pidió su madre cuando se enteró.
Una violencia que comenzó en 2007 y que se agravó a partir de 2013, cuando comenzaron a vivir juntos. Ese año puso su primera denuncia, justo después de que su pareja le jalara el cabello y la tumbara.
“No sé de qué manera se torció mi cabeza que yo sentí como si mi cuello se hubiera partido”, recuerda Laura.
Laura Flores denunció la agresión, pero al salir de las oficinas del Ministerio Público se topó a su pareja, quien comenzó a regañarla y presionarla para que retirara la denuncia.
Después de todo, su esposo Gustavo es ministerio público.
Un delito en la sombra de la cifra negra
Nallely Salazar tiene 31 años. Tres de esos años no ha podido ver a su hija, la cual fue sustraída por Ismael, el padre y ex esposo de Nallely.
Nallely e Ismael se casaron en 2019 después de siete años de novios y de vivir en unión libre. La madre cuenta que siempre vivió chantajes y amenazas de que le quitaría no solo a la hija que procrearon, sino también a sus dos primeros hijos.
Hasta que Nallely se dio cuenta que Ismael no solo violentaba psicológicamente a sus hijos, sino también físicamente. Decidió dejarlo, pero Ismael cumplió sus amenazas y sustrajo a la niña.
“No le ponen atención a la sustracción de menores”, reclama Nallely Salazar al Estado.
Katy Salinas, directora del Instituto Coahuilense de las Mujeres (ICM), asegura que no hay muchos casos de sustracción de menores. Pero a decir de Ariadne Lamont, activista y directora de Incidencia y Acompañamiento a Víctimas en INCIDE Femme, sí son cada vez más los casos, un acto de violencia que suelen usar los hombres para hacerle daño a las mujeres a través del retiro de hijos. Es parte de un concepto conocido como violencia vicaria.
Para Lamont, esa violencia cuenta con el cobijo de una violencia institucional que protege a los agresores, ya sea por su dinero, poder político o simplemente por ser hombres poderosos.
Algo de cierto deben tener las palabras de Lamont. La Fiscalía General de Coahuila informó, a través de una respuesta a una solicitud de información, que desde 2017 hay registro de mil 267 denuncias por sustracción, retenciones u ocultamientos de menores de edad. Un promedio de 20 casos por mes.
Sin embargo, el número de órdenes de aprehensión por ese delito: 3 desde el año 2017.
También 3 es el número de sentencias por este delito en cinco años, según respuesta del Poder Judicial a una solicitud de información.
La sustracción es un delito que se castiga de 2 a 6 años de prisión en Coahuila. Pero la violencia vicaria no está tipificada como delito.
Katy Salinas del ICM refiere que este tipo de actos violentos se asocian con la violencia psicológica que sí está sancionada en el código penal y menciona que habría que tener foros y consultas para ver de qué manera se puede incorporar el concepto al código de delitos.
Para Lamont, el delito de sustracción de menores debe ser modificado porque cada que ocurre surge el mismo pretexto entre los servidores y servidoras públicas: “es que está con su papá, no podemos hacer nada”.
La activista señala que eso no solo es violencia del hombre que busca acabar y destruir a la madre, sino también violencia institucional porque el Estado no puede garantizar la convivencia de los hijos con las madres.
Los casos judicializados son pocos, pero no necesariamente es la cifra de reportes. Según Leticia Charles, directora de los Centros de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres en Coahuila, el año pasado se hizo la recuperación de 52 menores sustraídos por sus progenitores.
Aunque esa suerte no la tuvieron Laura Flores ni Nallely Salazar. Tampoco Oralia González.
Luchar contra dos agresores: la ex pareja y el Estado
Oralia González duró dos años sin poder ver a dos de sus tres hijos, que fueron sustraídos por el padre después de que él la engañara y se fuera de la casa.
Acumula un lustro en un proceso judicial agotador que ha tenido sus efectos: su hijo de en medio, que ahora tiene 18 años, no quiere verla, no la saluda y no tiene interés por convivir con ella porque, dice la madre, ha sido completamente alienado por el padre.
Estuvo casada 14 años con Francisco y cuando se separaron parecía que las convivencias caminaban. Un día un hijo enfermó y su ex pareja aprovechó para quitarle a dos de sus hijos. “Es un peligro para los niños”, acusó Francisco.
