Vanguardia denuncia intento de silenciarle mediante acoso judicial

Dra. Claudia Sheinbaum Pardo
Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Dra. Norma Lucía Piña Hernández
Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Lic. José Gerardo Fernández Noroña
Presidente del Senado de la República
Mtro. Sergio Carlos Gutiérrez Luna
Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión

A LA OPINIÓN PÚBLICA:

En Coahuila, el Poder Judicial se ha convertido en una herramienta para silenciar a medios críticos, dictando sentencias por consigna, al margen de la ley y de los principios más elementales del Estado de Derecho.

Vanguardia, el medio de comunicación que represento, ha sido nuevamente víctima de una persecución judicial. Hace ocho años, las autoridades estatales fueron condescendientes con el mismo personaje, el exgobernador Humberto Moreira Valdés, en un juicio iniciado en nuestra contra.

Hoy, una vez más, se pone al aparato judicial al servicio de sus intereses, mostrando un patrón preocupante de impunidad y abuso de poder.Este lunes, en un claro “albazo judicial”, la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia dictó un fallo de segunda instancia en nuestra contra.

La resolución, promovida por la magistrada María Eugenia Galindo Hernández, responde directamente a los intereses de Moreira, quien ha utilizado recursos públicos y privados para fabricar un caso con el único propósito de despojarnos de los inmuebles donde opera este medio.

La acusación se sustenta en una supuesta deuda mercantil carente de fundamentos legales. A continuación, presentamos las principales irregularidades que evidencian la arbitrariedad de este proceso:

1. Conflicto de interés: La jueza Elsa María del Pilar Flores Velázquez, responsable de la sentencia de primera instancia, no se excusó del caso a pesar de su vínculo personal con uno de nuestros abogados, lo que comprometió su imparcialidad.

2. Falta de pruebas clave: El expediente carece del contrato original del crédito y de los pagarés que supuestamente acreditan el adeudo reclamado, elementos indispensables en un juicio de esta naturaleza.

3. Caducidad del proceso: La contraparte dejó de actuar por más de 120 días, excediendo el plazo establecido en el artículo 311, fracción II, del Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

4. Sentencia exprés: Entre el turno del caso a la magistrada Galindo Hernández y la sesión para discutir y votar la sentencia, transcurrieron únicamente tres días. Este tiempo resulta insuficiente para estudiar, analizar y dictaminar un expediente de cinco tomos y miles de páginas.

5. Violación de criterios de la SCJN: La sentencia de segunda instancia contradice lineamientos claros establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el Tribunal Superior de Justicia de Coahuila estaba obligado a observar. Este incumplimiento no solo viola derechos fundamentales, sino que desvirtúa el rol del Poder Judicial como garante del Estado de Derecho.

Este ataque no es un caso aislado. Es un nuevo capítulo en el intento de coartar nuestra libertad de expresión y someter a Vanguardia al control de intereses ajenos a la democracia.

Nuestro equipo jurídico ya trabaja en los recursos legales necesarios para solicitar el amparo de la justicia federal. Al mismo tiempo, hacemos un llamado a los poderes de la Unión y a la sociedad coahuilense para denunciar este atropello, que refleja el preocupante deterioro del sistema judicial en nuestra entidad.

No permitiremos que intereses oscuros nos silencien. La libertad de expresión es un pilar fundamental de nuestra democracia, y estamos comprometidos a defenderla hasta el final.

Saltillo, Coahuila. Diciembre 10 de 2024

Armando Castilla Galindo
Director General de Vanguardia