Hace casi 100 años Saltillo envenenó perros y hubo quienes lo aplaudieron

Quizá cada época ha encontrado sus propias palabras para justificar la crueldad.

No bajo la misma moral, no con los mismos instrumentos ni frente a las mismas leyes, pero sí amparada por una idea persistente: que existen vidas sobre las cuales los seres humanos podemos disponer cuando estorban, incomodan o dejan de parecernos útiles, aceptables o productivas.es muy iogual

Esta historia nos lleva al lunes 22 de abril de 1929.

Saltillo tendría entonces alrededor de 45 mil habitantes, de acuerdo con una estimación elaborada a partir de los censos históricos del INEGI. Entre los asuntos que preocupaban a las autoridades se encontraba la cantidad de perros que deambulaban por las calles. Eran descritos como demasiados, como una presencia excesiva y como un problema para la ciudad.

El uso de la palabra “exceso” no es menor.

Cuando una población es nombrada como excedente, se está decidiendo quién sobra: animal o persona. Bajo esa lógica, los perros dejan de ser individuos y se convierten en una cifra, una molestia o un obstáculo para un orden urbano construido desde el antropocentrismo.

Tanto las autoridades como una parte de la población consideraban que los animales provocaban estragos y podían constituir focos de infección para las personas. La respuesta documentada del gobierno municipal no fue capturarlos, resguardarlos o controlar su reproducción.

Fue matarlos.

La Presidencia Municipal ordenó colocar comida envenenada para acabar con los perros que permanecían en las calles.

El episodio consta en documentos del Archivo Municipal de Saltillo y fue recuperado en la edición trimestral de verano de 2015 de la Gazeta del Saltillo, entonces dirigida por el entrañable cronista Jesús de León.

En el artículo “Perros vagabundos, perros difuntos” se señala que diariamente eran colocados 20 “bocados” envenenados en distintos puntos de la ciudad.

Sin embargo, el oficio 449 del Archivo Municipal —cuya copia digital me facilitó el periodista y amigo Alonso Flores— señala que la cantidad era de 40. El documento, escrito a máquina con cinta azul, fue firmado por el entonces jefe de la Policía Municipal, Salomón Rodríguez.

Especifica, además, que el compuesto químico utilizado fue la estricnina.

De acuerdo con el Manual Veterinario MSD, se trata de un alcaloide natural altamente tóxico obtenido de las semillas del árbol Strychnos nux-vomica, conocido comúnmente como nuez vómica.

Su ingesta afecta el sistema nervioso y puede desencadenar rigidez, contracciones musculares incontrolables y convulsiones. En los perros, la intoxicación puede terminar en parálisis respiratoria, hipoxia y muerte.

La palabra “bocados” parece inocente.

Oculta el veneno dentro del lenguaje de la comida. Los perros se acercaban a aquello que parecía alimento y la autoridad utilizaba precisamente su hambre para matarlos.

No sabemos durante cuánto tiempo permaneció vigente la medida ni en qué lugares concretos fueron distribuidas las porciones envenenadas. Tampoco es posible establecer cuántos animales murieron en total.

Lo que sí consigna la publicación es que la decisión recibió aprobación ciudadana.

No sabemos si se trató de un consenso generalizado o de la versión del consenso que conservaron los documentos oficiales. Los archivos también son selectivos: resguardan unas voces y dejan desaparecer otras.

Que una institución afirme que la población estuvo de acuerdo no significa necesariamente que todas las personas pensaran igual. Quizá hubo habitantes que se opusieron, protegieron animales o lamentaron la desaparición de alguno. Sus palabras, si existieron, no llegaron hasta nosotros.

Lo cierto es que los cuerpos comenzaron a aparecer en diferentes puntos de Saltillo.

La documentación permite saber únicamente que, cuando la autoridad ordenó recogerlos, algunos ya se encontraban en proceso de descomposición.

“Se comisionó al cabo Jesús Granados y a un agente para que hicieran el trabajo de recolección de los restos que daban mal aspecto a la ciudad por el proceso de putrefacción en el que se encontraban”, se lee en la Gazeta.

El documento no coloca en el centro el sufrimiento de los animales ni el riesgo que implicaba distribuir veneno en espacios públicos.

Lo que parece activar la siguiente intervención municipal es que los cadáveres daban “mal aspecto” a la ciudad.

Al menos en el lenguaje conservado por la fuente, preocupaba más la alteración del paisaje urbano que el dolor producido por la propia medida.

