Urgen nuevas leyes ante la desaparición de las JLCA
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El presidente de la JLCA de Monclova al cuestionarle sobre la desaparición de las juntas de conciliación dijo que hay avances, sin embargo, se necesitan las leyes reglamentarias.
Luego de los cambios constitucionales al Artículo 123 que se aprobaron en noviembre de 2016 en materia laboral, ahora se requieren leyes reglamentarias porque hasta en tanto no se tengan, las legislaturas estatales no podrán actuar en consecuencia, señaló Gilberto Silva González.
Durante la conferencia “Retos y Perspectivas de la Reforma Laboral” que impartió ante socios del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas Coahuila Sureste (IMEF), el presidente de la JLCA de Monclova al cuestionarle sobre la desaparición de las juntas de conciliación dijo que hay avances, sin embargo, se necesitan las leyes reglamentarias.
En lo general se conoce que reforma contempla la creación de tribunales nuevos y de órganos de conciliación y por lo mismo, ya se está capacitando al personal en medicación, sin embargo, en lo específico no se conoce cómo van a quedar constituidos y que más se debe modificar para implementarlos.
“En lo general se puede tener una base, pero en lo particular es donde tenemos esa pausa porque no contamos con la Ley Reglamentaria de la Constitución que define cuáles serán los procedimientos a seguir por ejemplo para que el Estado de Coahuila reforme su Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley Orgánica del Poder Judicial para la creación de los nuevos tribunales, etcétera”, aseguró.
Consideró que Coahuila se encontrará entre los Estados que no tendrán problemas porque entre el TSJE y la STPS han platicado sobre cómo se trasladaría la impartición de justicia laboral al Poder Ejecutivo.
En esa transición, Silva dijo esperar que exista un decreto que permita antes de desaparecer las juntas de conciliación la conclusión de casos, para que así sean nuevos los que lleguen al tribunal.
En Coahuila son de 12 mil a 13 mil los asuntos anuales que se ven entre todas las juntas; todos les llevaría 2 a 3 años, aunque si se mantiene la reforma como hoy, se estarían pasando al Poder Judicial a los tribunales porque no se puede detener por ningún motivo la justicia laboral.