Durante dos años, a Oralia no le dejaron ver a sus hijos. Ni una llamada ni un saludo. Al más chico se lo quitaron de un año y nueve meses.
Oralia suplicaba porque le dejaran verlos. Perdió un trabajo por estar yendo de un lado a otro. Nunca se enteró que había perdido la custodia porque no le notificaron de alguna cita o audiencia.
“Lo tomaron como desacato mío y yo no me di cuenta. Nunca me tomaron en cuenta”, reclama.
Desde entonces, la lucha de Oralia ha tenido dos frentes: contra su esposo y contra el Estado.
Violencia familia crece 30% en 5 años
El año reciente, el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres en Coahuila recibió a 15 mil mujeres que acudieron por primera vez a uno de los centros del estado.
El principal motivo, menciona Leticia Charles Uribe, directora de los centros estatales, fue la violencia familiar.
Dentro de la violencia familiar, detalla Charles Uribe, la principal fue la psicológica y la segunda una combinación de violencia psicológica y física.
Las denuncias por violencia familiar van en aumento en la entidad. En 2021 se registraron 11 mil 772 expedientes, 27 por ciento más que el año anterior, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Y en el primer trimestre de este 2022, Coahuila ocupa el tercer lugar nacional con la mayor tasa de presuntos delitos de violencia familiar en el país, con 88.1 casos por cada 100 mil habitantes y el quinto lugar nacional con la mayor tasa de llamadas de emergencia por incidentes de violencia familiar, con 265.2 por cada 100 mil habitantes.
En la entidad, tan solo en el primer trimestre hay reporte de 8 mil 759 llamadas de emergencia por violencia familiar, lo que habla, dice Marco Zamarripa, director del Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna, de una posible cifra negra, lo que representa un desafío en materia de estrategias de prevención, denuncia y reducción de niveles.
Ariadne Lamont de INCIDE Femme añade que detrás de una violencia familiar hay violencia sexual, económica y vicaria; y una violencia contra las infancias generalizada e invisibilizada, y que a la postre estas infancias detonen más violencia.
Laura Flores desistió de la primera denuncia que hizo sobre su pareja. Desconocía que la misma se seguía por oficio. Cuando quiso pedir una copia, le dijeron que no estaba registrada.
A partir de entonces, las agresiones aumentaron. Todos los días recibía insultos y ataques “por tonta, por gorda, por lenta”, recuerda Laura.
La familia se mudó a Parras y allí continuó la violencia. Sus tres hijos miraban todo y buscaban defender a su madre.
Intentaron ir a terapia, pero fue tiempo perdido. “Le gustaste, te vio la cara de puta”, le reclamó Gustavo a Laura después de terminar la sesión con un psicólogo.
Enseguida vinieron los problemas con el alcohol.
Denunciar en Parras a su pareja no era opción porque ahí trabajaba. Lo hizo en Saltillo, donde un médico legista la examinó y le certificó lesiones.
Después que su esposo la ahorcara hasta casi matarla, Laura decidió dejarlo y regresar a Torreón. Antes, Gustavo la convenció que le dejara al hijo mayor. Por miedo, aceptó.
Cuando llegó a Torreón acudió al Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres a poner una denuncia. Nunca le dieron una orden de protección. Todos los días la hacían dar vueltas. Una y otra vez la hacían declarar lo mismo.
“¿Por qué si le pegaba seguía con él?”, cuestionaban los ministerios públicos adscritos en el Centro de Justicia.
Este tipo de respuestas, que van en contra de normativas como La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, son comunes entre las autoridades, dice Ariadne Lamont.
Esto equivale a una violencia institucional, pues muchas veces las mujeres no acuden por miedo a ser revictimizadas. Las regañan, las hacen dar vueltas, añade la activista.
Y dice que si los casos llegan al Poder Judicial, de inmediato liberan a los agresores.
Lamont expone que el sistema de justicia penal está hecho para tener cárceles vacías.
“Estamos sosteniendo un Estado que no opera”, comenta.
Y parece que tiene razón. De las más de 50 mil denuncias por violencia familiar en poco más de 5 años, se judicializaron 2 mil 941 carpetas, pero apenas se han cumplimentado 330 órdenes de aprehensión, según datos proporcionados por la Fiscalía General de Coahuila. Es el embudo del sistema penal.
En el mismo periodo, el Poder Judicial tiene registro de solo 278 sentencias por violencia familiar.
Las estadísticas se traducen en que en Coahuila hay una sentencia por violencia familiar por cada 180 denuncias.