En aquellas fechas, el alcalde era Nazario Silvestre Ortiz Garza. En respuesta al oficio 449, giró instrucciones para que los carretones del Departamento de Limpieza recogieran los cadáveres y los llevaran al arroyo de la Tórtola, donde serían incinerados.

Los perros vivos habían sido considerados un problema. Los perros muertos se convirtieron en otro.

De acuerdo con la Gazeta, en algunas de aquellas recolecciones se contabilizaban entre 10 y 15 animales muertos por día.

No sabemos quiénes colocaron personalmente los bocados, cuántos perros pertenecían a familias, si alguien intentó impedir la medida o si hubo habitantes que buscaron a sus animales sin volver a encontrarlos.

La decisión tomada en Saltillo en 1929, además, no surgió de un vacío histórico.

En su investigación La vida cotidiana de don Juan Landín y otros inmigrantes gallegos. Saltillo durante la última fase del periodo colonial, la historiadora saltillense María Elena Santoscoy Flores recupera un pasaje del Diario curioso de José Gómez, escrito entre 1789 y 1794.

Ahí se cuenta que, durante el gobierno del segundo conde de Revillagigedo, se ordenó en la Ciudad de México que “se matasen todos los perros de la ciudad”. Después añade, con una brevedad estremecedora, que los animales fueron aniquilados.

El episodio no ocurrió en Saltillo ni demuestra una continuidad directa entre aquella orden virreinal y la decisión municipal de 1929.

Sí permite advertir que la eliminación de perros como instrumento de control urbano tenía antecedentes mucho más antiguos. Los animales podían ser tratados como una población administrable y de despojo: cuerpos que el poder contaba, retiraba y, llegado el caso, destruía en nombre del orden.

Hay otro detalle.

En el Diario curioso, la orden de matar a los perros aparece intercalada entre observaciones sobre modas francesas, sombreros, casacas y nuevas formas de vestir. No ocupa el lugar de una tragedia ni merece una discusión moral. Se consigna como una curiosidad más de la época.

Esa falta de énfasis quizá revela más que cualquier condena posterior.

La violencia estaba tan integrada al paisaje cotidiano que podía narrarse casi al mismo nivel que la aparición de un sombrero ridículo o una chaqueta de moda.

Pero la crueldad no solo se administraba desde arriba. También podía aprenderse, imitarse y convertirse en juego. Aquí sí volvemos al terruño.

En Los niños en el Saltillo antiguo, de Iván Vartan Muñoz Cotera, obra construida a partir de expedientes del Archivo Municipal, se recrea un episodio fechado el 5 de noviembre de 1921.

Dos niños, Enrique Urista y Venceslao Flores, recorrían las calles con pistolas de juguete que disparaban papel. Los vecinos se quejaban de sus travesuras, de los amagos con que respondían a los regaños y de las palabras injuriosas que lanzaban mientras escapaban.

Pero hay un detalle que importa especialmente: también disparaban contra los perros que encontraban a su paso, ya fuera mientras descansaban bajo los árboles o mientras se apareaban.

Después, como si la violencia pudiera escalar con la naturalidad de un juego, ambos decidieron retarse a duelo en un solar abandonado. Uno terminó herido en las nalgas y el otro en la espalda.

Tras el escándalo y la intervención del subcomisario municipal Jesús Sánchez, el presidente municipal ordenó el 7 de diciembre de aquel año que comerciantes establecidos y ambulantes retiraran del mercado las pistolas de juguete.

La autoridad no intervino cuando los niños dispararon contra los perros. Lo hizo cuando la violencia del juego alcanzó a los propios niños.

No se trata, desde luego, de criminalizar retrospectivamente a dos menores de hace más de un siglo ni de equiparar esta anécdota con el envenenamiento sistemático ocurrido en 1929.

Se trata de observar otra cosa: que la agresión contra los animales podía aparecer naturalizada dentro del repertorio lúdico, como travesura, diversión o extensión de una sensibilidad social que no colocaba el sufrimiento animal en el centro de sus preocupaciones.

Existe otro relato, en donde la crueldad hacia los animales (no vista así en época) podría presentarse como remedio a males y enfermedades.

En “Ni noviciado, ni angina blanca”, relato de historia oral firmado por José Darío Saucedo García, aparece una escena ocurrida durante la década de 1930 en la Hacienda de la Purísima de Palmas Altas, al sur de Saltillo.

Gonzala Guevara Saucedo y José García Jiménez formaban un matrimonio reciente cuando ambos comenzaron a padecer lo que los vecinos identificaban como un mismo mal. Después de buscar una explicación, confiaron en don Faustino Reyes, un curandero conocido como “El Atinado”.

