‘En el caso de Álvarez-Morphy, Gertz Manero quiere resolver un asunto personal vulnerando la ley’: Riva Palacio
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El caso ha sido intermitente en la opinión pública a lo largo de los años
El próximo jueves, se definirá un litigio de más de dos décadas por una fortuna calculada en cuando menos 10 mil millones de pesos, además, de que decenas de miles de mexicanos podrían ser afectados si sientan jurisprudencia para que se pueda violar secreto bancaria.
Lo anterior, de acuerdo con la columna de Raymundo Riva Palacio, publicada por Vanguardia, el fiscal Alejandro Gertz Manero y su segundo Juan Ramos quieren resolver un asunto personal vulnerando la ley.
Añade que Álvarez-Morphy comenzó a ser investigado por la Fiscalía a partir de una denuncia anónima en julio de 2019, donde se detallaba de manera extraordinaria, sus datos financieros y personales.
La investigación incluyó a su esposa, a sus tres hermanos, a su padre y a su madre, co-heredera de la fortuna de su padre, Gabriel Alarcón Chargoy, fundador del periódico El Heraldo de México y de la cadena de cines más importante de América Latina en los 60 y 70, y constructor de un imperio de bienes raíces.
El caso ha sido intermitente en la opinión pública a lo largo de los años. El litigio por la gerencia de Alarcón Chargoy, que murió en 1986, comenzó poco antes de la venta de El Heraldo de México al empresario y socio de Carlos Slim, Antonio Pérez Simón, en 2002, cuando al sufrir un derrame su esposa, Gabriel Alarcón Velázquez despojó a sus hermanas María Eugenia y Herminia de la herencia. Una década después de iniciar el litigio, se logró la detención de Gabriel, acusado de mentir para obtener un amparo, pero las relaciones de él y poderosos amigos, lograron que el procurador general, Jesús Murillo Karam, lo dejara en libertad. El conflicto siguió, pero lo que parecía que tendría una conclusión favorable a sus hermanas, cambió cuando llegó Gertz Manero.
La acusación contra Ernesto fue por defraudación fiscal por seis millones de pesos, y si iba a la cárcel, su tío Gabriel se quedaría con el 100 por ciento de las acciones, consumando el despojo de la herencia a su familia, con la ayuda del fiscal. La investigación contra Ernesto y todo el proceso lo llevó Juan Ramos, el fiscal especializado en Control Competencial.
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La querella fue presentada en febrero de 2020 por el entonces procurador fiscal, Carlos Romero, quien no tenía el carácter de autoridad fiscal, y la presentó poco tiempo después de que Ernesto había pagado lo derivado de inconsistencias en sus declaraciones fiscales, omisiones y recargos. Al haberlo hecho sin existir un requerimiento del SAT, no había delito qué perseguir ni defraudación fiscal, al haber sido saldada.
Añade que la Fiscalía metió a toda la familia en la averiguación, presumiblemente para ocultar que el objetivo era Ernesto, informando a AMLO de un presunto delito, pero de Juan Ramos, quien al mismo tiempo de ser funcionario público, es apoderado de Exhibidores del Distrito Federal, una empresa que forma parte de Alarcón Holding, propiedad de la familia Alarcón.
Gerardo, hijo de María Eugenia, intentó revocar el poder de Juan Ramos, sin éxito.
Riva concluye mencionando que enfrentarse al fiscal hoy en día es una tares peligrosa cuando se atraviesa un ingrediente personal o familiar se cruza.
