Demandan amplia reforma a la ley minera en México

Piedras Negras, Coah. El presidente de la comisión, Miguel Angel Pompa Corella, aseguró que la reforma prevé que se consulte a los actores involucrados empezando por las propias comunidades mineras para dar certidumbre a las inversiones en el sector y sobre todo para que la minería signifique desarrollo en las comunidades en que se asientan las minas.

El legislador federal explicó que el proyecto de reforma a la Ley Minera introduce importantes definiciones y agrega un Capítulo sobre "Minería Ambiental y Socialmente Responsable" entre otras modificaciones.

La iniciativa- explicó-, se turnó a la Comisión de Economía que preside el diputado por Nuevo León Ildefonso Guajardo Villarreal.

"Estamos incorporando la responsabilidad social como parte del reconocimiento que deben formalizar las empresas que se dediquen a la minería en el país, se propone que la minería contribuya al crecimiento generando riqueza en las comunidades en que se desempeñen y que haya también responsabilidad con el medio ambiente", afirmó.

El legislador federal no descartó un marco más amplio y profundo de reformas al sector minero para incluir al energético.

Dijo que el Estado no debe renunciar al dominio directo sobre los minerales metálicos y no metálicos en lo que debe también "contribuir al abatimiento de los niveles de pobreza en el país (ya que hay) deudas de la minería en la Cuenca de Burgos y en varios estados.

Dijo que espera que haya acuerdo en las reformas mineras "tal como se logró con la reforma política en los congresos locales, es hora de que tengamos todos causas comunes", dijo.

Consideró positiva también la inversión de 600 millones de dólares --según dio a conocer el Grupo México en un comunicado del Gobierno del Estado de Sonora-- para una nueva planta concentradora y de extracción de solventes en la mina de Cananea en lo que reiteró que existen todavía compromisos incumplidos para con la población del mineral.

Finalmente dijo que las reformas permitirán que la iniciativa privada nacional y la extranjera tangan más certidumbre de sus operaciones y sobre todo podrán hacer posible que el gobierno federal mexicano impulse el bienestar y la justicia social para las propias comunidades mineras y que las empresas se conduzcan con criterios más éticos.