Su diagnóstico fue “angina blanca”. El remedio, en cambio, exigía el cuerpo de otro ser.

Según el relato, don Faustino indicó que necesitaban los testículos de un perro negro recién castrado. Debían partirlos por la mitad, calentarlos sobre un comal y colocarlos en el cuello de los enfermos a la mayor temperatura que pudieran soportar.

En el rancho solo había un perro negro: El Dólar, propiedad de don Víctor Saucedo, juez del lugar.

Los familiares pidieron que les permitiera utilizarlo. Don Víctor aceptó y el animal fue castrado para preparar el remedio.

Gonzala no mejoró. José pareció aliviarse durante algunas horas, pero después recayó y murió. La historia termina todavía peor: según la narración oral, Gonzala también falleció y El Dólar murió como consecuencia de la intervención.

No es posible leer este episodio como si se tratara de un expediente clínico ni comprobar cada uno de sus elementos. El propio texto lo presenta como parte de la historia oral, con sus exageraciones, silencios, supersticiones y recursos narrativos.

Pero precisamente por eso resulta valioso: permite asomarse a una imaginación cultural en la que el cuerpo del animal podía convertirse en materia terapéutica.

En la lógica de aquel remedio, El Dólar no era un paciente ni un individuo cuyo dolor debiera considerarse. Era un cuerpo disponible. Otra vez, algo desechable.

Sus órganos podían extraerse, calentarse y colocarse sobre los enfermos porque la posibilidad de salvar una vida humana parecía justificar el sufrimiento de otra especie.

El resultado es una pequeña tragedia en la que nadie se salva. El supuesto tratamiento no cura a las personas y culmina también en la muerte del perro.

No pretendo hacer de burlar de la medicina popular ni de condenar desde la comodidad del presente a quienes, frente a la enfermedad, se aferraban a los remedios disponibles dentro de su horizonte cultural.

La desesperación también produce creencias. Pero comprender la desesperación no obliga a ignorar a quien pagó materialmente por ella.

Este relato permite observar una tercera forma de normalización. La crueldad no solo podía convertirse en política pública o integrarse al juego infantil. También podía presentarse como cuidado, sanación y esperanza.

Una violencia ejercida no necesariamente por odio, sino desde una jerarquía moral que colocaba la vida humana por encima de cualquier sufrimiento animal.

Quizá ahí se encuentra una de las formas más difíciles de reconocer: la crueldad que no se percibe a sí misma como crueldad porque cree estar haciendo el bien. Y según los tiempos, según las costumbres, podría concebirse como normal.

Podríamos pensar que, casi un siglo después, estas historias pertenecen a un mundo remoto.

Conviene tener en cuenta el argumento de no juzgar el pasado con los ojos del presente. Es una postura que defenderemos con vehemencia en este espacio.

No podemos exigirle a la sociedad de 1929 —ni a la de finales del siglo XVIII o principios del XX— que pensara con nuestras categorías jurídicas, científicas y morales.

Pero tampoco debemos convertir el contexto histórico en una coartada capaz de absolver cualquier violencia.

Comprender por qué una comunidad pudo considerar razonable envenenar perros, dispararles como parte de un juego o utilizar sus cuerpos como remedio no significa justificar esas prácticas.

Significa reconstruir el conjunto de ideas, intereses y jerarquías que permitieron presentar el sufrimiento como una solución administrativa, una travesura o una forma de sanación.

La crueldad no siempre se reconoce a sí misma como crueldad: puede llamarse higiene, orden, progreso, diversión, tradición, seguridad o cuidado.

Juzgar el pasado únicamente desde nuestra supuesta superioridad moral sería una forma de arrogancia.

Contemplarlo sin formular ninguna pregunta ética sería una forma de indiferencia.

Entre ambas posiciones existe una responsabilidad más difícil: reconocer que aquellas personas vivían dentro de otro horizonte histórico y, al mismo tiempo, aceptar que el sufrimiento producido por sus decisiones fue real.

Aquí aparece una pregunta que tampoco puede resolverse con facilidad.

Una de las formulaciones del imperativo categórico de Immanuel Kant propone que debemos actuar únicamente conforme a máximas que pudiéramos querer convertidas en leyes universales. Dicho de una manera menos solemne: antes de considerar legítima una conducta, tendríamos que preguntarnos si aceptaríamos vivir en un mundo donde cualquiera pudiera actuar siempre de ese modo.