Leticia Charles Uribe, la directora de los Centros de Justicia de Coahuila, considera que no debería ser tan complejo perseguir la violencia familiar, pues a diferencia de un robo hay un señalamiento directo contra la persona, y eso debería facilitar a los representantes sociales dar agilidad a las carpetas de investigación.
“Con el sistema penal acusatorio los datos de prueba que se tienen que presentar a una autoridad judicial son mínimos. Es necesario la denuncia, reforzarlo, si hay agresión física con un dictamen médico, si hay daño psicológico, con un dictamen psicológico y con estos datos que son pocos pueden poner en movimiento un órgano jurisdiccional”, asegura Charles Uribe.
Aunque la activista Ariadne Lamont comenta que existen muchas salidas de los ministerios públicos; “trampas” las llama, para no clasificar el delito de violencia familiar como tal, sino como lesiones.
De enero a marzo, 415 mujeres en Coahuila han denunciado lesiones dolosas, según datos del SESNSP.
Cuando clasifican una violencia familiar como lesiones, el caso puede terminar en mediación.
“La tentativa de feminicidio lo degradan a violencia familiar y violencia familiar a lesiones. Ya en lesiones lo pasan a mediación. Eso es violencia institucional. Hay obstáculos en el acceso a la justicia en las mujeres”, se queja Lamont.
Agrega que en los dictámenes médicos legistas y psicológicos no siempre son los más profesionales. Cuenta que por ejemplo en casos de ahorcamientos como le sucedió a Laura, no toman fotos ni miden las lesiones.
“Yo he visto en el Centro de Justicia cómo denuncian que las agarraron del cuello y la ahorcaron. Solo llegan y dicen ‘ah sí, tienes enrojecido’. Un médico legista debe acercarse, medir lesiones, tomar fotos. Y no se hace”, asegura.
200 expedientes de violencia familiar sobre cada MP
Según datos proporcionados por la Fiscalía de Coahuila, hay 52 agentes del Ministerio Público destinados a atender los casos relacionados con el delito de violencia familiar en la entidad, un promedio de más de 200 expedientes por cada uno de ellos.
“Es humanamente imposible”, dice Marco Zamarripa, director del CCI Laguna. Y por ello, expone la necesidad de ir al origen de la conducta delictiva y no atender solamente la cuestión reactiva.
Para Zamarripa es momento de pasar del discurso y buenas intenciones en el tema del combate a la violencia familiar y contra la mujer, y promover una estrategia de prevención, denuncia y reducción de los niveles.
Los errores en los protocolos y un aparato judicial rebasado, es aprovechado por los agresores.
Gustavo, el ministerio público, le insistía a Laura en que le dejara ver a sus hijos, entonces de 7, 6 y 4 año, una niña. Accedió sin haber visto antes a su hijo mayor y sin que el Centro de Justicia o la Procuraduría de Niños, Niñas y Familia (Pronnif) hicieran algo.
Después de entregárselos y acordar un día para que los devolviera, Gustavo no respondió.
Laura acudió al Centro de Justicia a denunciar el robo de sus hijos, pero ahí, la directora del Centro en Torreón, Leticia Charles, ahora directora estatal, le dijo que no procedía acusarlo de secuestro porque ella se los había dado.
Asegura que nunca le informó que se trataba de una sustracción.
La canalizaron al Juzgado Familiar y allí le dijeron que como ya había una carpeta abierta en el Centro de Justicia, ya no podían hacer nada. Después fue a la Pronnif pero le dijeron que tenía que acudir a las oficinas de Parras a reportarlo.
A pesar de la experiencia que relata Laura Flores, el ir y venir de un lado a otro y la falta de orientación, la directora de los Centros de Justicia, Leticia Charles, asegura que hay toda una estructura de cómo atender a una mujer en los centros.
Explica que la primera atención es por parte de una orientadora, quien escucha por primera vez a la mujer y hace el llenado de la cédula con información de los datos. Después se fija una ruta con la usuaria para ver cuáles son los servicios que necesitará de manera interna.
Si en esos hechos la mujer narra la comisión de un delito, se hace una canalización con agentes del ministerio público que están adscritos a los centros pero que dependen de la Fiscalía.
Eso es en el discurso. De acuerdo con la activista Ariadne Lamont, esta dinámica de traer a las víctimas de un lado para otro es todos los días y es sinónimo de una violencia institucional.
