Tras desacuerdos en Múzquiz, propone Antonio Flores que se realicen consultas ciudadanas sobre privatización de servicios públicos

Luego de que, hace una semana, el diputado local Antonio Flores y su hermana, la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, irrumpieron en la sesión de Cabildo de este municipio para expresar su desacuerdo con la privatización del servicio de agua, este martes el legislador presentó un punto de acuerdo en el Congreso de Coahuila para exhortar a los 38 ayuntamientos del estado a realizar una consulta previa, libre e informada entre los habitantes, antes de firmar convenios que deleguen, faculten o autoricen la privatización de los servicios públicos municipales, como el suministro de agua.

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Cabe recordar que el 23 de enero, el Cabildo de Múzquiz aprobó la medida de entregar la gestión del agua potable al Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), con el objetivo de mejorar el suministro y la calidad del agua en la región. Ante esta decisión, el diputado Antonio Flores y la exalcaldesa Tania Flores mostraron su rechazo, y el legislador propuso el préstamo gratuito de 10 pipas durante tres años para abastecer de agua a la comunidad, una propuesta que fue rechazada por la administración municipal.

La alcaldesa Laura Jiménez, quien presidió la sesión, justificó la privatización argumentando que el sistema hídrico de Múzquiz estaba deteriorado debido a la falta de inversiones durante la administración de Tania Flores, lo que dejó al municipio con serios problemas de infraestructura en la distribución del agua.

En ese contexto, este martes el diputado Antonio Flores presentó en tribuna un punto de acuerdo para exhortar a los municipios a que, antes de tomar acciones como la privatización, se realice una consulta entre los habitantes.

El legislador señaló que, de acuerdo con la normatividad que rige el actuar de los municipios a través de sus ayuntamientos, estos deben actuar siempre bajo el principio de legalidad, lo que implica que solo pueden hacer lo que la ley les faculta y les ordena. En este sentido, Flores destacó que los ayuntamientos deben tener la responsabilidad de no comprometer al municipio por un plazo mayor al periodo de su gestión, especialmente cuando se trata de la firma de convenios que involucren los servicios públicos municipales.

Además, recordó que la normatividad estatal obliga a los funcionarios a actuar con fidelidad municipal y de manera corresponsable, respetando los derechos humanos de los habitantes de cada municipio. En este sentido, el diputado consideró que cualquier medida administrativa, jurídica o legislativa que involucre los derechos humanos de la ciudadanía, como la firma de convenios para la explotación o el suministro de agua potable, debe ser precedida por una consulta previa, libre e informada.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Agua, Asuntos Municipales, Metropolitanos e Interestatales del Congreso local, donde será analizada.