¿Podríamos querer como ley universal que toda vida considerada excesiva, improductiva, incómoda o subordinada pudiera ser eliminada cuando interfiere con los intereses de quien tiene poder sobre ella?

La pregunta alcanza la campaña de 1929, pero no termina ahí. También interpela el juego de los niños, la utilización del cuerpo de El Dólar como remedio y las formas contemporáneas de abandono, negligencia y maltrato. En cada caso opera una máxima parecida: quien posee mayor fuerza, autoridad o inteligencia puede disponer del cuerpo vulnerable cuando encuentra una justificación suficiente.

Pero Kant deja abierto otro problema.

En su formulación clásica, el deber de tratar a alguien como un fin y nunca exclusivamente como un medio se refiere a la humanidad y a los seres racionales. Los animales permanecen fuera de esa comunidad moral: no serían fines en sí mismos, y la obligación de no dañarlos tendría un carácter indirecto, relacionada principalmente con aquello que la crueldad podría producir en nosotros.

Quizá sea precisamente ahí donde debamos cuestionar al propio Kant.

Si un perro puede sentir dolor, experimentar miedo, establecer vínculos, depender de otros y confiar su cuerpo a quienes lo cuidan, ¿por qué su falta de racionalidad humana permitiría reducirlo a instrumento, alimento envenenado, objeto de diversión o materia terapéutica?

¿Debe el derecho a no ser tratado como una simple cosa depender exclusivamente de pertenecer a nuestra especie?

O, planteado de otra manera: ¿basta con que una vida pueda sufrir para que exista frente a ella una obligación moral directa?

La historia de estos perros no responde definitivamente a esa pregunta. Pero sí exhibe de alguna manera el límite de una ética que condena la instrumentalización de los seres humanos mientras permite que otros seres sintientes sean administrados como recursos, molestias o cuerpos disponibles.

Hoy un gobierno difícilmente podría anunciar con la misma normalidad una campaña para envenenar perros en las calles.

La crueldad animal ha dejado de presentarse abiertamente como una medida de saneamiento y puede ser investigada y sancionada como delito.

Eso es un cambio.

Negarlo sería también falsear el pasado y el presente.

Pero no es suficiente.

Durante los últimos meses de 2026, Saltillo conoció distintos casos que volvieron a colocar la violencia contra los animales en el centro de la conversación pública: perros presuntamente atropellados de manera intencional en Lomas de Lourdes; la desaparición de Bruno y de un cachorro después de ser entregados en adopción a un hombre señalado por maltrato; y la agonía de Rocky, un perro de 14 años que murió después de ser arrastrado y atropellado por una camioneta.

Los casos provocaron indignación social, movilización civil y distintas actuaciones de las autoridades, entre investigaciones y detenciones.

La diferencia con 1929 es evidente.

Lo que entonces podía presentarse como una decisión legítima del gobierno hoy provocaría denuncias, presión ciudadana y exigencias de justicia.

La indignación, sin embargo, no equivale automáticamente a la justicia. Tampoco convierte una sospecha, por verosímil que parezca, en un hecho demostrado.

En los casos contemporáneos debemos distinguir entre imágenes, indicios, testimonios, rumores y responsabilidades jurídicamente acreditadas.

Lo imaginable no es todavía lo demostrable.

Eso no vuelve irrelevante al rumor.

La facilidad con la que una comunidad acepta la posibilidad de encubrimientos, influencias políticas o privilegios económicos también revela algo: la legitimidad que las instituciones han perdido.

Cuando una sociedad considera plausible que un apellido, una relación partidista o una posición económica puedan torcer una investigación, el problema excede a quienes aparecen en el expediente. Habla de una experiencia acumulada de desigualdad ante la ley.

Pero la desconfianza social, aun cuando tenga antecedentes razonables, no sustituye la obligación de probar cada acusación.

Defender a los animales tampoco debería implicar renunciar al rigor, a la presunción de inocencia ni a las garantías que exigimos para cualquier persona.

La crueldad parece haber cambiado de lugar. De piel. De discurso.

Pero sigue aquí.

Ahora debe ocultarse, negarse o justificarse.

Continúa ocurriendo en patios, calles, vehículos, azoteas y hogares; en el abandono, la negligencia, el encadenamiento permanente, los golpes y la reproducción irresponsable.

La sociedad también cambió. Hoy existen colectivos, rescatistas y ciudadanos que documentan, denuncian y exigen sanciones.