Por esa razón, dice Lamont, muchas mujeres desisten de seguir sus denuncias de violencia. Muchas siguen y regresan a las oficinas porque sus hijos están en medio. Como Laura, que cuando regresó al Centro de Justicia le notificaron que le habían quitado la guardia y custodia de sus hijos.
Laura menciona que nunca fue citada a alguna audiencia y mucho menos notificada. Simplemente le arrebataron la custodia para dársela al padre.
El chantaje
Laura Flores no sabía qué hacer. Sin dinero y mirando el favoritismo de las dependencias, la mente se le nublaba. El padre de sus hijos le habló y le dijo que, si quitaba la denuncia en su contra por violencia, llegarían a un acuerdo para que tuviera las convivencias abiertas.
“En mi desesperación de que ya habían pasado meses y que yo no veía nada de los niños, no me contestaban llamadas ni nada, le firmé, pero realmente nunca lo cumplió”, asegura Laura.
Laura ganaba entre 800 y mil pesos y solo había acabado la secundaria. El poco dinero lo usaba para sus hijos.
Pero los problemas continuaron. Laura viajaba 150 kilómetros de Torreón a Parras y cuando llegaba, Gustavo le decía que los niños estaban castigados.
“Mejor regresa el próximo fin”, le decía. En las raras ocasiones en que Laura lograba sacar a sus hijos a la Alameda o a comer una hamburguesa, Gustavo los seguía de cerca en su camioneta.
Todo esto duró tres años, hasta que Laura logró arreglar su visa y se fue a trabajar a Estados Unidos. Durante los siguientes dos años Laura trabajó en un restaurante y lo que ganaba se lo mandaba a sus hijos.
La relativa estabilidad se terminó cuando apareció la pandemia de Covid-19. Laura perdió su empleo en 2020 y regresó a Coahuila. Pero las trabas continuaron. Ahora el argumento era una posible infección. “Ponte en cuarentena”, le ordenaba Gustavo.
Pasaban las semanas y Laura nomás no podía ver a sus hijos.
Cuando logró volverlos a ver, su pequeña hija le reclamaba porque ya no mandaba dinero o porque se la vivía paseando en carro. “Estaban siendo manipulados”, lamenta Laura Flores.
Pero al ver a su hija muy delgada se preocupó. Fue un hermano que le confesó que su papá solo les daba de comer frijoles y agua. Su hija terminaba vomitando.
En septiembre de 2020 fue la última fecha en que convivió con sus hijos. La última vez que los vio fue en diciembre de ese año. Laura llevó su carro a reparar y subió al mecánico para inspeccionar lo que sucedía.
Nunca contó que en una de las calles saldría Gustavo con sus hijos en la camioneta. La ex pareja comenzó a perseguirlos por las calles angostas de Parras. Cuando los alcanzó, Gustavo comenzó a gritarle a Laura frente a sus hijos.
Fue hasta marzo de este año que logró verlos en la Fiscalía de Parras, donde sus hijos fueron testigos del caso y recitaban acusaciones en contra de Laura como discurso aprendido.
De idas y vueltas
Nallely Salazar también acudió al Centro de Justicia y a la Pronnif en 2019 para denunciar la sustracción de su hija. Ambas dependencias le negaron el apoyo porque le argumentaron que como ella era de Matamoros, tenía que acudir a las oficinas en aquel municipio.
Otra mujer, otro caso de idas y vueltas.
Logró que le enviaran un citatorio a su expareja Ismael para reunir a la madre con su hija. Pero el hombre no hizo caso.
En total le enviaron tres citatorios a su ex pareja. No acudió a ninguno. En cambio, Nallely recibía amenazas de que si insistía en las denuncias, nunca volvería a ver a su hija de 2 años seis meses entonces.
Nallely se enteró que su ex pareja buscaba quitarle la guardia y custodia de sus tres hijos bajo el argumento de que no cuidaba a su hija, golpeaba a sus hijos y era una drogadicta.
Nallely intentó negociar con la mamá de su ex pareja y hasta se fue a vivir con ella. En el fondo quería ver a su hija, con quien no hablaba en dos meses.
Recibía amenazas, pero también promesas de que Ismael cambiaría. La desesperación de no ver a su hija y mirar que ninguna autoridad hacía algo por regresársela, la orilló a mentirle que lo perdonaba y que volvería con él.
Al acceder, Ismael la violó.
