‘Preocupan Sanciones para los privados’

Las responsabilidades administrativas ahora alcanzan a quienes venden o prestan a algún servicio a cualquier orden de Gobierno, y para lograr el cumplimiento de la legislación tanto de la iniciativa privada como de las autoridades fue que se creó un Estándar de Competencias denominado “EC1294”, explicó el director de la Coparmex Coahuila Sureste, Miguel Monroy Robles.

Fueron el Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción, así como Coparmex Coahuila Sureste y el Instituto para la Certificación, Competencias y Capacitación, así como la Academia Interamericana de Derechos Humanos. y la UANE, quienes participaron en la elaboración del contenido de la competencia.

“Sabemos que existe desconocimiento de la Ley de Responsabilidades Administrativas y lo que más nos preocupa en el ámbito empresarial es que en las últimas modificaciones realizadas a la Ley en el 2020, implican a los particulares en las sanciones, no solamente al servidor público”, explicó Monroy.

El Estándar buscar certificar en la competencia del conocimiento de la Ley a toda persona que realice un diplomado en línea a través de la plataforma Conocer, lo cual ayudará a eliminar el desconocimiento, prevenir actos de corrupción por omisiones, por ejemplo, pero también concientizar en que hay sanciones para particulares que violen las reglas en la proveeduría al gobierno en cualquiera de sus tres órdenes.

Dijo que se está haciendo un llamado a capacitar al personal de las empresas, ejecutivos, personal de compras, a los abogados, recursos humanos y todos los que de alguna manera puedan tener contacto con un funcionario público en una relación comercial.

“Es un parteaguas porque es el primer estándar a nivel nacional. Hemos capacitado a personas en la Región Sureste, pero también a través de Coparmex se está capacitando a personas en los 68 centros empresariales existentes”, señaló Monroy.

Explicó que nuevamente el Sistema Anticorrupción de Coahuila se coloca como líder en los temas de prevención y la elaboración de políticas públicas.

“La principal aportación de este estándar de competencia es que todos vamos a hablar el mismo idioma en términos administrativos, todos vamos a saber que no sólo los funcionarios públicos están sujetos a una sanción, sino también ahora los particulares”, dijo.