También existen leyes, reglamentos, penas y dependencias públicas que reconocen obligaciones de cuidado y facultades de intervención.

La pregunta ya no es solamente si contamos con herramientas, sino si funcionan cuando la violencia es concreta, visible y políticamente incómoda.

Una ley que no se aplica es poco más que una declaración decorativa. Un reglamento sin inspecciones se convierte en literatura administrativa. Una autoridad que únicamente actúa cuando miles de personas observan no está demostrando eficiencia: está confirmando que la presión pública sigue siendo uno de los pocos mecanismos capaces de arrancarle movimiento.

Nuestra indignación sigue siendo, con frecuencia, reactiva.

Aparece cuando circula un video, cuando un nombre se vuelve tendencia o cuando el cuerpo de un animal ya es imposible de ignorar.

Las imágenes poseen una capacidad particular para condensar el sufrimiento.

Sin una grabación, la violencia puede permanecer confinada al espacio privado. Con ella, se convierte además en acontecimiento público: evidencia, símbolo, conversación y demanda de respuesta institucional.

Pero las imágenes tampoco son ventanas transparentes hacia la realidad.

Recortan, repiten y organizan la atención. Muestran una parte y dejan otra fuera. Conmueven, pero también pueden alimentar interpretaciones apresuradas, versiones incompletas y certezas construidas antes de que concluya una investigación.

El problema comienza cuando solo somos capaces de reconocer el dolor después de que una cámara lo vuelve imposible de ignorar.

Antes de cerrar esta historia, sin embargo, conviene observar otras imágenes del pasado.

Porque el archivo no solo conserva órdenes de exterminio, perros atacados como parte de un juego o animales convertidos en remedio.

También resguarda escenas más silenciosas en las que aparecen caminando, descansando o permaneciendo junto a las personas.

En Saltillo, imagen y memoria. Tarjetas postales de la Época de Oro, 1900-1914, Carlos Recio Dávila reúne varias postales históricas en las que los perros forman parte de la vida cotidiana de la ciudad.

En una imagen de San Lorenzo, tomada aproximadamente en 1908 y comercializada por Augusto Gossmann, una mujer y varias niñas tlaxcaltecas posan frente a una vivienda construida con adobe, carrizo y techo de paja.

Junto a ellas aparece un perro.

No ocupa el centro de la fotografía. Simplemente está ahí: junto a la familia, integrado a la escena ordinaria.

En otra postal, captada en la Alameda, dos mujeres y un niño permanecen alrededor de una fuente. El menor está sentado junto a un perro pequeño y un borreguito. El animal tampoco protagoniza la imagen, pero acompaña al niño y comparte con él un espacio de descanso.

Una tercera tarjeta muestra una carreta cargada con rastrojo. Debajo de ella camina un perro, protegido por la sombra mientras un campesino dirige la yunta. El propio Recio Dávila advierte que no existen elementos suficientes para asegurar que la imagen fue tomada en Saltillo, aunque la postal fue comercializada como tal.

Aun con esa reserva, la escena representa otra relación posible: el perro como compañero del tránsito, del trabajo y del camino.

Estas fotografías no prueban que todos los habitantes de Saltillo sintieran afecto por los perros. Tampoco permiten concluir que quienes convivían con ellos se opusieran al envenenamiento de 1929.

Y tampoco debe confundirse la convivencia con una ética del cuidado.

Una sociedad puede permitir que los perros entren a la vivienda, acompañen a los niños o caminen junto a quienes trabajan y, al mismo tiempo, considerar prescindibles a los animales que no reconoce como propios.

El afecto doméstico no elimina necesariamente la indiferencia pública. Pero las postales sí desarman una explicación demasiado cómoda.

La sociedad de aquella época no veía a todos los perros exclusivamente como plagas, amenazas sanitarias o cuerpos disponibles. Algunos tenían dueño, compartían la vivienda, acompañaban a los niños o caminaban junto a las personas durante sus jornadas.

Eran parte de la intimidad y del paisaje humano. Un proceso de domesticación para nada nuevo que lleva entre 20 y 40 mil años de antigüedad.

Quizá algunos de los animales que se acercaron a los bocados envenenados también pertenecían a esa otra historia. A la más amigable. La más alejada de la crueldad.

Tal vez habían dormido junto a una puerta, acompañado a alguien hasta la Alameda o caminado bajo una carreta para protegerse del sol.

No tenemos pruebas para reconstruir esas vidas particulares. Así que por ahora, dejemos esta historia aquí.

Nos leemos después.