“Era hacer esto o irme de la casa sin mis hijos”, recuerda Nallely. Tres días seguidos abusó de ella, hasta que Nallely le dijo que ya no la tocaría. Ismael intentó matarla con un cuchillo enfrente de sus hijos. Pero ante la sospecha de que quizá Nallely estaba embarazada, Ismael se detuvo y se fue de la casa. “Nos vemos en los juzgados”, le dijo Ismael.
Nallely ganó la audiencia provisional de su hija. Pero la familia de Ismael se adelantó y recogieron a la niña de la escuela. A la fecha no la ve.
Acudió a la Fiscalía de Coahuila a poner una denuncia por la sustracción de la menor, pero allí vivió
irregularidades.
“Decía que iba a llevar a una persona como testigo y resulta que no se presentaba porque lo habían golpeado”, comenta.
Después de que se judicializa la carpeta, la ministerio público Georgina Gamboa avisó a la familia de su ex pareja de que existía una orden de aprehensión. “En qué cabeza cabe”, recrimina Nallely. Le justificaron que quizá así entregaban a la niña.
La activista Ariadne Lamont asegura que hay muchos casos donde avisan a los agresores.
Durante meses, Nallely se convirtió en la investigadora. Hasta que dio con Ismael y avisó a los ministerios públicos para que cumplimentaran la orden de aprensión. Lo detuvieron, pasó una noche en el Cereso y al día siguiente lo soltaron porque supuestamente tenía un amparo.
Al mismo tiempo, Nallely se enteró que tenía una denuncia en su contra por violencia familiar, misma que judicializaron sin pruebas. Después llegó otra denuncia en contra de su mamá por supuesto fraude de 400 mil pesos. También la familia denunció a Nallely de robo.
“Obvio era inocente pero son gastos para mí. Mis papás son los que me apoyan. Va desgastando”, platica.
Ariadne Lamont, de INCIDE Femme, relata que en estas experiencias es común que los hombres van llenando a las mujeres de denuncias de violencia, robo u otro delito, pues eso las entretiene y descuidan sus respectivas denuncias.
“Y eso se da con anuencia de la autoridad. Eso le han hecho a Nallely para mantenerla gastando dinero, energía, invirtiendo tiempo. A la familia del ex esposo le preguntan por la niña, y dicen ‘cuál niña, no la tenemos’, ya con eso dicen no la tienen. Es una violencia institucional y vicaria. Es un amasijo muy grave y peligroso porque crea grandes cuotas de sufrimiento para niñas niños y madres”, critica Lamont.
Lo lamentable es que ese sufrimiento se hace muchas veces con el cobijo de autoridades. Nallely recibió información de una mujer que supuestamente tenía información de dónde tenían a su hija. Condujo hasta el municipio de Francisco I. Madero con su mamá a encontrarse con la persona. Para su sorpresa la esperaban ministeriales armados y a bordo de una camioneta blanca.
“Nos puedes acompañar”, le pidieron. “Tenemos que arreglar un asunto”, le dijeron.
Para su fortuna pasaba un convoy de militares a los que pidió ayuda. “Las llevamos detenidas porque traen armas y droga”, dijeron los ministeriales a los militares. Pero Nallely y su mamá lo negaron. Al final los militares las rescataron y las llevaron a la salida del municipio.
Nallely llegó a un punto en donde la Fiscalía le aseguró que no podían acreditar el delito de sustracción, a pesar de que tenía la guardia y custodia provisional de su hija y que hace meses obtuvo la sentencia definitiva de la guardia y custodia completa.
“No miro avances”
Tiene tres años de no ver a su hija. La última vez fue una llamada que tuvo con ella en junio de 2019.
“No miro avances. Siento que los mismos ministerios públicos se han encargado de hacerlo más largo”, comenta Nallely.
Tiene interpuesta una denuncia por violencia familiar, por sustracción y por el delito de violación. Ninguna avanza.
En las audiencias el ministerio público le insiste en negociar y que ceda la guardia y custodia compartida.
“Si no teniéndola no me deja ver a mi hija”, les argumenta Nallely.
La madre reclama que las autoridades tienen la obligación de seguir buscando a su hija y no lo hacen. Se excusan en que está con el padre a pesar de que tiene una sentencia de guardia y custodia.
Quizá esas excusas son suficientes para que apenas una de cada 422 denuncias por sustracción, retención u ocultamiento de menores llegue a una sentencia.
