Concluye CIDH visita a Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó el viernes a Guatemala liberar a las personas que están en prisión preventiva criminalizadas por el ejercicio o defensa de los derechos humanos, y realizar un examen independiente del funcionamiento del Ministerio Público y su impacto en los derechos humanos.

Las recomendaciones se hicieron tras una visita de cinco días al país en la que la CIDH, un ente de la Organización de Estados Americanos (OEA), evaluó la situación del sistema de justicia y la institucionalidad democrática en Guatemala.

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En conferencia de prensa, la presidenta de la CIDH, Roberta Clarke, dijo que la comisión recibió información de diversos sectores sobre derechos humanos, en los que se expusieron temas como altos niveles de violencia contra mujeres y niñas, acceso limitado a servicios de salud integrales y brechas en políticas públicas para poner fin a la discriminación contra las personas LGBTQ+.

“Los pueblos indígenas experimentan altos niveles de pobreza, precariedad, incertidumbre, despojo de tierras y discriminación. El pueblo garífuna está en riesgo de extinción cultural debido a la confluencia de factores como la falta de educación y atención sanitaria adecuadas”, dijo Clarke.

Andrea Pochak, relatora para el país centroamericano, explicó que “en Guatemala, el sistema penal se ha utilizado contra personas defensoras de derechos humanos, así como contra aquellas personas que participaron o participan en protestas y movilizaciones sociales pacíficas en la defensa de la democracia y el Estado de derecho, o han hecho parte de la lucha contra la corrupción y la impunidad”.

Pochak dijo que hay un “uso abusivo del sistema penal” contra personas operadoras de justicia, defensores de DDHH, legisladores, periodistas, estudiantes, profesores, inclusive hasta contra el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera.

La relatora dijo que la comisión se reunió con funcionarios del Ministerio Público que negaron las acusaciones en su contra de criminalización de operadores de justicia, periodistas y opositores políticos

“Sin embargo, alarma a la CIDH la enorme cantidad de personas que han sido o se encuentran investigadas por parte del Ministerio Público, en una práctica que se intensificó a partir de la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en el 2019”, dijo Pochak.

La relatora explicó que, según la información que la comisión recibió en su visita, identificaron cinco patrones que hay en la instrumentalización de la justicia en el país, tales como presentación y tramitación de denuncias anónimas, y el denunciar un alto número de veces a una misma persona por los mismos hechos.

También detectaron el uso de tipos penales ambiguos o claramente inadmisibles, como investigar a una persona que no es funcionario público por delitos propios de funcionarios, investigar a abogados por el delito de obstrucción a la justicia sólo por ejercer una defensa o investigar por usurpación a comunidades indígenas que habitan territorios ancestrales.

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La comisión hizo 10 recomendaciones preliminares, entre ellas adoptar e implementar políticas para abordar la pobreza generalizada y erradicar factores estructurales de discriminación que afectan a los más vulnerables, así como implementar mecanismos para prevenir, investigar y sancionar corrupción.

Además, recomendó instar a la fiscalía a limitar el uso de la prisión preventiva conforme a estándares internacionales. La comisión se comprometió a brindar apoyo técnico para el examen del funcionamiento de la fiscalía. También dijo que realizará un informe que será publicado próximamente.