En la denuncia de violencia familiar que tiene en contra quieren convencerla de conciliar. Un juez, asegura, la tachó de necia porque ella pretende tomar la vía del juicio oral para demostrar su inocencia. Los representantes del estado le insisten en conciliar.
Conciliar, mediar o negociar: la práctica común en ministerios públicos y juzgados
De las 278 sentencias por violencia familiar desde 2017, 269 terminaron por la vía del procedimiento abreviado, la figura del sistema de justicia penal acusatorio en la que el imputado acepta su culpa a cambio de la negociación de su pena.
Esto se traduce en que solo el 10% de las sentencias se dictaron penas de cinco años o más. Aunque en casi todas estas que alcanzaron más de cinco años, se sumó otro delito como la tentativa de feminicidio o violación.
La lógica de Nallely es simple. ¿Cómo le van a acreditar un crimen si no está con su hija?
A Nallely le insisten que acuerden convivencias. Ella se niega a negociar con la persona que la maltrató, que la violó y que no la deja ver a su hija.
Y ante la insistencia de un lado y la negativa del otro, el Estado pierde de vista a las víctimas.
-¿Usted sabe lo que invierte el Estado en estos juicios?, fue el argumento de un juez para que Nallely desistiera.
Piedras en el camino
Oralia González dice que su caso avanzó hasta que removieron al juez Heriberto Muñoz, un funcionario que le tumbaba sus expedientes o la hacía esperar horas.
Dos años consecutivos no les prestaron a los niños, mientras Oralia tocaba puertas de un lado a otro. Un año antes apenas los veía en convivencias que en ocasiones no se concretaban.
Dice que ha aprendido a llegar con las personas indicadas.
“He luchado. He llorado. He sufrido dos años consecutivos”, comenta.
Apenas en diciembre pasado ganó la custodia de su hijo que ahora tiene 8 años. Ahora sufre miedos y ansiedad.
Su hijo más grande ya es mayor de edad. Desde que tenía 13 años buscó recuperarlo. Ahora no puede.
Oralia también sufre de ansiedad. Dice que han sido cinco años de defenderse y luchar por sus hijos. Recuerda que hace años rogaba por la ventana para que le dejaran verlos. Le diagnosticaron con prediabetes y dice que por las noches se levanta de la ansiedad.
Después de ganar la sentencia en diciembre, le dictaron convivencias al padre los fines de semana, condicionándolo a que tome terapias psicológicas. Oralia asegura que no lo ha cumplido.
“Es un duro golpe que te queda en el corazón y no nada más a ti, sino a tus hijos”, comenta Oralia.
Ese camino que ya recorrió Oralia González todavía es sinuoso para Laura Flores.
Laura asegura que las autoridades de PRONNIF, la Fiscalía, el Centro de Empoderamiento de la Mujer, así como del nuevo Juzgado Especializado de Violencia Familiar contra la Mujer, solamente han significado más piedras en el camino para recuperar la guardia y custodia de sus hijos.
Ha presentado diferentes denuncias en contra de su ex pareja Gustavo, pero los archivos han desaparecido o nomás no son catalogados con lo suficiente para poder procesarlo. También ha encontrado que tanto familia como amistades de Gustavo terminan a cargo de su caso, logrando que avance aún menos.
En todos los exámenes psicológicos que Laura se ha realizado, arroja que sufrió de violencia familiar y que es capaz de cuidar a sus hijos. Pero su ex pareja es quien se niega a hacerse los exámenes.
Un funcionario le recomendó que fuera a terapia con su agresor.
“Cómo se le ocurre que después de que el tipo me arruinó la vida, le arruinó la infancia mis hijos porque ya pasaron seis años. Yo voy a acudir a un lugar a tomar terapia con el hombre”, recrimina.
Laura no quiere nada extraordinario. Simplemente que se haga justicia y que su ex pareja reciba castigo.
“Me arruinó la vida a mí, le arruinó la vida mis hijos, la etapa de la infancia, creo que la etapa más importante el ser humano y él la arruinó. Son las raíces del ser humano y él ya las arruinó”.
Tal vez no fue solo su ex pareja.
Laura Flores está luchando por promover un cambio en la guardia y custodia. “Ya comprobé que puedo criar a mis hijos. Qué les cuesta darse cuenta”, cuestiona a las autoridades.
Laura sabe que su lucha no terminará cuando recupere a sus hijos.
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